Con visiones diametralmente opuestas, una asociaci\u00f3n period\u00edstica y una organizaci\u00f3n de base comunitaria sentaron a sus portavoces uno al lado del otro para discutir la llamada Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n y la Informaci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Gobierno de la C\u00e1mara de Representantes celebr\u00f3 en la ma\u00f1ana de hoy, martes, su segundo d\u00eda de vistas p\u00fablicas para discutir el proyecto de ley 2944, que legislar\u00eda una estructura formal para solicitar informaci\u00f3n de dominio p\u00fablico en manos del Estado.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) se opuso formalmente al proyecto, con una ponencia en la que denunci\u00f3 lo que considera ‘t\u00e9rminos y condiciones que dilatan innecesariamente el proceso’, adem\u00e1s de imponer ‘onerosas responsabilidades’ a ciudadanos interesados en cooperar con el Gobierno.<\/p>\n
Por el contrario, el Grupo de las Ocho Comunidades Aleda\u00f1as al Ca\u00f1o Mart\u00edn Pe\u00f1a, mejor conocido como el G-8, el cual agrupa a doce organizaciones de base comunitaria, respald\u00f3 el proyecto, por presentar ‘herramientas para que los ciudadanos puedan llevar sus reclamos para una gobernanza transparente’.<\/p>\n
El presidente de la ASPPRO, el periodista Juan Hern\u00e1ndez, critic\u00f3 que el proyecto de ley le reconoce al Estado ‘la autoridad para controlar la informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n p\u00fablica’, e incluso, ampl\u00eda sus poderes creando nuevas instancias administrativas y dilatando los procesos.<\/p>\n
‘Ese ideal de acceso a la informaci\u00f3n queda derrotado con el mecanismo que provee este mismo proyecto, no es una soluci\u00f3n real para la ciudadan\u00eda porque lo que establece es mayor burocracia’, intervino la periodista Laura Quintero, miembro de la Junta de laASPPRO.<\/p>\n
De igual modo, Hern\u00e1ndez cuestion\u00f3 la exigencia a ‘funcionarios p\u00fablicos sin remuneraci\u00f3n’ de que tuvieran que abrir expedientes sobre cada asunto que discutan, lo que para el periodista impondr\u00eda una ‘responsabilidad onerosa’ a ciudadanos que se agrupen en organizaciones c\u00edvicas para resolver asuntos de la comunidad.<\/p>\n
Sin embargo, el portavoz del G-8 y l\u00edder comunitario Mario N\u00fa\u00f1ez, elogi\u00f3 la intenci\u00f3n del proyecto de ley de ‘establecer un programa de educaci\u00f3n a la ciudadan\u00eda de sus derechos de acceso a la informaci\u00f3n’ y la presencia de un defensor que auxiliara a los solicitantes de escasos recursos que apelen una decisi\u00f3n.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las preguntas del presidente de la Comisi\u00f3n, el representante Jos\u00e9 ‘Conny’Varela, estuvieron dirigidas a laASPPRO, a quienes les diseccion\u00f3 casi toda la ponencia. Ante preguntas sobre los t\u00e9rminos para deliberar en los tribunales en comparaci\u00f3n con la estructura propuesta y sobre los informes que someter\u00edan los oficiales dos veces al a\u00f1o, tuvieron interpretaciones distintas de lo que establece el proyecto.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el legislador recalc\u00f3 en varias ocasiones que este mecanismo legal ser\u00eda ‘otra v\u00eda’ para que los ciudadanos puedan reclamar su derecho a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed repiti\u00f3 ante las objeciones repetidas de Hern\u00e1ndez de que ya existe un mecanismo para denunciar un caso de falta de acceso a la informaci\u00f3n y es a trav\u00e9s de los tribunales. Para personas con escasos de recursos, enumer\u00f3 las cl\u00ednicas de asistencia legal de las universidades, Servicios Legales, el Programa Probono del Colegio de Abogados y la Sociedad para la Asistencia Legal como foros a los cuales recurrir.<\/p>\n
Aunque N\u00fa\u00f1ez elogi\u00f3 la labor de estos cuerpos, coincidi\u00f3 con el representante Varela en que la Ley ser\u00eda una herramienta m\u00e1s de acceso.<\/p>
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