Los dos mil psic\u00f3logos licenciados en Puerto Rico pudieran quedar prohibidos de ejercer su profesi\u00f3n a partir del pr\u00f3ximo a\u00f1o, debido a un reglamento de la Junta Examinadora de Psic\u00f3logos, en donde se les ha requerido una nueva certificaci\u00f3n de proveedores de servicios de salud, adicional a la licencia general estipulada en la ley, denunci\u00f3 el miercoles el Movimiento Aut\u00f3nomo de Psic\u00f3logos (MAP).<\/p>\n
La propia Junta indic\u00f3 en su convocatoria p\u00fablica que los psic\u00f3logos deben solicitar la nueva certificaci\u00f3n previo a noviembre de 2015, ya que las solicitudes recibidas despu\u00e9s de esa fecha podr\u00edan no estar resueltas para ejercer en enero. Requerir esta certificaci\u00f3n persigue, seg\u00fan la Junta, ‘constatar que el proveedor tiene competencias m\u00ednimas para evaluaci\u00f3n, diagn\u00f3stico y tratamiento’, pese a que por Ley 96 ya se dispone una licencia general para reglamentar la profesi\u00f3n.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n alarm\u00f3 a estos profesionales de la salud, que se reunieron en el MAP, no solo por considerarla arbitraria, sino porque pudiera crear ‘un disloque en los servicios de salud mental’ debido a la cantidad de psic\u00f3logos que necesitar\u00edan recertificarse como practicantes, adem\u00e1s de obtener un certificado adicional. Cifras oficiales indican que existen 2,466 psic\u00f3logos licenciados activos en Puerto Rico, lo que equivale a un psic\u00f3logo por cada 1,419 ciudadanos.<\/p>\n
‘No necesitamos una junta, que no permita el trabajo de los psic\u00f3logos, sino por el contrario, necesitamos una Junta que facilite la posibilidad de que estudiantes formados en universidades prestigiosas, cuyos egresados tienen pr\u00e1cticas en Estados Unidos y el mundo, puedan seguir practicando’, coment\u00f3 la doctora Amaryllis Mu\u00f1oz Col\u00f3n, coordinadora general delMAP.<\/p>\n
La convocatoria firmada por la Secretaria de Salud, Ana R\u00edus, exige un pago de $50 a nombre del Secretario de Hacienda, as\u00ed como evidencia de al menos 12 cr\u00e9ditos a nivel graduado enel \u00e1rea de pr\u00e1ctica que reclamen. El pago supone un total de $123,000 recaudos nuevos para Hacienda. En algunos estados de Estados Unidos existe la licencia, pero no de forma obligatoria, seg\u00fan el grupo. ‘Se nos est\u00e1 exigiendo una licencia que ninguna otra jurisdicci\u00f3n tiene’, coment\u00f3 Mu\u00f1oz Col\u00f3n.<\/p>\n
‘Nos ver\u00edamos amenazados… En mi caso, yo tengo licencia desde 1985. Estoy amenazado que si no lleno esos nuevos requisitos de la junta, se me acuse de estar practicando la psicolog\u00eda sin la debida licencia, lo que es absurdo porque yo tengo la licencia’, coment\u00f3 el doctor Jorge A. Montijo.<\/p>\n
Bajo la Ley 96, se exige que los practicantes y docentes renueven su licencia cada tres a\u00f1os, para lo cual deben evidenciar que han tomado 45 cr\u00e9ditos de educaci\u00f3n continua.<\/p>\n
El grupo inform\u00f3 que la enmienda al reglamento viola la autonom\u00eda universitaria debido a que exige que todo profesional licenciado evidencie que el curr\u00edculo cumple con los criterios de especialidad que han establecido. ‘El que no presente eso, no pueda continuar con la pr\u00e1ctica de la psicolog\u00eda… Va hacia la erosi\u00f3n de la autonom\u00eda universitaria porque son las universidades las que establecen cu\u00e1l es la formaci\u00f3n de los psic\u00f3logos’, argument\u00f3Mu\u00f1oz Col\u00f3n.<\/p>\n
Por otro lado, se inform\u00f3 que el grupo De Frente a la Rev\u00e1lida se reuni\u00f3 esta ma\u00f1ana en la Comisi\u00f3n de Salud de la C\u00e1mara, presidida por la representante Lydia M\u00e9ndez, para conversar acerca de la derogaci\u00f3n de la Ley 281 de 2012, que estableci\u00f3 una nueva prueba de rev\u00e1lida ofrecida por la Association of States and Provincial Psychology Boards (ASPPB). Esta enmienda elimin\u00f3 la rev\u00e1lida puertorrique\u00f1a para establecer una extranjera, que seg\u00fan este grupo, no sigue las particularidades de la diversidad puertorrique\u00f1a.<\/p>\n
Seg\u00fan dijeron, esta prueba se basa en criterios raciales que no son aplicables a Puerto Rico y que no se ense\u00f1an en las universidades. Solo 43 de 207 estudiantes registrados han tomado la prueba y ninguno la ha pasado. ‘Estamos en el limbo hace dos a\u00f1os… No hay nuevas licencias desde hace dos a\u00f1os’, coment\u00f3 la profesora Rowina Garc\u00eda, quien es una de las que no ha podido ejercer pendiente a la derogaci\u00f3n de la prueba.<\/p>\n
Mu\u00f1oz Col\u00f3n exigi\u00f3, adem\u00e1s, modificar el modo en que se seleccionan a los miembros de la Junta, para que en lugar de ser nombrados por el Gobernador, se cercioren de que sean personas con mirada colegial.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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