A finales de la semana pasada fuimos testigos de un s\u00fabito activismo judicial, por parte de la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, justo en medio de la situaci\u00f3n de emergencia m\u00e1s devastadora de los \u00faltimos tiempos, y que ha estremecido al mundo entero.<\/p>\n
El pasado mi\u00e9rcoles 15 de abril la jueza nos anunci\u00f3 que reanudar\u00eda las sesiones correspondientes a los procesos de restructuraci\u00f3n de la deuda mediante videoconferencia. Tambi\u00e9n dio a conocer que hab\u00eda alcanzado una determinaci\u00f3n en cuanto a la validez de la notoria Ley 29-2017, la cual parec\u00eda dormir el sue\u00f1o de los justos en su escritorio por poco menos de un a\u00f1o.<\/p>\n
A trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n de la Ley 106-2017, el gobierno central pasaba la responsabilidad por las aportaciones a los planes de retiro y de salud, de miles de empleados municipales, a los alcaldes, sin el beneficio siquiera de identificar o adjudicarles alg\u00fan fondo de d\u00f3nde solventar no s\u00f3lo las aportaciones, sino el desembolso de las pensiones de los retirados activos que en esos momentos y consecutivamente ser\u00edan acreedores de \u00e9stas.<\/p>\n
Dicho ejercicio conciliatorio tuvo, y ha tenido, un costo nefasto e injusto para los ejecutivos municipales, cuyos presupuestos han venido recibiendo golpes continuos y consecutivos por los pasados veinte a\u00f1os.<\/p>\n
A manera de trasfondo, y para aquellos que preferir\u00edan obviar ciertos eventos de nuestra historia reciente, dicha Ley 29-2019 no es m\u00e1s que un intento por remediar un da\u00f1o infligido a los alcaldes por parte de la administraci\u00f3n Rossell\u00f3 Nevares en su primer a\u00f1o, y con el aval de ambos cuerpos legislativos.<\/p>\n
La sed y el apetito por obtener el aval y favor de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, en cuanto a conciliar un plan fiscal aprobado fue tan voraz e intensa, que provey\u00f3 para la aprobaci\u00f3n y puesta en vigor de una medida que pr\u00e1cticamente dar\u00eda al traste con las ya vapuleadas finanzas municipales de m\u00e1s de la mitad de los municipios de Puerto Rico.<\/p>\n
Quiz\u00e1s pocos recordar\u00e1n, pero el alcance de este logro (aprobaci\u00f3n y firma de la Ley 106-2017) form\u00f3 parte de algunas de aquellas pat\u00e9ticas im\u00e1genes, donde funcionarios electos, y miembros del gabinete, alzaban, y se tomaban de las manos, en clara se\u00f1al de celebraci\u00f3n en el jard\u00edn hundido de La Fortaleza.<\/p>\n
La puesta en vigor de dicho esquema provoc\u00f3 la manifestaci\u00f3n en repudio, abiertamente, de los alcaldes de todo los partidos. Al punto de que consiguieran que se revirtiera la pol\u00edtica p\u00fablica adoptada, devolvi\u00e9ndole la responsabilidad al gobierno central de solventar estas acreencias, mediante la aprobaci\u00f3n y firma de la Ley 29-2019. Acto que a su vez tuvo como consecuencia el que la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal acudiera a los tribunales en el mes de mayo 2019, aludiendo que dicho cambio en pol\u00edtica fiscal era y es violatorio de lo acordado en el plan fiscal. Desde entonces, dicha ponderaci\u00f3n estuvo ante la consideraci\u00f3n de la jueza Taylor Swain.<\/p>\n
Cabe recalcar, que existe un sector dentro y fuera de Puerto Rico, que favorece, el que se ponga en cintura a los alcaldes. Esos que resienten la celebraci\u00f3n de fiestas, festivales, y otros eventos, que pudieran interpretarse como alegres. Pero la determinaci\u00f3n judicial de la jueza Taylor Swain tiene poco que ver con esto, y lo que hace es atentar contra la provisi\u00f3n de servicios b\u00e1sicos de seguridad, salud y recogido de desperdicios s\u00f3lidos.<\/p>
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