Una gran mayor\u00eda ha insistido en la auditor\u00eda.<\/i><\/p>\n
Un mural de fondo negro y letras blancas adorna en estos d\u00edas la Avenida Baldorioty de Castro en San Juan, a la altura de la calle De Diego. ‘\u00a1Auditor\u00eda ya, mamabichxs! A ciegas no’, dice.<\/p>\n
Su reclamo gira en torno a la deuda p\u00fablica: Puerto Rico todav\u00eda espera por una auditor\u00eda de los miles de millones de d\u00f3lares que el Gobierno emiti\u00f3 en deuda y sobre los cuales a\u00fan debe m\u00e1s de $70,000 millones, que se suman a otros $50,000 millones que adeuda a sus pensionados.<\/p>\n
La falta de este ejercicio cobra mayor urgencia en momentos en que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los principales acreedores del pa\u00eds negocian a puerta cerrada la reestructuraci\u00f3n de deuda m\u00e1s grande del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Esta semana, se anunci\u00f3 un acuerdo preliminar que dar\u00eda fin a una de las disputas m\u00e1s cr\u00edticas en el proceso de quiebra de Puerto Rico: c\u00f3mo se repartir\u00e1n los recaudos futuros del IVU por los pr\u00f3ximos 40 a\u00f1os. Casi la mitad del impuesto de 11.5% permanece comprometida con el pago de la deuda de COFINA. Desde el comienzo de la quiebra y de las alegaciones de ilegalidad de esta deuda, tanto el Gobierno como los bonistas han estado encontrados sobre a quien le pertenece el dinero del IVU.<\/p>\n
\u00bfSe firmar\u00e1n acuerdos con los acreedores sin una auditor\u00eda integral e independiente sobre la deuda de Puerto Rico?<\/p>\n
Adem\u00e1s de pa\u00edses como Ecuador, Brasil y Francia, jurisdicciones en Estados Unidos como Detroit y Jefferson County, Alabama, apuntaron a la ilegalidad de parte de su deuda durante sus procesos de reestructuraci\u00f3n, lo que dej\u00f3 a estos gobiernos en mejor posici\u00f3n para negociar con sus acreedores y as\u00ed poder dirigir m\u00e1s recursos a servicios esenciales.<\/p>\n
Son varios los actores que buscan investigar la deuda p\u00fablica y la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. No todos tienen el mismo alcance, prop\u00f3sitos, motivaci\u00f3n o recursos para llevarla a cabo.<\/p>\n
La Junta de Control Fiscal<\/strong><\/p>\n Los abogados del Gobierno ya admitieron que parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal. A finales del a\u00f1o pasado, establecieron que la emisi\u00f3n del 2008 de bonos del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SRE) ‘nunca fue autorizada para emitir deuda’, la cual suma m\u00e1s de $3,000 millones. La derogada Comisi\u00f3n para la Auditor\u00eda Integral del Credito P\u00fablico divulg\u00f3 dos informes preliminares en el 2017 que se\u00f1alan la posible ilegalidad de varias emisiones de deuda por violar disposiciones de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico tales como cumplir con el l\u00edmite de la deuda y responder a presupuestos balanceados.<\/p>\n Sin embargo, la Junta insiste en ser la \u00fanica entidad con autoridad para reclamar la ilegalidad de la deuda en los tribunales como tutor legal del Gobierno en su proceso de quiebra bajo el T\u00edtulo III de PROMESA.<\/p>\n La Junta dice que lleva a cabo su propia pesquisa sobre la deuda p\u00fablica desde septiembre del 2017. El cacique fiscal de la Isla asegura que su investigaci\u00f3n es abarcadora y que litigar\u00e1 cualquier causa de acci\u00f3n que surja, incluyendo si parte de la deuda es ilegal.<\/p>\n Pero seg\u00fan un grupo de acreedores del Gobierno, el proceso que conduce el investigador que contrat\u00f3 la Junta, John Couriel, deja fuera ‘documentos internos’ importantes, tales como correos electr\u00f3nicos de las instituciones financieras que jugaron un rol en las emisiones de deuda.<\/p>\n Aunque se dijo que estar\u00eda listo el pasado mes de abril, la Junta todav\u00eda espera por el informe final de Couriel, un exfiscal federal y exaspirante a la C\u00e1mara federal bajo el Partido Republicano que hoy d\u00eda trabaja en Kobre & Kim. El ente rector recien reconoci\u00f3 que ahora espera que Couriel revele sus hallazgos en o antes de mediados de agosto, seg\u00fan manifestaron abogados de la Junta durante una vista del caso de quiebra el miercoles, 6 de junio.<\/p>\n El Comite de Acreedores No Asegurados<\/strong><\/p>\n Un segundo acercamiento a la auditor\u00eda se da en el Tribunal Federal, donde un grupo compuesto por dos uniones, suplidores del Gobierno y la compa\u00f1\u00eda sucesora de lo que en su d\u00eda fue Doral Bank, busca indagar sobre la deuda p\u00fablica como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico.<\/p>\n La petici\u00f3n del Comite de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en ingles) se fija espec\u00edficamente en tres instituciones financieras: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Banco Popular y Banco Santander. En noviembre del a\u00f1o pasado, el Tribunal Federal rechaz\u00f3 una petici\u00f3n del UCC para exigir documentos y evidencia a estos bancos, y dej\u00f3 la investigaci\u00f3n en manos de la Junta, en coordinaci\u00f3n con el UCC y con el comite que representa a los retirados en la quiebra. Ambos grupos tendr\u00edan acceso a la informaci\u00f3n recopilada, sujeto a acuerdos de confidencialidad.<\/p>\n ‘Solamente est\u00e1n compartiendo lo de Popular y Santander’, dijo durante la audiencia Luc Despins, abogado del UCC. All\u00ed tambien estuvo el abogado de Popular, John Dorsey, quien asegur\u00f3 que la entidad financiera ‘est\u00e1 cooperando’. Le hizo eco Nicholas Crowell, abogado de Santander: ‘No hay nada que esconder’.<\/p>\n En el caso del BGF, ‘hemos recibido cero documentos’, sostuvo Despins, quien lament\u00f3 que la entidad gubernamental solo comparta informaci\u00f3n con el investigador de la Junta bajo estricta confidencialidad. La entidad que fungi\u00f3 como agente fiscal de Puerto Rico por m\u00e1s de siete decadas firm\u00f3 un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda bajo el T\u00edtulo VI de PROMESA. Estos bonistas — en su mayor\u00eda cooperativas y fondos de cobertura tales como Avenue, Brigade, Fir Tree y Solus — recibir\u00e1n hasta 55% de cada d\u00f3lar en deuda del BGF que posean.<\/p>\n