El Supremo descart\u00f3 los precedentes que levant\u00f3 Torruella cuando declar\u00f3 ilegales los nombramientos de la Junta a la luz de la historia de c\u00f3mo el Gobierno Federal hist\u00f3ricamente hab\u00eda hecho nombramientos en los territorios. En vez, buscaron analog\u00eda en una controversia que el juez Brett Kavanaugh hab\u00eda mencionado en la vista oral del caso en octubre pasado y que tiene que ver con c\u00f3mo se trataron los nombramientos de jueces en el Distrito de Columbia. Estos jueces fueron tratados como oficiales territoriales cuando su \u00e1mbito decisional inclu\u00eda leyes del distrito (un territorio), pero fueron reconocidos como jueces federales, \u201coficiales de los Estados Unidos\u201d, cuando el Congreso separ\u00f3 en un tribunal aparte los que manejaban controversias locales y los que manejaban controversias exclusivamente federales.<\/p>\n
Al recurrir a la historia del control de Estados Unidos sobre Puerto Rico, el Supremo record\u00f3 que la Ley Foraker de 1900 dispuso, entre otras cosas, que Puerto Rico tendr\u00eda una C\u00e1mara de Representantes cuyos miembros ser\u00edan electos por el pueblo de Puerto Rico, en vez de nombrados por el Presidente. \u201cNo hay indicaci\u00f3n de que alguien pensara que los miembros de esa C\u00e1mara Baja, con responsabilidades locales importantes, eran \u2018Oficiales de los Estados Unidos\u2019\u201d, observ\u00f3 Breyer.<\/p>\n
\u201cLa naturaleza local de los prop\u00f3sitos expresos de la legislaci\u00f3n (PROMESA), la representaci\u00f3n de los intereses locales en los procedimientos de quiebra, el foco de los poderes de la Junta en los gastos locales, el apoyo log\u00edstico local, la dependencia de la ley local para apoyar los poderes procesales de la Junta, todas estas caracter\u00edsticas cuando se consideran en conjunto y sopesadas a la luz de la historia de Puerto Rico (y la de los territorios y el Distrito de Columbia), dejan claro que los miembros de la Junta tiene responsabilidades primordialmente locales, de manera que su selecci\u00f3n no est\u00e1 sujeta a los confines de la Cl\u00e1usula de Nombramientos (de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos)\u201d, establece Breyer.<\/p>\n
Para esto, tom\u00f3 en cuenta que el presupuesto de la Junta sale de fondos del Gobierno de Puerto Rico, que la Junta tiene poderes de citaci\u00f3n so pena de desacato que se ejecutan a trav\u00e9s de los tribunales de Puerto Rico, de que sus controversias se tienen que someter en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que su campo de acci\u00f3n se limitan a las finanzas de Puerto Rico y no del Gobierno Federal, que tiene poderes investigativos, que tiene la capacidad de representar al Gobierno de Puerto Rico en los procesos de quiebra y que incluso tiene poderes presupuestarios como si fueran los de un gobierno en cuanto a su capacidad para dictar validez de leyes y gastos de acuerdo al presupuesto y los planes fiscales.<\/p>
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<\/a><\/div>\nPara que est\u00e9 claro, Breyer insisti\u00f3 en que hay \u201cOficiales de los Estados Unidos\u201d que se desempe\u00f1an en Puerto Rico y que, por sus funciones, tienen que pasar por el proceso constitucional de la Cl\u00e1usula de Nombramientos, presumiblemente cargos como el Jefe de Fiscales y los jueces federales. Pero eso no quiere decir que el Congreso tiene que cumplir con el proceso constitucional cuando nombra oficiales cuyo \u00fanico \u00e1mbito de acci\u00f3n es el territorio y, por tanto, son \u201coficiales territoriales\u201d.<\/p>\n
Como la conclusi\u00f3n es que los miembros de la Junta son oficiales territoriales, \u201cno necesitamos considerar la solicitud de algunos de los litigantes de que revoquemos los altamente criticados Casos Insulares y su progenie\u201d, dijo Breyer al obviar la aplicaci\u00f3n de casos del Supremo criticados por su racismo al validar el trato desigual entre los ciudadanos de los estados y los ciudadanos de los territorios.<\/p>\n
\u201cEsos casos no alcanzan esta controversia, y cualquiera sea su continua validez no la vamos a extender aqu\u00ed\u2026 [N]o necesitamos decidir cuestiones relativas a la aplicaci\u00f3n de la Ley de Relaciones Federales y la Ley 600, y por tanto no lo hacemos. Ninguna de las partes ha argumentado que esas leyes pesen de alguna forma significativa sobre la controversia ante nosotros de la Cl\u00e1usula de Nombramientos\u201d, expuso para sustentar que el tribunal no entre a dirimir la relaci\u00f3n pol\u00edtica entre Estados Unidos y Puerto Rico en este caso.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la concurrente de Sotomayor, el juez asociado Clarence Thomas tambi\u00e9n emiti\u00f3 una opini\u00f3n concurrente, pero para criticar que el eje para decidir el caso fueran las funciones territoriales que tienen los miembros de la Junta. Para Thomas, el an\u00e1lisis debi\u00f3 ser sencillamente que como los miembros de la Junta sirven bajo una ley que el Congreso promulg\u00f3 por sus poderes en la Cl\u00e1usula Territorial, pues autom\u00e1ticamente son oficiales territoriales.<\/p>\n
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