Gobernador debe firmar el documento.<\/i><\/p>\n
La Asamblea Legislativa escuch\u00f3 el reclamo de miles de empleados p\u00fablicos a quienes el Gobierno no les permite jubilarse al aprobar el Proyecto del Senado 1131, el cual ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a revisar las solicitudes de aquellos trabajadores que solicitaron el preretiro desde hace tres a\u00f1os.<\/p>\n
La medida tiene su base en el incumplimiento del Gobierno con la ahora derogada Ley 211 de 2015, la cual cre\u00f3 el Programa de Preretiro Voluntario<\/a> y permit\u00eda que empleados de 61 a\u00f1os de edad pudieran retirarse voluntariamente con una pensi\u00f3n equivalente al 60% de su retribuci\u00f3n promedio.<\/p>\n A esos fines, se deleg\u00f3 a OGP el an\u00e1lisis y la decisi\u00f3n respecto a las solicitudes, pues al momento de implementaci\u00f3n, y ante la agravada crisis fiscal, se requer\u00eda un comprobante de que el programa no tendr\u00eda un impacto adverso en las arcas del Sistema de Retiro.<\/p>\n Pese a que la Ley 211 fue derogada por la Ley 106 de 2017<\/a> –llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores P\u00fablicos–, el reemplazo garantizaba todos los derechos y obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de preretiro antes de la anulaci\u00f3n del estatuto.<\/p>\n Sin embargo, un c\u00famulo de 11,600 empleados ha denunciado la falta de voluntad de OGP y el Gobierno para hacer valer dicho acuerdo y concretar la jubilaci\u00f3n del servicio p\u00fablico que ya hab\u00eda sido aprobada mediante certificaci\u00f3n.<\/p>\n Mira: <\/b>Casi 12,000 empleados p\u00fablicos pueden retirarse y no los dejan<\/b><\/a><\/p>\n ‘Han sido muchas las personas que nos informaron con gran preocupaci\u00f3n que OGP les deneg\u00f3 la petici\u00f3n de acogerse al preretiro voluntario, a pesar de cumplir con los requisitos, haber solicitado a tiempo y resultar favorable econ\u00f3micamente para la agencia gubernamental para la que trabajaban. Se evidenci\u00f3 que la OGP no aprob\u00f3 las solicitudes de preretiro de varias entidades a pesar de que esto representaba un ahorro para la agencia y no tendr\u00eda un impacto adverso en el funcionamiento y servicios de la misma’, sostuvo el senador Lawrence ‘Larry’ Seilhamer Rodr\u00edguez.<\/p>\n Seilhamer Rodr\u00edguez y su correligionaria Migdalia Padilla Alvelo radicaron las resoluciones 252 y 570 por petici\u00f3n de los empleados p\u00fablicos afectados por la inacci\u00f3n de OGP. A consecuencia, radicaron y lograron la aprobaci\u00f3n del PS 1131.<\/p>\n La medida dispone que OGP debe completar la revaluaci\u00f3n en o antes del 31 de enero de 2019.<\/p>\n En vistas p\u00fablicas, la agencia administradora afirm\u00f3 que 40 planes de preretiro fueron aprobados de un total de 116 agencias, acto que represent\u00f3 un ahorro neto<\/a> para el primer a\u00f1o de sobre $16 millones y un ahorro neto de m\u00e1s de $150 millones al completar la iniciativa.<\/p>\n En el caso de los municipios, se aprobaron los planes de preretiro para cuatro de 78 municipios. Esto igual\u00f3 a un ahorro neto de $65,202 en el primer a\u00f1o para los ayuntamientos.<\/p>\n ‘Es necesario que se reval\u00faen las solicitudes que fueron presentadas al programa de preretiro. Ante la situaci\u00f3n de emergencia fiscal que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, tenemos la responsabilidad de presentar medidas que generen ahorros y logren eficiencia para alcanzar un balance fiscal. Adem\u00e1s, garantizamos un proceso transparente y uniforme’, declar\u00f3, por su parte, Padilla Alvelo, quien preside la Comisi\u00f3n de Hacienda en el Senado.<\/p>\n