La Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s) y ACLU Puerto Rico radicaron, a nombre de los periodistas investigativos Sandra Rodr\u00edguez Cotto y Rafelli Gonz\u00e1lez Cotto, una demanda por violaci\u00f3n a la Primera Enmienda mediante las dos leyes m\u00e1s recientes que penalizar\u00edan a los informantes de lo que el gobierno considere como \u00abnoticias falsas\u00bb.<\/p>\n
Una de estas leyes fue aprobada durante la cobertura medi\u00e1tica sobre el mal manejo de la emergencia de salud que ha tra\u00eddo el COVID-19.<\/p>\n
La otra, la Ley N\u00fam. 20 de 2017 del Departamento de Seguridad P\u00fablica de Puerto Rico, establece que se puede dar penas que van desde cumplir hasta tres a\u00f1os en prisi\u00f3n y multas de hasta $5,000 a cualquier persona que \u00abde una falsa alarma en relaci\u00f3n con la inminente ocurrencia de una cat\u00e1strofe en Puerto Rico o, si existiendo ya un estado de emergencia o desastre, disemine rumores o de falsas alarmas sobre anormalidades no existentes\u00bb.<\/p>\n
La demanda, que se radic\u00f3 ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, busca que ambas leyes se declaren inconstitucionales de su faz porque atentan contra el derecho a la libertad de prensa, indic\u00f3 William Ram\u00edrez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, en entrevista con NotiCel.<\/p>\n
Apunt\u00f3 tambi\u00e9n que esta demanda podr\u00eda servir de precedente para leyes similares aprobadas en otros estados, que buscan criminalizar lo que el Estado define como informaci\u00f3n falsa o incorrecta.<\/p>\n
En la demanda se afirma que las disposiciones son vagas, tienen un alcance amplio y violan los derechos constitucionales a la libertad de expresi\u00f3n y a la libertad de prensa.<\/p>\n
\u00abEl peligro evidente… es que las disposiciones impugnadas se utilicen para procesar selectivamente a quienes critican al gobierno y a sus funcionarios\u00bb, escribi\u00f3 la ACLU.<\/p>\n
Tanto Rodr\u00edguez Cotto como Gonz\u00e1lez Cotto temen que estas leyes se usar\u00e1n para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, puesto que su material ha implicado directamente a miembros del gobierno en turno.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los periodistas han expuesto que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresi\u00f3n, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicaci\u00f3n de las leyes.<\/p>\n
Tambi\u00e9n a\u00f1adieron que algunas fuentes se han negado a compartir informaci\u00f3n en las \u00faltimas semanas, declarando que les preocupaba que pudieran ser procesados bajo la vigencia de estas leyes.<\/p>\n
\u201cDurante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo su gobierno est\u00e1 operando\u201d, dijo la demandante Sandra Rodr\u00edguez Cotto en declaraciones escritas de la ACLU.<\/p>\n
\u201cLa prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico y al debate que debe poder llevarse a cabo\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra \u201cfake news\u201d, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sab\u00eda que su expresi\u00f3n era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminolog\u00eda imprecisa y alcance tan amplio. Las leyes les proveen a las personas muy pocas gu\u00edas sobre qu\u00e9 puede constituir un crimen y le dan demasiada discreci\u00f3n al gobierno en cuanto a decidir a qui\u00e9n enjuiciar. Como consecuencia, las leyes enfr\u00edan una porci\u00f3n importante de los reportajes sobre la crisis de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas corren el riesgo de ser enjuiciados si el gobierno reclama la precisi\u00f3n de sus reportajes.<\/p>\n
\u201cUna sociedad libre y democr\u00e1tica depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia\u201d dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresi\u00f3n, privacidad y tecnolog\u00eda de ACLU, en declaraciones escritas. \u201cEstas leyes contra \u2018fake news\u2019 violan el principio cardenal de la Primera Enmienda, el cual establece que no puede confi\u00e1rsele al gobierno la regulaci\u00f3n del di\u00e1logo sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico\u201d.<\/p>\n
Aunque las leyes aparentemente solo aplican a \u201cinformaci\u00f3n falsa\u201d, ACLU advierte que inevitablemente suprimir\u00e1n una porci\u00f3n importante de informaci\u00f3n verdadera sobre asuntos de inmenso inter\u00e9s p\u00fablico. ACLU a\u00f1ade que la transparencia de gobierno, no la censura, ser\u00eda una manera m\u00e1s efectiva de combatir la desinformaci\u00f3n, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno.<\/p>\n
El gobierno podr\u00eda comenzar por celebrar ruedas de prensa frecuentes sobre la crisis de COVID-19 en Puerto Rico, publicando r\u00e9cords pertinentes y explic\u00e1ndole al p\u00fablico su plan de acci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cPor demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisi\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ram\u00edrez.<\/p>\n
\u201cEstas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y un gobierno limpio. Deben ser tildadas como ofensivas a la primera enmienda y al gobierno democr\u00e1tico\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Sandra Rodr\u00edguez Cotto es la anfitriona el programa de radio unionado \u201cEn blanco y negro con Sandra\u201d y public\u00f3 las primeras 11 p\u00e1ginas de la conversaci\u00f3n de Telegram entre el entonces gobernador, Ricardo Rossell\u00f3, y sus asesores, revelando el uso de lenguaje mis\u00f3gino y descripciones de violencia en contra de mujeres, entre otras expresiones despectivas contra la comunidad LGBTTQIA+ y otras figuras p\u00fablicas.<\/p>\n
La cobertura medi\u00e1tica de las conversaciones del entonces gobernador desembocaron en protestas en toda la isla en contra del gobierno, que eventualmente terminaron en la renuncia del gobernador. Sus reportajes tambi\u00e9n expusieron la realidad sobre la severidad en n\u00fameros sub-reportados de las muertes como resultado del Hurac\u00e1n Mar\u00eda y su fracaso en la distribuci\u00f3n de ayuda para las v\u00edctimas de los terremotos.<\/p>\n
Rafelli Gonza\u0301lez Cotto, por su parte, ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Su reportaje revel\u00f3, por ejemplo, que el porcentaje de muertes por casos publicado por el Departamento de Salud estaba significativamente subreportado con respecto al porcentaje real de muertes por casos.<\/p>\n
Poco despu\u00e9s de publicado el art\u00edculo, el Departamento de Salud quit\u00f3 la informaci\u00f3n de su p\u00e1gina web. Como resultado de las leyes, teme que sea enjuiciado injustamente por reportajes certeros que el gobierno reclame como falsos. Sus fuentes han parado de compartirle informaci\u00f3n como de costumbre por miedo a que el gobierno aplique estas leyes para enjuiciarlos.<\/p>\n
Mira la demanda aqu\u00ed.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La demanda fue radicada a nombre de los periodistas investigativos, Sandra Rodr\u00edguez Cotto y Rafelli Gonz\u00e1lez Cotto, quienes temen que las leyes sirvan para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19. La Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s) y ACLU Puerto Rico radicaron, a nombre de los periodistas […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":532443,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[4,13,2],"tags":[],"class_list":["post-134520","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobierno","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=134520"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134520\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":532444,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134520\/revisions\/532444"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/532443"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=134520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=134520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}