Tras orden para hacer cuotas a uniones opcional<\/i><\/p>\n
Cinco uniones obreras le exigieron al gobernador Ricardo Rossell\u00f3 y a su administraci\u00f3n que detengan la ‘campa\u00f1a antisindical’ que dar\u00eda paso a que la cuota de los sindicatos fuese opcional para aquellos que no quieren pertenecer a las organizaciones.<\/p>\n
Las uniones que se han unido en su reclamo al gobernador son: Servidores P\u00fablicos Unidos de Puerto Rico, el Sindicato Puertorrique\u00f1o de Trabajadores y Trabajadoras, la Uni\u00f3n General de Trabajadores, la Federaci\u00f3n Central de Trabajadores y la Uni\u00f3n PASO, SPT\/SPU.<\/p>\n
Estas organizaciones denunciaron que las medidas que pretende imponer el gobierno de Rossell\u00f3, en la pr\u00e1ctica, usurpan los poderes legislativos al enmendar y cancelar leyes y procedimientos que protegen a las y los empleados p\u00fablicos.<\/p>\n
Tomando como base la reciente determinaci\u00f3n del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus v Afscme, en que se proh\u00edbe el cobro de cargos por servicios a empleados p\u00fablicos desafiliados de la uni\u00f3n, el Secretario del Trabajo Carlos Saavedra, y la Secretaria de Justicia, Wanda V\u00e1zquez emitieron un memorando que cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de reafiliaci\u00f3n.<\/p>\n
El liderato obrero aclar\u00f3 que la desafiliaci\u00f3n masiva impuesta por el gobierno le arrebatar\u00eda a las y los trabajadores afectados los derechos y beneficios negociados en los convenios colectivos como son la aportaci\u00f3n patronal al plan medico, los recursos de quejas y agravios y otros derechos consignados en los convenios.<\/p>\n
‘La uni\u00f3n es la \u00fanica l\u00ednea de defensa de los trabajadores que le pone un freno y un detente al Estado para que no puedan imponer a su antojo sus planes de despidos masivos, movilidad, traslados, eliminaci\u00f3n de derechos y beneficios, privatizaci\u00f3n y mantener el padrinazgo. Por esta raz\u00f3n, el Gobierno est\u00e1 utilizando el caso Janus, para crear un nuevo estado de derecho laboral ilegal y unilateral para debilitar la fuerza de los trabajadores organizados’ explic\u00f3 Annette Gonz\u00e1lez, presidenta de Servidores P\u00fablicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.<\/p>\n
Para el presidente de la Uni\u00f3n General de Trabajadores, Gerson L. Guzm\u00e1n L\u00f3pez, la radicaci\u00f3n de este interdicto se hace pertinente ‘ante la ofensiva asumida por el Ejecutivo, intentando imponer su tergiversada visi\u00f3n de la sentencia del caso Janus, con la cual pretenden arrebatarle a los trabajadores su fundamental herramienta de lucha’.<\/p>\n
Por su parte, Roberto Pag\u00e1n, presidente del SPT declar\u00f3 que ‘la administraci\u00f3n de Ricardo Rossell\u00f3, una vez m\u00e1s, pretende legislar desde La Fortaleza enmendando leyes y reglamentos de manera arbitraria. Tienen la misma intenci\u00f3n que con la derogaci\u00f3n de la Ley 80 que es quitar derechos y empobrecer m\u00e1s a las familias trabajadoras’.<\/p>\n
Para el secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortes Valle, el Memorando de la Secretaria de Justicia y el Secretario del Trabajo ‘constituye una acci\u00f3n antidemocr\u00e1tica, un burdo intento por acallar la voz social que representan las uniones para silenciar cualquier disidencia. Est\u00e1n malinterpretando y exagerando la decisi\u00f3n judicial para su propio beneficio’.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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