Ya ratificada la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal por el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, medida que condiciona la extensi\u00f3n de la moratoria al cumplimiento de los servicios esenciales, todo apunta a que la administraci\u00f3n de gobierno cumplir\u00e1 con unos pagos e incumplir\u00e1 con otros.<\/p>\n
Lo que resta por ver es qu\u00e9 servicios p\u00fablicos la administraci\u00f3n continuar\u00e1 pagando y cu\u00e1nto, si algo, tendr\u00e1n disponible para pagar a los acreedores.<\/p>\n
En s\u00edntesis, esta nueva medida establece como la pol\u00edtica p\u00fablica la inclinaci\u00f3n a pagar las obligaciones de deuda a los acreedores en la medida que se el gobierno pueda cumplir con el ofrecimiento de servicios esenciales \u2013 t\u00e9rmino que vagamente cobija la salud, la seguridad y el bienestar, sin ofrecer mayor detalle.<\/p>\n
Qu\u00e9 es un servicio esencial<\/strong><\/p>\n El\u00edas S\u00e1nchez, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) lo explic\u00f3 de la siguiente manera el pasado mi\u00e9rcoles al presentarse la medida: ‘Una vez se cumpla (con el pago de servicios esenciales) todo dinero disponible, incluso aquel que logren por recortes, eficiencia y reorganizaci\u00f3n gubernamental, ir\u00e1 destinado a cumplir con obligaciones como deudor’.<\/p>\n Seg\u00fan indic\u00f3 S\u00e1nchez en ese momento, la definici\u00f3n de servicios esenciales ser\u00e1 un proceso que tomar\u00e1 tiempo y que se definir\u00e1 en el Plan Fiscal, documento para el cual la JCF acept\u00f3 extender su entrega hasta finales de febrero.<\/p>\n Sin embargo, el Plan para Puerto Rico, documento que establece la ruta que tomar\u00e1 esta administraci\u00f3n, abunda sobre este asunto. Indica que al amparo de la Ley PROMESA solicitar\u00e1n ‘completar una evaluaci\u00f3n exhaustiva de sobre los 340 servicios por 118 agencias y los gastos operacionales del gobierno, para entender cu\u00e1les son esenciales y deben ser provistos por el gobierno, y cu\u00e1les pueden ser descontinuados, consolidados, automatizados o delegados al sector privado, municipios o el tercer sector’.<\/p>\n M\u00e1s adelante el Plan dice: ‘Hemos llevado a cabo este an\u00e1lisis por los pasados 4 a\u00f1os como parte de nuestro Plan para Puerto Rico y los presentaremos al Gobierno Federal como la alternativa viable para transformar a Puerto Rico’.<\/p>\n A preguntas de la prensa durante la reuni\u00f3n del 28 de enero de la JCF, el presidente de ese ente, Jos\u00e9 Carri\u00f3n III, sentenci\u00f3, ‘nosotros no somos el gobierno electo de Puerto Rico\u2026 El que toma la determinaci\u00f3n de qu\u00e9 es un servicio esencial es el gobierno electo de Puerto Rico’.<\/p>\n As\u00ed las cosas, ser\u00e1 menester de la administraci\u00f3n procurar el funcionamiento de las \u00e1reas m\u00e1s esenciales del aparato gubernamental, teniendo en mente la estrechez del presupuesto actual y procurando una partida para pagos parciales de la deuda. De esta manera, seg\u00fan Rossell\u00f3 Nevares, demuestran la buena fe del gobierno para negociar los t\u00e9rminos de la deuda.<\/p>\n De ‘hay que pagar’ a ‘hay intenci\u00f3n de pagar’<\/strong><\/p>\n En entrevista con Bloomberg News<\/em> este mes, Rossell\u00f3 Nevares explic\u00f3 que la manera en que proceder\u00e1 para pagar cumplir con el pago de la deuda ser\u00e1 mediante un sistema en que pagar\u00e1n lo que pueden en vez de incumplir por ninguna raz\u00f3n. ‘[Es un] cambio filos\u00f3fico de lo que tenemos ahora en Puerto Rico. Tenemos una ley de moratoria cuyo objetivo era no pagar\u2026 Estamos movi\u00e9ndonos a la inclinaci\u00f3n de pagar (willingness to pay)’, dijo el primer mandatario.<\/p>\n Concluido el proceso de an\u00e1lisis de los informes de transici\u00f3n, la administraci\u00f3n, por primera vez, admiti\u00f3 que la situaci\u00f3n de liquidez que enfrenta el gobierno es m\u00e1s precaria de lo que vislumbraban, por lo que no descartaron la posibilidad de un cierre de gobierno.<\/p>\n Sin embargo, previo a esa nueva apreciaci\u00f3n de la crisis fiscal, los funcionarios que llegaron al poder el pasado mes de noviembre aseguraron que el gobierno pod\u00eda pagar la deuda y los servicios esenciales por lo que el incumplimiento y la moratoria eran innecesarios. De hecho, el Plan para Puerto Rico anticip\u00f3 que el gobierno no tendr\u00e1 suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo a inicios del 2017 y a\u00f1ade, ‘el Programa de Gobierno contempla directamente esta situaci\u00f3n y asume el reto’.<\/p>\n Previo a la publicaci\u00f3n de este documento el propio Rossell\u00f3 Nevares asegur\u00f3 a Bloomberg News<\/em> el pasado mes de junio que la deuda se puede pagar mediante un plan de pago razonable con los acreedores que acordar\u00eda despu\u00e9s de tener una idea clara del estado de las finanzas de Puerto Rico. En ese momento tampoco descart\u00f3 un recorte al principal adeudado (un ‘haircut’).<\/p>\n Otros funcionarios fueron m\u00e1s all\u00e1 y aseguraron que la deuda es pagable bajo los t\u00e9rminos actuales y sin la necesidad de una paralizaci\u00f3n de litigios (un ‘stay’). En una columna publicada en la revista pol\u00edtica The Hill<\/em> en verano del 2015, la actual comisionada residente, Jenniffer Gonz\u00e1lez, rechaz\u00f3 la propuesta para extender el Cap\u00edtulo 9 de Bancarrota a la Isla y asegur\u00f3 que mediante la imposici\u00f3n de s\u00edndicos en agencias de gobierno y con el establecimiento de Alianzas P\u00fablico Privadas (APP) pod\u00edan cumplir con obligaciones de deuda.<\/p>\n Por su parte, el hoy director de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader, se opuso a la aprobaci\u00f3n del entonces proyecto PROMESA por proveer un ‘stay’ de 18 meses. Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 Mercader a The Hill <\/em>en abril del 2016, la entonces propuesta federal ‘proveer\u00eda una salida f\u00e1cil al gobierno tras a\u00f1os de sobregastos y mala administraci\u00f3n’, a la vez que ‘desincentivar\u00eda la negociaci\u00f3n con bonistas’.<\/p>\n Pese a la movediza opini\u00f3n de los funcionarios de esta administraci\u00f3n en cuanto la deuda y si es pagable tal como est\u00e1, bajo t\u00e9rminos modificados o a condici\u00f3n del cumplimiento de unos servicios esenciales que no est\u00e1n del todo definidos, la moratoria al pago de la deuda, para todos los efectos, continua. Al menos hasta que se ejecute el proceso de identificar las cuant\u00edas presupuestarias asignadas a la salud, la seguridad y el bienestar p\u00fablico y el restante que corresponder\u00e1 \u00fanicamente al pago de la deuda, seg\u00fan la administraci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ya ratificada la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal por el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, medida que condiciona la extensi\u00f3n de la moratoria al cumplimiento de los servicios esenciales, todo apunta a que la administraci\u00f3n de gobierno cumplir\u00e1 con unos pagos e incumplir\u00e1 con otros. 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