Seg\u00fan el registro de corporaciones, Soto & Santini fue incorporado por el exalcalde como un negocio con fines de lucro para rendir servicios legales y otros servicios relacionados a la profesi\u00f3n legal. Hasta la fecha, la empresa ha consumado contratos en el gobierno por $122,000, mientras que mantiene otros ocho contratos con vigencia hasta el 30 de junio de este a\u00f1o por $685,600.<\/p>\n
Los contratos que mantiene Soto & Santini, seg\u00fan el registro de la Oficina del Contralor, son con el Departamento de Hacienda (DH), la Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica (AVP), la Oficina para el Desarrollo Socioecon\u00f3mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), el Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR), la Administraci\u00f3n de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Salud (DS) y la Administraci\u00f3n de Desarrollo Socioecon\u00f3mico de la Familia (ADSEF).<\/p>\n
La cuant\u00eda y horas de servicio mensual de estos contratos var\u00edan desde $16,000 en el DCR a raz\u00f3n de $125 por hora por 32 horas de servicio mensuales, hasta $240,000 en el DH tambien a raz\u00f3n de $125 por hora por 200 horas de servicio al mes.<\/p>\n
Lista de socios de Santini tiene historia<\/strong><\/p>\n Sin embargo, aunque Santini Padilla aparece como incorporador de Soto & Santini LLC, es Soto Balb\u00e1s quien firma todos los contratos que mantiene esa corporaci\u00f3n con el gobierno.<\/p>\n Una propuesta incluida en el contrato que mantienen con la AVP – por una cuant\u00eda de $70,000 – da cuenta de los abogados que forman parte de Soto & Santini LLC.<\/p>\n Adem\u00e1s de Soto Balb\u00e1s y Santini Padilla, el documento menciona al licenciado Carlos L\u00f3pez L\u00f3pez, el licenciado Adri\u00e1n Mercado Jimenez, Rafael Batista Tosado, Ram\u00f3n L. Hern\u00e1ndez Espino, Carolina Rivera y Paola Fuertes como abogados del bufete. En el caso de los \u00faltimos cuatro, el documento se\u00f1ala que poseen menos de tres a\u00f1os de experiencia legal.<\/p>\n Por su parte, Mercado Jimenez fue socio de Soto Balb\u00e1s desde 1997 hasta 2015 en el bufete Mercado, Soto, Ronda, Amundaray & Pascual P.S.C. De hecho, el bufete Mercado, Soto, Ronda, Amundaray & Pascual originalmente era Mercado & Soto Law Offices. En el 2010 una resoluci\u00f3n corporativa incluy\u00f3 los otros tres socios: Eric Ronda del Toro, actualmente juez y expresidente del Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura; Francisco Amundaray, quien fue suspendido de ejercer pr\u00e1ctica por tres <\/a>meses por el Tribunal Supremo mientras era abogado del Municipio de San Juan en el 2007; y Ricardo Pascual, en cuya p\u00e1gina de LinkedIn se identifica como abogado notario y cuya direcci\u00f3n de trabajo corresponde a la de las oficinas de Juan B. Soto y Soto & Santini en el Centro Internacional de Mercadeo.<\/p> Seg\u00fan el registro de contratos de gobierno, entre el 2009 y el 2012, Mercado, Soto, Ronda Amundaray & Pascual obtuvo contratos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por $150,000, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) por $860,000 y en el Municipio de San Juan por $650,000. En el 2016, Amundaray certifica ante el Departamento de Estado que la corporaci\u00f3n qued\u00f3 disuelta a partir del 31 de diciembre del 2015.<\/p>\n Curiosamente, Soto Balb\u00e1s, Mercado Jimenez, Ronda del Toro, Amundaray y Pascual fueron donantes de Santini Padilla y el Comite Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan en el 2011. En ese a\u00f1o, todos ellos emitieron donativos de $1,000 tanto al entonces alcalde como al Comite municipal.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, una lista de los contratos que mantiene Soto & Santini con el gobierno. Todos vencen el 30 de junio de este a\u00f1o:<\/p>\n Departamento de Hacienda<\/a>: Vigente desde el 29 de diciembre 2017 por $105,600. Tope de 844 horas a raz\u00f3n de $125 por hora. Para ofrecer asesoramiento legal para litigios pendientes por reclamaciones a municipios durante la vigencia de la p\u00f3liza de municipios para los a\u00f1os fiscales 2005-2006 al 2009-2010.<\/p>\n Departamento de Hacienda<\/a>: Vigente desde el 21 de julio 2017 por $240,000 con 200 horas mensuales a raz\u00f3n de $125 por hora. Para asesoramiento legal en relaci\u00f3n a asuntos especiales.<\/p>\n Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica<\/a>: Vigente desde el 29 de junio 2017 por $70,000. Tarifas por hora se dividen por categor\u00eda, a saber, $125 por hora para abogados con m\u00e1s de 10 a\u00f1os de experiencia, $75 por hora para abogados con menos de 5 a\u00f1os de experiencia y $35 por hora para paralegales. Para servicios legales relacionados al programa de vivienda p\u00fablica.<\/p>\n ODSEC<\/a>: Vigente desde el 27 de marzo 2018 por $28,000. No especifica las horas a trabajar por mes, pero fija la tarifa en $125 por hora. Para creaci\u00f3n de documentos legales para el programa de Community Service Block Grants (CSBG) y servicios de consultor\u00eda legal y laboral.<\/p>\n Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n<\/a>: Vigente desde el 14 de marzo de 2018 por $16,000 con 32 horas mensuales a raz\u00f3n de $125 por hora. Para representar la agencia en acciones civiles tanto en el tribunal local como en el federal y para proveer asesoramiento legal y laboral.<\/p>\n Administraci\u00f3n de Servicios Generales<\/a>: Vigente desde el 10 de agosto del 2017 por $90,000. Tope de 80 horas mensuales a raz\u00f3n de $125 por hora. Para servicios de representaci\u00f3n legal a la ASG. Cabe destacar que este contrato fue firmado por el entonces jefe de la ASG, Miguel Encarnaci\u00f3n Correa, quien renunci\u00f3 a su cargo en febrero de este a\u00f1o. Encarnaci\u00f3n Correa fue objeto de denuncias de corrupci\u00f3n en la compra de generadores electricos tras el paso del hurac\u00e1n Mar\u00eda.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/05\/30094652\/Acodese-Adaptaciones-Noticel-300x600-1.jpg\")
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