Sabemos que nuestra constituci\u00f3n no reconoce a los municipios como una rama de gobierno, deja su existencia a la voluntad de los legisladores y la aceptaci\u00f3n del Gobernador.<\/p>\n
La situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la Isla y su impacto en los servicios b\u00e1sicos junto a la pobreza extrema de los puertorrique\u00f1os llev\u00f3 a nuestros constitucionalistas a formar un estado centralista.<\/p>\n
El sistema republicano adoptado de los Estados Unidos divide el poder en tres ramas de gobierno. El Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada una de estas tiene su funci\u00f3n para mantener un balance en el momento de establecer, ejecutar e interpretar las acciones que impactan la vida del ciudadano.<\/p>\n
Si una de las ramas falla a su funci\u00f3n constitucional las otras dos deben intervenir para lograr estabilizar el sistema de gobierno para que se cumpla con los derechos del ciudadano.<\/p>\n
La Rama Ejecutiva es la que m\u00e1s se ha deteriorado en sus funciones de garantizarle a la ciudadan\u00eda la prestaci\u00f3n de los servicios b\u00e1sicos. La otras Ramas tienen sus problemas y hay material de m\u00e1s para estudiarlas de igual forma. Pero la Ejecutiva es la que m\u00e1s impacta el d\u00eda a d\u00eda de los puertorrique\u00f1os y sus funciones se han convertido cada vez m\u00e1s ineficientes y costosas.<\/p>\n
Los servicios que el Estado ha fracasado en dar han sido adoptados de manera sistem\u00e1tica durante los a\u00f1os por los alcaldes. Los factores son variados, pero el principal ha sido el reclamo de los ciudadanos a los servicios b\u00e1sicos que han dejado de recibir del gobierno central. La idiosincrasia municipal est\u00e1 dise\u00f1ada para brindar servicios, es su naturaleza, cosa que el Estado simplemente fracaso por su excesiva burocracia.<\/p>\n
La Ley de Municipios Aut\u00f3nomos (Ley 81 del 1991) fue el paso de m\u00e1s avanzada a principios de los a\u00f1os noventa reconociendo desde aquella \u00e9poca que el centralismo del Estado estaba fracasando. Pero el avance alcanzado con La Ley 81 se fue menoscabando con el tiempo y el gobierno central en contubernio con la legislatura fue enmendado esta ley quit\u00e1ndole luchas ganadas y cada vez eliminando m\u00e1s poderes otorgados. Esto ocurr\u00eda con cambios a la letra de la Ley o quit\u00e1ndole recursos econ\u00f3micos a los municipios para desviarlos al presupuesto hambriento del Estado.<\/p>\n
El caso m\u00e1s reciente y el de mayor impacto fue la eliminaci\u00f3n del Fondo de Equiparaci\u00f3n Municipal nutrido por la aportaci\u00f3n de Rentas Netas del fondo General del Estado Libre Asociado (ELA).<\/p>\n
Un recorte a los presupuestos municipales de m\u00e1s de $360 millones de d\u00f3lares. Una acci\u00f3n desacertada del gobierno central, le quita los recursos a los que est\u00e1n haciendo el trabajo que se supone hagan ellos por mandato constitucional.<\/p>\n
Es importante aclarar que ese dinero NO ES UN SUBSIDIO, es un fondo que se ha ido nutriendo durante los a\u00f1os tratando de remediar las innumerables ocasiones que la Legislatura y el Ejecutivo han aprobado medidas quit\u00e1ndole herramientas de recaudos a los ayuntamientos municipales. Pero durante los a\u00f1os, este fondo tambi\u00e9n estaba ayudando a poder sostener en parte el impacto econ\u00f3mico del creciente n\u00famero de servicios que los municipios est\u00e1n prestando que son responsabilidad primaria del estado.<\/p>\n
Los municipios se han convertido en un bal\u00f3n que va de lado a lado dentro de las peleas entre La Fortaleza y la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (Junta) creada al amparo de la Ley Promesa.<\/p>\n
Hay que recordar que el primer y \u00fanico Plan Fiscal que la Junta le aprob\u00f3 a La Fortaleza estaba la eliminaci\u00f3n del Fondo de Equiparaci\u00f3n. Tengo muchos reparos con ciertas actuaciones de la Junta que est\u00e1n muy por encima de sus poderes otorgados en la Ley Promesa y eso es materia de otro escrito, pero en este caso ten\u00edan las de ganar en el tribunal.<\/p>
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