El debate sobre dos proyectos de ley \u2013 uno de cada c\u00e1mara legislativa \u2013 para conferir retroactividad a una norma del Tribunal Supremo que exige unanimidad para una convicci\u00f3n por Jurado ha acaparado la discusi\u00f3n p\u00fablica por la pasada semana.<\/p>\n
Desafortunadamente, el debate ha tergiversado las circunstancias tras esta propuesta, con id\u00e9nticas dosis de desinformaci\u00f3n, deshonestidad, contradicci\u00f3n, error y una pizca de emoci\u00f3n.<\/p>\n
En principio, la respuesta emocional a estos proyectos resulta l\u00f3gica. Todo sistema adversativo contrapone intereses adversos. Ahora bien, es importante desmitificar una premisa falsa sobre la que pende la oposici\u00f3n a estos proyectos: los derechos constitucionales y los derechos de las v\u00edctimas no est\u00e1n en conflicto.<\/p>\n
Todos los que participamos de ese sistema somos conscientes y sensibles sobre lo dif\u00edcil y complejo que resulta para una persona revivir una experiencia traum\u00e1tica. As\u00ed que, a nombre de todos nosotros, les aseguro a todas ellas \u2013 a toda v\u00edctima \u2013 que nadie minimiza o deval\u00faa sus experiencias. Ninguno de nosotros pretende ni desea que sufran nuevamente los efectos de los demonios que les han quitado la paz o la felicidad. Les aseguro tambi\u00e9n que aspiramos a lograr una coincidencia manejable entre los derechos constitucionales en juego, y las protecciones y salvaguardas que merecen.<\/p>\n
No podemos, ni debemos, olvidar las ponencias de v\u00edctimas de estos proyectos en la C\u00e1mara de Representantes Lo dif\u00edcil \u2013 por no decir imposible \u2013 asegurar servicios a los que tienen derecho. C\u00f3mo son vilipendiados e ignorados por los mismos funcionarios llamados a protegerlos; y descartados cuando cumplen su prop\u00f3sito para el Estado: probar su caso.<\/p>\n
Tampoco debemos olvidar como la Secretaria de Justicia expuso que sus restricciones presupuestarias limitan los servicios que pueden brindar. El fondo de v\u00edctimas y testigos se nutre de una pena especial que se le impone a cada persona que es convicta, ya sea por alegaci\u00f3n de culpabilidad o por una adjudicaci\u00f3n de su responsabilidad por un juzgador. Ese dinero existe ajeno a cualquier situaci\u00f3n econ\u00f3mica que enfrenta Justicia. Cabe preguntarse entonces d\u00f3nde deparan esos fondos, y qu\u00e9 se hace con ellos. El problema de apoyo y servicios a las v\u00edctimas no es uno de escasez de fondos, sino de disposici\u00f3n y de capacidad administrativa.<\/p>\n
Por otro lado, tanto v\u00edctimas como personas acusadas se encuentran solas y desprovistas ante un Estado todopoderoso y avasallador. Es por eso que los que defendemos las protecciones constitucionales en cuesti\u00f3n apoyamos estos proyectos con tanta intensidad. Porque la Constituci\u00f3n y los derechos que concede es el \u00faltimo basti\u00f3n en contra del atropello del Estado. Defendemos estos derechos intensamente porque todos podremos ser alguna vez acusados, o v\u00edctimas. Podr\u00e1 ser un hijo, un hermano o un ser querido el que reclame uno de esos derechos. As\u00ed que no defendemos criminales, ni asesinos como se pretende hacer ver. Defendemos individuos. Defendemos con la convicci\u00f3n de que todos somos y debemos ser iguales; que merecemos las mismas protecciones. En fin, la Constituci\u00f3n no tiene como prop\u00f3sito proteger a un sector espec\u00edfico, sino protegernos a todos del poder del Gobierno. Y considerando nuestra historia reciente, creo que todos podemos coincidir que necesitamos ese escudo cada vez m\u00e1s.<\/p>\n
Ello as\u00ed, estos proyectos no pretenden revictimizar, sino rectificar un da\u00f1o constitucional que tuvo ra\u00edces discriminatorias. Que quede claro, la \u00fanica raz\u00f3n por la que los veredictos mayoritarios existen en Puerto Rico \u2013 y as\u00ed lo admitieron luego los forjadores de la Constituci\u00f3n \u2013 fue facilitar convicciones contra independentistas mientras se aprobaba la Carta Magna. Un requerimiento num\u00e9rico menor implic\u00f3 deliberaciones m\u00e1s sencillas y menos debatidas, mientras neutralizaba la presencia de negros e independentistas en los jurados. Es ese discrimen el que Ramos v. Louisiana pretendi\u00f3 erradicar, y el que estos proyectos pretenden corregir.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9? \u00bfQu\u00e9 sabemos ahora que no conoc\u00edamos en 1948? Que hay cientos, por no decir miles de convictos cumpliendo c\u00e1rcel por delitos que no cometieron. Que un abogado de Portland fue acusado de terrorismo en Espa\u00f1a, aunque nunca sali\u00f3 de su estado porque sus huellas, alegadamente, aparecieron en un detonador de bombas en Madrid. Ello fue falso. Que un tr\u00edo de hombres cumpli\u00f3 dos d\u00e9cadas de c\u00e1rcel por un crimen que no cometieron en Aguada.<\/p>\n
Sabemos que la ciencia ha exonerado cerca de 400 convictos estadounidenses \u2013 en su inmensa mayor\u00eda pobres o negros \u2013 que fueron encontrados culpables por declaraciones de testigos y v\u00edctimas que no dijeron la verdad en corte. Sabemos que el 71% de esas exoneraciones surge de identificaciones erradas, sesgadas por prejuicios contra negros y pobres. Sabemos que la mayor\u00eda de los acusados en Puerto Rico son pobres, y que ese sesgo socioecon\u00f3mico se vuelve una traba a que reciban un trato justo en el proceso.<\/p>\n
Aprendimos adem\u00e1s que el endurecimiento o agravamiento del componente punitivo del sistema \u2013 las penas de c\u00e1rcel – no incide sobre la reducci\u00f3n a la criminalidad. Que, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en Sur Am\u00e9rica, el enfoque de los procesos penales se redirige a asegurar la convicci\u00f3n, no a imponer penas severas Que ninguna sociedad moderna aspira a \u201cbotar la llave\u201d como claman distintos analistas de medios, pues las penas dejan de ser efectivas como disuasivo luego de ciertos a\u00f1os cumplidos en prisi\u00f3n. Que nuestra Constituci\u00f3n impone una obligaci\u00f3n al Estado de rehabilitar a sus convictos, y que esa obligaci\u00f3n es letra muerta, pues el Estado no la atiende.<\/p>\n
Entonces, \u00bfqu\u00e9 nos dice Ramos v. Louisiana? Que la mayor\u00eda de los fundamentos que utilizan los opositores a las medidas fueron atendidos en la decisi\u00f3n del caso. Que los veredictos un\u00e1nimes siempre fueron una exigencia constitucional. Que los veredictos mayoritarios son una mancha en el sistema judicial. Que es una norma que nunca debi\u00f3 existir. Que debemos erradicar todo vestigio de discrimen de los procesos adjudicativos en los que se priva de libertad a un ciudadano.<\/p>\n
En esa coyuntura, el Tribunal Supremo federal est\u00e1 atendiendo un caso de retroactividad de Ramos, Edwards v. Vannoy. La oposici\u00f3n a las medidas propone que esperemos a que sea el Supremo estadounidense que dicte la ruta de soluci\u00f3n de este asunto. Que debemos honrar el precedente judicial mientras se soluciona ese asunto en otros lares.<\/p>\n
Lo que la oposici\u00f3n a los proyectos no les dice es que hay otro caso del Supremo de los Estados Unidos \u2013 Danforth v. Minnesota \u2013 que resolvi\u00f3 que los estados retienen autoridad para otorgar mayor retroactividad que cualquier decisi\u00f3n del Tribunal. Si en realidad valoramos el precedente, debemos aceptar el que ya reconoce que la legislaci\u00f3n es constitucionalmente leg\u00edtima. As\u00ed que el tema aqu\u00ed no es si se puede legislar. La controversia es si se debe.<\/p>\n
Aparenta entonces que los opositores no tienen objeci\u00f3n a que el Supremo imponga la misma retroactividad que hoy condenan. Queda preguntarse por qu\u00e9 aceptar\u00edan la norma si proviene de una decisi\u00f3n de un tribunal constitucional, pero se oponen a una ley que concede el mismo remedio y con el mismo valor. Queda preguntarse adem\u00e1s por qu\u00e9 la Secretaria de Justicia se opone ahora a los proyectos, cuando particip\u00f3 de una reuni\u00f3n con el Presidente del Senado en la que dijo estar de acuerdo con la retroactividad, pero con limitaciones. \u00bfEs leg\u00edtima la retroactividad si el Supremo federal la concede, pero no si el Gobierno la legisla? \u00bfPor qu\u00e9? Esas son las preguntas que hay que contestar.<\/p>\n
Para obviarlas, los opositores al proyecto aluden a una serie de contradicciones, circularidades, y medias verdades. Por un lado, exponen que la norma aplicar\u00eda indiscriminadamente a todo caso que termin\u00f3 en una convicci\u00f3n, ignorando la autoridad legislativa que confiere Danforth para atender este asunto. Debe quedar claro que la retroactividad aplicar\u00e1 exclusivamente a los casos que as\u00ed determine la ley. Sugerir lo contrario es inducir a error. Sugerir que las medidas aplicar\u00e1n por Igual Protecci\u00f3n de las Leyes a todo convicto es un absurdo.<\/p>
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