{"id":127419,"date":"2016-04-17T20:48:00","date_gmt":"2016-04-18T00:48:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20160417\/gobierno-no-puede-encubrir-identidad-de-bonistas-ni-negociaciones-document\/"},"modified":"2025-07-26T21:54:02","modified_gmt":"2025-07-26T21:54:02","slug":"gobierno-no-puede-encubrir-identidad-de-bonistas-ni-negociaciones-document","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160417\/gobierno-no-puede-encubrir-identidad-de-bonistas-ni-negociaciones-document\/","title":{"rendered":"Gobierno no puede encubrir identidad de bonistas ni negociaciones (document"},"content":{"rendered":"

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones dio la raz\u00f3n al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y estableci\u00f3 que la identidad de las compa\u00f1\u00edas de fondos de cobertura que adquirieron bonos del gobierno en la emisi\u00f3n de marzo de 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, as\u00ed como la identidad de los miembros del Comite Ad Hoc de bonistas y los terminos y condiciones que estos pusieron al gobierno constituyen informaci\u00f3n p\u00fablica, susceptible de ser divulgada.<\/p>\n

La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintr\u00f3n Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, as\u00ed como el gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla, establec\u00eda que la informaci\u00f3n es de alto inter\u00e9s p\u00fablico, ya que las firmas de inversi\u00f3n que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones econ\u00f3micas y de pol\u00edtica p\u00fablica para asegurar sus ganancias, lo que conllevar\u00eda que servicios esenciales para los ciudadanos del pa\u00eds se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.<\/p>\n

‘Ni el gobierno ni el tribunal quisieron entender en un principio la trascendencia de esta informaci\u00f3n que solicit\u00f3 el CPI. Hoy, cuando escuchamos las expresiones del gobierno sobre la mala fe de algunos bonistas para negociar la deuda, el tiempo nos da la raz\u00f3n. Era fundamental conocer el perfil de los bonistas y anticipar los escenarios a los que se enfrentar\u00eda el pa\u00eds. El gobierno mismo obstaculiz\u00f3 que conoci\u00e9ramos esa informaci\u00f3n. Ojal\u00e1 ahora no sea muy tarde’, reaccion\u00f3 Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.<\/p>\n

Uno de los abogados del CPI, Luis Jos\u00e9 Torres Asencio, enfatiz\u00f3 que el panel de tres jueces, compuesto por Sigfrido Steidel Figueroa, Juez Administrador del Tribunal de Apelaciones, Carlos Vizcarrondo Irizarry y Luisa Colom Garc\u00eda, estuvo de acuerdo con el CPI en que ‘la contrataci\u00f3n de terceros para la distribuci\u00f3n y venta de los bonos emitidos en marzo de 2014 no elimina el car\u00e1cter p\u00fablico de la informaci\u00f3n solicitada’, seg\u00fan indica el dictamen. ‘En sentido general, si lo contrario fuera cierto, nunca ser\u00eda de naturaleza p\u00fablica la informaci\u00f3n sobre las transacciones o gestiones que lleva a cabo el gobierno, espec\u00edficamente cuando se utiliza este tipo de arreglos’, expresa la sentencia escrita por Steidel Figueroa.<\/p>

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Adem\u00e1s, la sentencia dicta que: ‘el Tribunal de Primera Instancia deber\u00e1 celebrar una vista probatoria en la que el Estado tenga la oportunidad de demostrar en qu\u00e9 consiste el perjuicio que conlleva divulgar la identidad de los fondos de cobertura que participaron de la emisi\u00f3n de marzo de 2014, y evaluar\u00e1 qu\u00e9 documentos el Estado posee o puede obtener sin que ello le represente una carga onerosa. En esa vista, el foro apelado tambi\u00e9n pasar\u00e1 juicio sobre la solicitud de divulgaci\u00f3n de los documentos que el Estado o el BGF generaron, que forman parte del purchase contract, y que establecen todos los t\u00e9rminos y condiciones de la contrataci\u00f3n gubernamental final. De ser necesario, estos documentos pueden ser presentados por los apelados en un sobre sellado para que el foro primario los eval\u00fae de antemano y tome cualquier medida cautelar que sea apropiada’.<\/p>\n

El panel de jueces adem\u00e1s rescata la definici\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica reiterada en la jurisprudencia de Puerto Rico que contrasta con la posici\u00f3n del Gobierno de que si algo no est\u00e1 escrito en un papel, no es informaci\u00f3n p\u00fablica, resalt\u00f3 el Lcdo. Osvaldo Burgos, tambi\u00e9n abogado del CPI en el caso. ‘Sobre lo que comprende un documento en el contexto p\u00fablico o gubernamental, esto es, entre otras cosas, \u2018cualquier material informativo sin importar su forma o caracter\u00edsticas f\u00edsicas’. Tambi\u00e9n, ‘los generados de forma electr\u00f3nica, aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al creado originalmente’, establece el panel.<\/p>\n

‘El sistema de justicia no nos permiti\u00f3 tener esta informaci\u00f3n oportunamente. Este verano se cumplir\u00e1 un a\u00f1o desde que el Centro de Periodismo Investigativo solicit\u00f3 esta informaci\u00f3n al estado. Pero sin duda, el Tribunal de Apelaciones reivindica nuestro reclamo y esperamos que ahora el sistema de justicia act\u00fae con agilidad en la producci\u00f3n de la informaci\u00f3n solicitada’, concluy\u00f3 Carla Minet.<\/p>\n

CPI v. Garcia Padilla (Sentencia Tribunal de Apelaciones) – NotiCel_18594<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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