El Sindicato Puertorrique\u00f1o de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Uni\u00f3n General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER que representan trabajadores y trabajadoras municipales emplazaron a la juez federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que busquen los recursos econ\u00f3micos necesarios ante la determinaci\u00f3n judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducci\u00f3n de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) el cual le impone el pago al sistema de retiro y el plan m\u00e9dico a los municipios.<\/p>\n
El reclamo de los sindicatos se fundamenta en el impacto negativo que tendr\u00e1 sobre el pueblo trabajador la imposici\u00f3n del pago de las pensiones y la reforma de salud, a lo cual se suma tambi\u00e9n la aportaci\u00f3n que deben hacer para el pago de la deuda p\u00fablica.<\/p>\n
De acuerdo con los sindicatos, la sentencia tendr\u00eda un impacto de alrededor de $400 millones para las arcas de unos municipios que han visto mermar sus ingresos ante el cierre de numerosos centros de trabajo ante la crisis econ\u00f3mica que vive el pa\u00eds desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, las medidas desproporcionadas de austeridad impuesta por la Junta de Control Fiscal y ahora, la reducci\u00f3n de la actividad econ\u00f3mica por efecto del coronavirus.<\/p>\n
Contrario a las expresiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal, en el sentido de que el impacto a nivel de los pueblos ser\u00e1 m\u00ednimo, la carga econ\u00f3mica que se impondr\u00e1 a los municipios redundar\u00e1 en la quiebra total de 40 de ellos y en los pocos que sobrevivan habr\u00e1 una reducci\u00f3n significativa de los servicios que prestan directamente a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
\u00abEs importante recalcar que un n\u00famero significativo de los servicios que hoy brindan los municipios constitu\u00edan una obligaci\u00f3n del Gobierno Central y que ahora no los presta como resultado precisamente de las medidas de austeridad impuestas por el organismo federal\u00bb, lee el comunicado enviado.<\/p>\n
\u00abLa pretensi\u00f3n de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, para que se usen las asignaciones que ha prometido y en poco ha cumplido el gobierno de los Estados Unidos para llenar las necesidades urgentes de la ciudadan\u00eda, adem\u00e1s de escapar a las regulaciones bajo las cuales se otorgan, solo tendr\u00edan el efecto de desvestir un santo para vestir otro, con el agravante de no ser un ingreso recurrente\u00bb, agrega la declaraci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n establecieron que, contrario a lo se\u00f1alado por algunos economistas, el golpe a la clase trabajadora y al pueblo en general es todav\u00eda de mayor magnitud que lo se\u00f1alado. \u00abMiles de padres y madres, jefes de familia, podr\u00edan ser despedidos aumentando a\u00fan m\u00e1s los niveles de desempleo que se han disparado a partir de la declaraci\u00f3n del estado de emergencia decretado por el Gobierno para contener la pandemia causada por el coronavirus. Adem\u00e1s de una disminuci\u00f3n considerable de los servicios que se prestan de forma directa a nivel municipal a nuestro pueblo\u00bb.<\/p>\n
Por otro lado, recordaron que hasta el presente no se ha concretizado ninguna de las promesas hechas por el Gobierno de buscar alternativas para la arbitraria acci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal, entidad promovente de la acci\u00f3n judicial. \u00abDe igual manera, han resultado en ret\u00f3rica hueca los llamamientos del sector privado de la econom\u00eda de aportar ideas para lograr un cambio en las fuentes de financiamiento de los municipios\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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