‘El pueblo de Puerto Rico contin\u00faa recibiendo muy poco apoyo de los oficiales electos, m\u00e1s bien le piden que soporte la carga de austeridad impuesta, cuando los estimados por las muertes de Mar\u00eda superan los miles y muchos contin\u00faan sin servicio de electricidad’, acot\u00f3 Merling.<\/p>\n
El eje del plan fiscal es la reforma laboral, que ‘sin duda erosionar\u00e1 los derechos laborales en Puerto Rico’, en un mercado laboral que aunque incluya beneficios de incentivos contributivos por trabajar nunca superar\u00e1 o si quiera se acercar\u00e1 a los salarios de los estados con un costo de vida comparable al de la isla. ‘Es poco probable que en el contexto de la deprimida econom\u00eda puertorrique\u00f1a estas reformas aumenten el empleo’, conluye el estudio del CEPR.<\/p>\n
La tasa de participaci\u00f3n laboral en Puerto Rico ha sido hist\u00f3ricamente m\u00e1s baja que en Estados Unidos, pero ha declinado durante la pasada decada, de 47 por ciento en el 2007 a 41.6 hoy. De igual modo, tiene una alta tasa de desempleo, actualmente situada en 9.9 %, dos veces y medio m\u00e1s elevada que en EE.UU. A medida que empeor\u00f3 la econom\u00eda y la gente parti\u00f3 a los estoads, el tama\u00f1o de la fuerza laboral cay\u00f3 a 20 % en la pasada decada.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Junta ha pedido que se obliguen nuevos requisitos de empleo a los beneficiarios del programa de nutrici\u00f3n federal (PAN), pese al dif\u00edcil escenario laboral en la isla.<\/p>
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<\/a><\/div>\n‘Lamentablemente a la Junta no pareciera importarle la seguridad y bienestar de los puertorrique\u00f1os, a\u00fan cuando el pa\u00eds se encuentra sumergido en una crisis humanitaria, que ya han cobrado la vida de miles. Prevenir m\u00e1s muertes innecesarias y privaciones econ\u00f3micas debe ser la prioridad de las autoridades responsables, cinluyendo el gobernador (de Puerto Rico, Ricardo Rossell\u00f3 Nevares) y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump’, concluye Merling.<\/p>\n
Puede interesarle:<\/strong> La falta de electricidad mata<\/a><\/p>\n Por otro lado, el plan fiscal incluye tambien recortes en todas las agencias, especialmente educaci\u00f3n y salud. De igual modo la emprende contra los municipios, que muchas veces cargan con la tarea de brindar servicios esenciales. Seg\u00fan la JCF, los recortes en gastos operacionales tienen que alcanzar $9,500 millones o 2.2 por ciento del producto nacional bruto en seis a\u00f1os, adem\u00e1s de apostar a la privatizaci\u00f3n<\/a> de corporaciones p\u00fablicas.<\/p>\n No obstante, la Junta no aborda los problemas estructurales producto de la relaci\u00f3n pol\u00edtica disfuncional con EE.UU. Como nota el estudio, peque\u00f1os cambios en pol\u00edticas federales, como eliminar el proceso de reembolsar fondos Medicaid para mejorar la situaci\u00f3n del sistema de salud, mejorar\u00edan la situaci\u00f3n fiscal de la Isla. Incluso, apunta que si el gobierno federal tratara del mismo modo que trata a sus ciudadanos en los estados a los residentes en Puerto Rico, el aumento de ayudas federales ser\u00eda m\u00e1s grande que todos los recortes contenidos en el plan fiscal. En terminos de igualar fondos Medicad solamente, el resultado ser\u00edan $9,200 millones adicionales en fondos.<\/p>\n Sin embargo, ni el plan fiscal ni el presupuesto reduce los millones de d\u00f3lares que se gastar\u00e1n en la litigaci\u00f3n del caso del T\u00edtulo III bajo la Ley PROMESA para negociar las deudas entre el Gobierno y los bonistas. Incluso, la JCF se aument\u00f3 el presupuesto para el pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal 2019. Se estima que por los pr\u00f3ximos seis a\u00f1os, Puerto Rico gastar\u00e1 $1,500 millones en abogados, asesores y la Junta.<\/p>\n
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