{"id":131061,"date":"2020-04-15T21:29:00","date_gmt":"2020-04-16T01:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/junta-fiscal\/20200415\/jcf-aplaude-decision-federal-que-obligara-a-municipios-pagar-retiro-y-plan-medico-a-jubilados\/"},"modified":"2025-07-20T07:33:30","modified_gmt":"2025-07-20T07:33:30","slug":"jcf-aplaude-decision-que-obligara-a-municipios-a-pagar-retiro-y-plan-medico-a-jubilados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200415\/jcf-aplaude-decision-que-obligara-a-municipios-a-pagar-retiro-y-plan-medico-a-jubilados\/","title":{"rendered":"JCF aplaude decisi\u00f3n que obligar\u00e1 a municipios a pagar retiro y plan m\u00e9dico a jubilados"},"content":{"rendered":"

Natalie Jaresko indic\u00f3 que hay que pagar las pensiones a los retirados del gobierno de modo que \u00abno requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico\u00bb.<\/h3>\n

En un comunicado publicado en su perfil de Twitter, la Junta de Control Fiscal se mostr\u00f3 compacida tras la decisi\u00f3n de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, quien esta ma\u00f1ana revoc\u00f3 la Ley para la Reducci\u00f3n de las Cargas Administrativas de los Municipios, mejor conocida como la Ley 29.<\/p>\n

Con la anulaci\u00f3n de esta ley, ya no se eximir\u00eda a los ayuntamientos de pagar el plan de retiro (\u2018Pay as you Go\u2019) y el plan de salud de los jubilados, como tampoco se dar\u00eda paso a otras resoluciones conjuntas que transferir\u00edan fondos a los municipios, pues estas, seg\u00fan Swain, se habr\u00edan hecho \u00aben violaci\u00f3n a la Ley PROMESA\u201d.<\/p>\n

\u201cEsta es una decisi\u00f3n importante que apoyar\u00e1 los esfuerzos de responsabilidad fiscal en Puerto Rico\u201d, subray\u00f3 la directora ejecutiva de la Junta de Supervisi\u00f3n, Natalie Jaresko. \u201cEl pago de pensiones a los retirados del gobierno debe asegurarse de forma tal que no requiera transferir esta carga al gobierno de Puerto Rico. Los municipios y el gobierno central tienen que presupuestar sus propios pagos para los jubilados de manera responsable y realista. La responsabilidad fiscal, un claro mandato de la Ley PROMESA, est\u00e1 cimentada en pr\u00e1cticas presupuestarias concienzudas y transparentes que garantizan que el gobierno pueda asumir siempre sus obligaciones\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n

Lea tambi\u00e9n: <\/strong>Los municipios tendr\u00e1n que pagar el retiro y plan m\u00e9dico de los jubilados<\/a><\/p>\n

\u201cEn este contexto, la Junta de Supervisi\u00f3n siempre ha apoyado y se mantendr\u00e1 apoyando a los municipios\u201d, apunt\u00f3 Jaresko. \u201cSolamente en los pasados seis meses, la Junta de Supervisi\u00f3n ha autorizado el incremento de apoyo al gobierno de $100 millones a fin de cubrir los gastos de los municipios relacionado con el COVID-19, y el desembolso de $15 millones tras los terremotos devastadores de principio de a\u00f1o\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan reza el comunicado expuesto por la JCF en Twitter,<\/a> la Ley 29 \u00abpretend\u00eda liberar substancialmente a los municipios de Puerto Rico de sus obligaciones y reembolsar al gobierno de Puerto Rico cientos de millones de d\u00f3lares correspondientes al pago de pensiones y cobertura m\u00e9dica de sus jubilados, transfiriendo as\u00ed esos costos al gobierno central con car\u00e1cter permanente. Esta ley, que hubiese comprometido las finanzas del gobierno, era incompatible con el Plan Fiscal Certificado y fue promulgada en violaci\u00f3n a la Ley PROMESA\u00bb, se\u00f1alan.<\/p>\n

Asimismo, la JCF expone en el comunicado que — a su juicio — el impacto fiscal tras la revocaci\u00f3n de la Ley 29 en los municipios debe ser \u00abm\u00ednimo\u00bb por las siguientes razones:<\/p>\n

\u2022 Como parte del Plan Fiscal Certificado, en el a\u00f1o fiscal 2020, la Junta de Supervisi\u00f3n asign\u00f3 $132 millones en transferencias a los municipios. Pero como resultado de la Ley 29, esta asignaci\u00f3n no se ha utilizado y puede utilizarse para contrarrestar la anulaci\u00f3n de la Ley 29.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

\u2022 Los reembolsos de fondos de Medicaid, de cantidades m\u00e1s altas a las esperadas, reducir\u00e1n las aportaciones en gastos de cuidado m\u00e9dico que deben los municipios<\/p>\n

\u2022 Los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, fondos que ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado m\u00e9dico adeudados.<\/p>\n

\u00abLa Junta de Supervisi\u00f3n est\u00e1 en constante comunicaci\u00f3n con el gobierno y con el CRIM para discutir c\u00f3mo los municipios pueden lograr sostenibilidad fiscal, a la vez que garantiza la continuidad en la la entrega de servicios prioritarios al pueblo de Puerto Rico. Esto debe incluir las pol\u00edticas dirigidas a cumplir con el pago a sus jubilados, un mejor y mayor recaudo de impuestos sobre la propiedad, los ahorros necesarios como resultado de los servicios compartidos con otros municipios, as\u00ed como otras medidas de eficiencia que garanticen que los municipios puedan atender a sus residentes de una manera fiscalmente responsable y sostenible\u00bb, expresan en el documento.<\/p>\n

\u00abLa Junta de Supervisi\u00f3n y el Gobierno est\u00e1n en el proceso de actualizar el Plan Fiscal con datos y proyecciones econ\u00f3micas actualizadas, que incluir\u00e1 una evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n fiscal de los municipios, la aportaci\u00f3n y apoyo del gobierno central, as\u00ed como la considerable y recientemente promulgada asignaci\u00f3n de fondos federales para ayudar en la recuperaci\u00f3n delos municipios, tras el impacto de los terremotos y el COVID-19\u00bb, finalizaron.<\/p>\n

En julio del pasado a\u00f1o, la JCF demand\u00f3 al gobierno en un intento por invalidar la ley y las resoluciones aprobadas para allegarle fondos adicionales a los municipios, que enfrentan dificultades econ\u00f3micas. El ente federal arguy\u00f3 que estas medidas eran inconsistentes con la ley federal Promesa y con el plan fiscal certificado, que, a juicio de Emanuelli, ahora tendr\u00e1 que ser enmendado a la luz de la decisi\u00f3n de la togada.<\/p>\n

Los abogados de Aafaf, que representa al gobierno en los casos de T\u00edtulo III o la quiebra gubernamental, hab\u00edan instado a la jueza -que de acoger la petici\u00f3n de la JCF- les concediera un plazo de dos semanas previo a la entrada en vigor de su determinaci\u00f3n para negociar un acuerdo con el organismo fiscal.<\/p>\n

Los abogados tambi\u00e9n se\u00f1alaron que ese tiempo les permitir\u00eda buscar una alternativa porque la anulaci\u00f3n de la Ley 29 dejar\u00eda desprotegidos a decenas de municipios, que no podr\u00edan asumir los pagos en disputa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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