El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, anunci\u00f3 la determinaci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos mediante petici\u00f3n de certiorari, en un esfuerzo por que se reconozca la constitucionalidad de la Ley 71 de 2014, Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperaci\u00f3n de las Corporaciones P\u00fablicas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n es producto de un an\u00e1lisis ponderado en el que se concluye que Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluy\u00f3 a la Isla de la aplicaci\u00f3n del Cap\u00edtulo 9 de la Ley de Quiebras federal.<\/p>\n
El gobierno cuenta con un t\u00e9rmino de 90 d\u00edas para radicar la petici\u00f3n de certiorari ante el m\u00e1s alto foro judicial de Estados Unidos.<\/p>\n
El pasado lunes 6 de julio, Miranda se expres\u00f3 decepcionado con la decisi\u00f3n emitida por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, que tiene el efecto de dejar a los puertorrique\u00f1os desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones p\u00fablicas. La determinaci\u00f3n del panel fue respecto al pleito incoado por dos firmas de acreedores de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica que demandaron a dicha entidad.<\/p>\n
‘Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisi\u00f3n del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como v\u00e1lido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicaci\u00f3n del cap\u00edtulo 9 del C\u00f3digo de Quiebras federal. Esta acci\u00f3n \u2013sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional\u2013 contin\u00faa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico. Es arbitrario porque no existe una raz\u00f3n concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociaci\u00f3n ordenada de la deuda p\u00fablica. Por tratarse de un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadan\u00eda, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislaci\u00f3n en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones p\u00fablicas’, explic\u00f3 el titular del Departamento de Justicia.<\/p>\n
Miranda opin\u00f3 adem\u00e1s que la presente acci\u00f3n se torna sumamente apremiante ante la declaraci\u00f3n conjunta formulada por el Comit\u00e9 Judicial y por el subcomit\u00e9 para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extender\u00eda a Puerto Rico la aplicaci\u00f3n del Cap\u00edtulo 9 del C\u00f3digo Federal de Quiebras.<\/p>\n
El prop\u00f3sito de la Ley 71 de 2014 es reestructurar equitativamente las deudas de las corporaciones, al tiempo que garantiza a la ciudadan\u00eda la prestaci\u00f3n de los servicios esenciales.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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