El estatuto dispone que la Secretar\u00eda de la Gobernaci\u00f3n tiene el deber de evaluar todo contrato que supere los $10,000 en un a\u00f1o fiscal y que el propio Pab\u00f3n Batlle<\/a>, durante su testimonio el lunes bajo juramento, neg\u00f3 haber hecho durante la emergencia del COVID-19.<\/p>\n Morales Rodr\u00edguez cuestion\u00f3 que, si bien los contratos finales no fueron evaluados por la Secretar\u00eda de la Gobernaci\u00f3n, las cotizaciones de empresas interesadas en vender sus productos s\u00ed llegaron a manos de funcionarios de La Fortaleza, cuando de ordinario se supone que el proceso de compra permanezca en la agencia en donde se origina.<\/p>\n \u201cAqu\u00ed han incumplido con la ley y con cartas circulares. Desde notificar una orden de compra de m\u00e1s de $10,000, que se la tienen que enviar al Secretario de la Gobernaci\u00f3n para que \u00e9l la eval\u00fae en 24 horas y pueda determinar si se hizo conforme a derecho. Sin excepciones. Eso no se estaba haciendo. [\u2026] Las violaciones de ley comenzaron desde las agencias al transportar todas las cotizaciones fuera del Departamento de Salud\u201d, declar\u00f3 Morales Rodr\u00edguez a preguntas de la prensa.<\/p>\n Una de estas cotizaciones pertenec\u00eda a Apex General Contractors (APEX), que ofrec\u00eda un mill\u00f3n de pruebas r\u00e1pidas para detectar el COVID-19 por $38 millones, a ser entregadas en cinco d\u00edas.<\/p>
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