El portavoz de la Junta de Control Fiscal (JCF), Edward Zayas indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de la jueza federal Laura Taylor Swain que anul\u00f3 la Ley 29, que exim\u00eda a los municipios de las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de pensiones, no contempla un proceso de negociaci\u00f3n como interpretaron algunos alcaldes.<\/p>\n
La duda surgi\u00f3 despu\u00e9s de una reuni\u00f3n con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, el martes pasado. Esa tarde Jaresko present\u00f3 un plan para atender la deuda pendiente y, de paso, rechaz\u00f3 las propuestas de la gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced y del presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaci\u00f3n de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo, para atender la situaci\u00f3n precaria de los ayuntamientos ante la determinaci\u00f3n de la jueza Swain, quien atiende el proceso de quiebra de Puerto Rico.<\/p>\n
\u201cLa jueza simplemente estableci\u00f3 un l\u00edmite de tiempo antes de que la Orden (que emiti\u00f3) entrara en vigencia para dar tiempo a las partes para llegar a una posible determinaci\u00f3n con respecto a la deuda de los municipios. Pero no orden\u00f3 que se llegara a una soluci\u00f3n ni requiri\u00f3 que las partes negociaran en absoluto. La decisi\u00f3n de la Juez Swain es clara y el 6 de mayo comienza la vigencia de su orden\u201d, precis\u00f3 Zayas.<\/p>\n
\u201cLa JSF est\u00e1 a la espera de que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Gobierno del CRIM le informen su determinaci\u00f3n con respecto a las tres opciones que se ofrecieron durante la presentaci\u00f3n que se le hiciera el pasado martes. La Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal brind\u00f3 hasta el 1 de mayo para este prop\u00f3sito\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
En el c\u00f3nclave del martes Jaresko present\u00f3 a los alcaldes un plan para concretar el pago de los $198 millones que adeudan los 78 municipios como resultado del impago establecido en la referida ley. La deuda es la suma de $166 millones pagados por el gobierno central en retiro (PayGo) y $ 32 millones al plan de salud gubernamental.<\/p>\n
La propuesta de Jaresko propone que $132 millones del Fondo de Equiparaci\u00f3n del CRIM se destinen a la deuda, pero deja en manos de los alcaldes escoger la opci\u00f3n para cubrir los restantes $66 millones. En ese caso, ofreci\u00f3 tres opciones: utilizar las ganancias pendientes de la loter\u00eda electr\u00f3nica entre el a\u00f1o fiscal 2016 y el a\u00f1o fiscal 2017, los fondos en exceso de la Contribuci\u00f3n Adicional Especial (CAE), que es la porci\u00f3n del impuesto de la propiedad recaudado para cubrir las obligaciones de deuda municipal, y las recaudaciones de impuestos que exceden las cifras presupuestadas.<\/p>\n
Descart\u00f3 la propuesta de V\u00e1zquez Garced que inclu\u00eda una aportaci\u00f3n adicional para ayudar a los municipios con el pago de las aportaciones patronales. En s\u00edntesis, el plan propon\u00eda ofrecer asistencia a los ayuntamientos por un periodo de cinco a\u00f1os. Durante los primeros dos a\u00f1os, el gobierno cubr\u00eda la totalidad de los pagos, pero reduc\u00eda esa subvenci\u00f3n en los \u00faltimos tres a\u00f1os.<\/p>\n
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