La reciente determinaci\u00f3n del juez federal Francisco Besosa sobre la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperaci\u00f3n de las Corporaciones P\u00fablicas de Puerto Rico, tambien conocida como ‘quiebra criolla’, debe ser apelada por la administraci\u00f3n de turno, a juicio de la exgobernadora Sila Mar\u00eda Calder\u00f3n.<\/p>\n
El estatuto, aprobado en tan s\u00f3lo 24 horas, permit\u00eda manejar las deudas de las corporaciones p\u00fablicas mediante negociaci\u00f3n de s\u00f3lo una parte de los bonistas. Besosa declar\u00f3 el viernes en la noche nula la Ley 71 y prohibi\u00f3 al primer ejecutivo, Alejandro Garc\u00eda Padilla, ponerla en vigor.<\/p>\n
‘Entiendo que el secretario de Justicia (C\u00e9sar Miranda) va a examinar la posibilidad de apelar esa decisi\u00f3n. Yo no soy parte del Departamento de Justicia pero a mi me gustar\u00eda que se apelara porque el prop\u00f3sito de esa legislaci\u00f3n es poder separar las corporaciones p\u00fablicas, desde el punto de vista financiero, del resto del Gobierno, de la administraci\u00f3n p\u00fablica de Puerto Rico’, indic\u00f3 la exmandataria este s\u00e1bado.<\/p>\n
NotiCel se comunic\u00f3 con la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, para que reaccionara a la anulaci\u00f3n del estatuto, pero su portavoz, Betsy Nazario, explic\u00f3 que la instituci\u00f3n financiera se acoger\u00eda a lo que ya hab\u00eda expresado el titular de Justicia.<\/p>\n
‘Como indic\u00f3 C\u00e9sar Miranda, se estar\u00e1n evaluando todos los par\u00e1metros de la decisi\u00f3n emitida por el juez Francisco Besosa. A su debido tiempo y luego del examen de rigor, habremos de determinar el curso a seguir’, se\u00f1al\u00f3 la funcionaria en declaraciones escritas.<\/p>\n
De acuerdo al escrito del juez, la ley no s\u00f3lo viola la cl\u00e1usula de supremac\u00eda, que establece que las leyes federales van por encima de una ley local que est\u00e9 en conflicto, sino que viola la cl\u00e1usula constitucional que prohibe estatutos que violenten obligaciones contractuales y la cl\u00e1usula que proh\u00edbe al gobierno tomar propiedad privada sin justa compensaci\u00f3n, o lo que se conoce como el ‘Taking Clause’.<\/p>\n
Besosa examin\u00f3 la ley federal de quiebras para concluir que sus definiciones expresamente prohiben a Puerto Rico hacer una ley de quiebra local, ya que el estatuto impide a los estados hacer sus propias leyes de quiebras. El juez sostuvo que la definici\u00f3n de ‘estado’ en la ley federal incluye a Puerto Rico y a Washington,D.C., excepto cuando se define qui\u00e9n puede ser deudor para los prop\u00f3sitos de la ley.<\/p>\n
Asimismo, el jurista concluy\u00f3 que la ley federal violenta la cl\u00e1usula constitucional que prohibe leyes que atenten obligaciones contractuales. Aunque el ELA argument\u00f3 que no hay forma de saber que la ley rompa una obligaci\u00f3n contractual hasta que alguna agencia la utilice, Besosa dijo que ese argumento no es persuasivo.<\/p>\n
Las expresiones de Calder\u00f3n se dieron en la graduaci\u00f3n de sobre 200 mujeres del programa empresarial del Centro Para Puerto Rico, organizaci\u00f3n que lleva su nombre.<\/p>\n
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