The 20\/22 Act Society, organizaci\u00f3n compuesta por inversionistas relocalizados en Puerto Rico acogidos bajo a los decretos de las leyes 20 y 22 del 2012, inici\u00f3 una acci\u00f3n legal por incumplimiento de acuerdos y contratos establecidos al promulgarse las leyes con dichos inversionistas.<\/p>\n
\u201cLuego de sostener varias conversaciones para tratar de resolver estos asuntos, no nos ha quedado otra salida que proceder con un recurso legal para atender la situaci\u00f3n de incumplimiento de los acuerdos contra\u00eddos con nosotros cuando firmamos los decretos de las Leyes 22 y 60. Constantemente se han hecho cambios a los mismos; trastocando as\u00ed, las reglas con las que inicialmente los inversionistas decidimos hacer la inversi\u00f3n en Puerto Rico\u201d, se\u00f1al\u00f3 en declaraciones escritas, Robb Rill, fundador de la organizaci\u00f3n y quien tambi\u00e9n fuera parte del primero de este grupo de inversionistas en relocalizarse en la isla.<\/p>\n
Por su parte, el licenciado Pedro Ortiz \u00c1lvarez, representante legal del Act 20\/22 Society, se\u00f1al\u00f3 que dadas las constantes modificaciones a las Leyes 20 y 22, las cuales se cambiaron, casi en su totalidad, y hoy est\u00e1n recogidas en la nueva Ley 60 del 1 de julio de 2019, \u201clos inversionistas se ven obligados a detener la implementaci\u00f3n retroactiva ya que se les est\u00e1 violentando su contrato inicial. Esto puede resultar en un mal precedente para la inversi\u00f3n en la isla\u201d.<\/p>\n
Aleg\u00f3 que a su vez, esto podr\u00eda trastocar el clima de inversi\u00f3n en Puerto Rico, cuando los nuevos empresarios e inversionistas perciban que hacer negocios en Puerto Rico no es seguro. Ello debido a los constantes cambios a las leyes realizadas por el gobierno, y que esto provoque que se retracten de invertir en la Isla. Bajo ambas leyes (Ley 22 y Ley 60) se han otorgado hasta el d\u00eda de hoy aproximadamente 2,600 decretos.<\/p>\n
\u201cAunque en la ley 60 del 2019 se hab\u00eda se\u00f1alado que los ya acogidos a las Leyes 20 y 22 podr\u00edan gestionar una cl\u00e1usula de anterioridad (\u2018grandfather clause\u2019) que les excluyera de ciertos efectos o restricciones anteriores a la fecha de la nueva ley. Esta cl\u00e1usula pod\u00eda gestionarse hasta el 31 de diciembre del 2019. As\u00ed lo hicieron.\u201d, acot\u00f3 Ortiz \u00c1lvarez.<\/p>\n
Detall\u00f3 que hay varios cambios incluidos retroactivamente. El ejemplo m\u00e1s contundente es el de la cuota administrativa que originalmente era de 300 d\u00f3lares y pagadera al momento de someter el informe anual del decreto y ahora cambi\u00f3 a 5,000 d\u00f3lares. El desglose que se hace es que son 300 d\u00f3lares como cuota administrativa y 4,700 d\u00f3lares que se destinan al Fondo General de Puerto Rico, lo que catalog\u00f3 como \u201cun impuesto no contemplado anteriormente\u201d.<\/p>\n
\u201cUn decreto es un contrato y su menoscabo plantea una seria interrogante constitucional. La Sociedad y sus miembros no tienen ning\u00fan problema con los posibles cambios en la ley si estos son aplicados prospectivamente. De esta manera, los nuevos inversionistas sabr\u00e1n de antemano la cantidad que tendr\u00e1n que pagar. Si bien un aumento de tal magnitud podr\u00eda considerarse deficiente en t\u00e9rminos de pol\u00edtica p\u00fablica, el tratamiento prospectivo no se est\u00e1 cuestionando en la demanda\u201d, continu\u00f3 Ortiz \u00c1lvarez.<\/p>\n
De acuerdo con un estudio preparado por la firma Estudios T\u00e9cnicos y publicado por el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC), indica que entre los a\u00f1os 2015 al 2019, los programas de incentivos bajo las leyes 20 y 22 demostraron haber sido de gran beneficio para la econom\u00eda de Puerto Rico resultando en:<\/p>\n
– Creaci\u00f3n de m\u00e1s de 36,200 empleos directos, indirectos e inducidos<\/p>\n
– $169 millones para el fisco central y los municipios<\/p>\n
– $141 millones en consumo de bienes y servicios en Puerto Rico<\/p>\n
– 68% de los participantes del decreto de Ley 22 han comprado una propiedad en Puerto Rico<\/p>\n
– Se estiman unos $678 millones de inversi\u00f3n de capital<\/p>\n
– Un 35% de los decretos de Ley 20 fueron firmas locales<\/p>\n
– El salario b\u00e1sico que pagan las empresas de Ley 20 es de $36,000 anuales. Es importante comparar esta cifra con el ingreso mediano estimado de los residentes de Puerto Rico que ronda en los $19,775 anual.<\/p>\n
– La inversi\u00f3n de los participantes del decreto de Ley 20 ronda en los $1.2 billones<\/p>\n
– La inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces que han hecho los participantes de Ley 22 es de $1.3 billones.<\/p>\n
– El ingreso fiscal derivado por la contribuci\u00f3n a la propiedad es de $8.8 millones.<\/p>\n
Contrario a lo indicado por el Movimiento Una Sola Voz el pasado 1ro de junio, la organizaci\u00f3n The 20\/22 Act Society no se opone a la donaci\u00f3n que se hace anualmente para organizaciones filantr\u00f3picas en Puerto Rico. De hecho, hubo un aumento de $5,000 para estos efectos para los cuales el fundador de la entidad ha salido p\u00fablicamente de acuerdo al mismo.<\/p>\n
A lo que s\u00ed la Sociedad se opone es al aumento desmedido de $300 a $5,000 en los costos de radicaci\u00f3n de un informe anual. De esta cifra de $5,000 se destinan $300 a la radicaci\u00f3n del informe y $4,700 al Fondo General de Puerto Rico, lo que se considera como un impuesto adicional.<\/p>\n
\u201cNuestra organizaci\u00f3n est\u00e1 de acuerdo en proveer medios para ayudar a las entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Nuestros socios aportan para beneficiar a estas entidades y lo hacen con mucho gusto\u201d, coment\u00f3 Robb Rill, Presidente de The 20\/22 Act Society.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Se oponen a que los cambios agrupados en la nueva Ley 60 sean retroactivos The 20\/22 Act Society, organizaci\u00f3n compuesta por inversionistas relocalizados en Puerto Rico acogidos bajo a los decretos de las leyes 20 y 22 del 2012, inici\u00f3 una acci\u00f3n legal por incumplimiento de acuerdos y contratos establecidos al promulgarse las leyes con […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":529910,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[22,13,2],"tags":[],"class_list":["post-137034","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=137034"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137034\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":529911,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137034\/revisions\/529911"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/529910"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=137034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=137034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=137034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}