Antes de recurrir al record hist\u00f3rico, Casa Blanca sostuvo que la Administraci\u00f3n Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) despleg\u00f3 operaciones sin precedentes para ayudar a la Isla, en cuanto a duraci\u00f3n de la asistencia y en cuanto a relevar a Puerto Rico del pareo de fondos. A\u00f1ade que Trump se ha reunido con el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 siete ocasiones en persona y una por videoconferencia, y que funcionarios de Casa Blanca se han reunido decenas de veces con oficiales del Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n
El restablecimiento del servicio electrico, de agua potable, de transportaci\u00f3n y el descenso en los niveles de desempleo son todas cosas que el documento atribuye a la ayuda que extendi\u00f3 Trump. De hecho, adjudica que FEMA es actualmente uno de los mayores patronos en la Isla.<\/p>\n
La deuda de la Isla, que el documento establece en $120,000 millones, la falta de un plan detallado para reconstruir el sistema electrico, la falta de pago a contratistas, el hallazgo de un almacen con piezas del sistema electrico y la contrataci\u00f3n de Whitefish (‘una compa\u00f1\u00eda peque\u00f1a con dos empleados y poca experiencia en la respuesta a desastres’) fueron otras razones expuestas para ‘proteger a los sobrevivientes y contribuyentes de la corrupci\u00f3n y los malos manejos’.<\/p>\n
Para plantear que Puerto Rico tiene una ‘larga historia de corrupci\u00f3n y malversaci\u00f3n’, la Casa Blanca enumer\u00f3:<\/p>
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<\/a><\/div>\n-La exposici\u00f3n de motivos de la Ley PROMESA, que alude a que la Isla ha llegado al punto de no poder garantizar los servicios b\u00e1sicos a los residentes.<\/p>\n
-Que la fiscal\u00eda federal en Puerto Rico tuvo 375 veredictos de culpabilidad por corrupci\u00f3n entre 2008 y 2017.<\/p>\n
-Que el a\u00f1o pasado un alcalde y dos exoficiales fueron acusados. (El informe no los nombra pero el record es que el a\u00f1o pasado fueron acusados a nivel federal el exalcalde novoprogresista de Yauco, Abel Nazario<\/a>, el exalcalde popular de Sabana Grande, Miguel ‘Pap\u00edn’ Ortiz<\/a>, y los exfuncionarios del municipio de Toa Baja, \u00c1ngel Santos Garc\u00eda y V\u00edctor Cruz Quintero<\/a>).<\/p>\n -Sin decir su nombre, alude a la condena en 1999 del exalcalde novoprogresista de Toa Alta, \u00c1ngel ‘Buzo’ Rodr\u00edguez, por pedir un soborno de $2.5 millones relacionados a trabajos de remoci\u00f3n de escombros tras el paso del hurac\u00e1n Georges.<\/p>\n -Tambien sin decir su nombre, la condena del expresidente de la C\u00e1mara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, Edison Misla Aldarondo, en 2003 por un esquema de extorsi\u00f3n y lavado de dinero.<\/p>\n -Y la sobre facturaci\u00f3n de la Autoridad de Energ\u00eda Electrica a sus abonados por m\u00e1s de $1,000 millones.<\/p>\n Sin mencionar la reciente discusi\u00f3n sobre la designaci\u00f3n de un ‘zar de la recuperaci\u00f3n’, el documento concluye que ‘podr\u00eda ser necesaria mayor fiscalizaci\u00f3n con los fondos federales que se provean en el futuro para minimizar el desperdicio, fraude y abuso y para optimizar la efectividad para los residentes de Puerto Rico’.<\/p>\n
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