De acuerdo a la Secci\u00f3n 208(b) de la Ley PROMESA, dentro del plazo de seis (6) meses despues de la constituci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal, el gobierno estaba obligado a someter a la Junta un Informe sobre los Acuerdos de Reducci\u00f3n de Impuestos (‘Tax Abatements’) y otros acuerdos similares sobre las concesiones tributarias.<\/p>\n
En agosto, EA solicit\u00f3 a la Junta que confirmara la existencia del referido informe. Mediante carta enviada a EA por la Junta, el 27 de agosto de 2018, le confirm\u00f3 la existencia del mismo y que en efecto lo hab\u00edan recibido. Aunque la Secci\u00f3n 208(b) de la Ley PROMESA proh\u00edbe a ‘los miembros y empleados (staff) de la Junta’ hacer p\u00fablico el referido informe, esto no impide que el Gobierno de Puerto Rico haga la divulgaci\u00f3n p\u00fablica requerida por la Constituci\u00f3n y las leyes de Puerto Rico, toda vez que es un documento generado en una agencia p\u00fablica y en Puerto Rico rige el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>
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<\/a><\/div>\nVea tambien: Lo que podr\u00eda hacerse con el dinero regalado en incentivos<\/a><\/strong><\/p>\n El gobierno federal publica un registro oficial de gastos fiscales desde la decada de los setenta. As\u00ed lo hacen tambien 49 de los 50 estados, el Distrito de Columbia, y la mayor\u00eda de los pa\u00edses que forman parte de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico, (OCDE). Adem\u00e1s desde el 2016 as\u00ed lo requiere el ‘Governmental Accounting Standars Board’ (GASB) en el GASB 77 a todos los gobiernos e instrumentalidades p\u00fablicas.<\/p>\n ‘La gente tiene derecho a saber sobre cada d\u00f3lar que se invierte en privilegios contributivos, que es a su vez un d\u00f3lar que deja de allegarse al fondo general. Lo que unos dejan de pagar a todos nos cuesta en reducci\u00f3n de servicios tales como seguridad, salud, y educaci\u00f3n’, dijo Blondet en referencia al recorte de fondos de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. ‘No estamos en contra de los incentivos contributivos, lo que deseamos es que sean transparentes para entonces que se pueda evaluar su beneficio y su costo eficiencia sin que ello se haga a espaldas de la gente’, agreg\u00f3.<\/p>\n La jueza Lauracelis Roque del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, cit\u00f3 a las partes a una vista para dilucidar si procede o no el remedio solicitado el pr\u00f3ximo 15 de noviembre a las 3:00 p. m.<\/p>\n Vea tambien: Insisten en que informe de creditos contributivos debe ser p\u00fablico<\/a><\/strong><\/p>\n
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