Mientras que a nivel federal, en el Ejecutivo, el Congreso y el Judicial, los informes de \u00e9tica son documentos abiertos a los que todos pueden tener acceso, incluso por internet, aqu\u00ed una coalici\u00f3n de pol\u00edticos rojos y azules revis\u00f3 la Ley de \u00c9tica para hacer m\u00e1s dif\u00edcil el acceso a dichos informes, y para eliminar de la Ley el concepto por el cual cay\u00f3 el convicto exsenador Jorge de Castro Font.<\/p>\n
La delegaci\u00f3n novoprogresista del Senado, el presidente del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), y candidato a la gobernaci\u00f3n, Alejandro Garc\u00eda Padilla, el comisionado electoral del PPD, y senador, Jorge Su\u00e1rez, y uno de los principales fiscalizadores del PPD, el senador Eder Ortiz, se pusieron de acuerdo anoche para aprobar el proyecto que ‘reforma’ la Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG).<\/p>\n
Entre los cambios, se elimina el concepto de enriquecimiento injustificado como una de las prohibiciones que aplican a los informes de los funcionarios. Este concepto de contabilidad, que se activa cuando una persona presenta adquisici\u00f3n de bienes o disminuci\u00f3n de deudas que no est\u00e1n justificadas con sus ingresos formales, fue clave en el procesamiento de De Castro Font. En el proyecto aprobado, los ‘bonos de empresas privadas’ est\u00e1n excluidos de la categor\u00eda de ingresos que hay que reportar.<\/p>\n
Junto con estos cambios, se mantiene la confidencialidad con la que la ley reviste los informes financieros para que s\u00f3lo se puedan enterar de su contenido aquellos que tienen conocimiento sobre violaciones. Es decir, la persona tiene que estar segura de que tiene un dato que impugna el informe, para entonces tener acceso al informe. Peor, la pena por divulgar datos contenidos en los informes aument\u00f3 de uno a tres a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Entre las prohibiciones \u00e9ticas que la ley actual le pone a los funcionarios p\u00fablicos, y que el proyecto las elimina, est\u00e1n: que ning\u00fan funcionario desacatar\u00e1 las \u00f3rdenes de un tribunal, la Legislatura, o las agencias ejecutivas con autoridad; y que ning\u00fan funcionario ‘dilatar\u00e1 la prestaci\u00f3n de los servicios que las agencias ejecutivas… ni entorpecer\u00e1 el funcionamiento eficiente de la Rama Ejecutiva’.<\/p>\n
El proyecto excluy\u00f3 a los ‘miembros de las juntas examinadoras’, y a los ‘representantes del inter\u00e9s p\u00fablico, del sector privado o del sector no gubernamental que sirven en esas juntas’ de la lista de funcionarios obligados a someter informes financieros.<\/p>\n
Los cambios tambi\u00e9n se encuentran entre la versi\u00f3n del proyecto propuesta originalmente, y la finalmente aprobada.<\/p>\n
Por ejemplo, en la versi\u00f3n original, una auditor\u00eda de un informe financiero podr\u00eda ser reabierta por informaci\u00f3n p\u00fablica de la que la OEG tomara conocimiento, o porque ‘una fuente externa provea’ informaci\u00f3n. En la versi\u00f3n final eso cambi\u00f3 a que una persona, bajo juramento, provea informaci\u00f3n ‘esencial’ a la auditor\u00eda. En cuanto a los referidos, ahora se requiere que ‘[s]e haya probado en un proceso administrativo o judicial, estatal o federal, la falsedad de determinada informaci\u00f3n sometida durante el proceso de auditor\u00eda, siempre que dicha informaci\u00f3n haya sido el eje de la investigaci\u00f3n’.<\/p>\n
En cuanto a la capacidad de un funcionario para dejar su cargo e irse con empresas o personas con las que manej\u00f3 asuntos cuando era funcionario, la ley vigente tiene como elemento determinante el que la persona est\u00e9 vinculado a esa empresa, no dice c\u00f3mo.<\/p>\n
La nueva ley requiere que exista un contrato, y si el contrato es sin paga, no aplica la prohibici\u00f3n. Tambi\u00e9n con los exfuncionarios, ahora estos podr\u00e1n dar informaci\u00f3n a entes externos con los que manejaron asuntos en la agencia siempre y cuando no haya intervenido ‘personal y sustancialmente’ en esos asuntos.<\/p>\n
De hecho, el tiempo de enfriamiento entre la salida del funcionario y su reinserci\u00f3n a la empresa privada baj\u00f3 de dos a un a\u00f1o, y se cre\u00f3 una excepci\u00f3n nueva por la que cabe el Titanic: ‘[e]sta prohibici\u00f3n no es de aplicaci\u00f3n al ex servidor p\u00fablico al que le interesa regresar al sector no gubernamental especializado del cual provino, siempre y cuando sus acciones oficiales no hubieran favorecido preferentemente a la entidad en la que se propone ocupar un cargo, tener inter\u00e9s pecuniario o contratar’.<\/p>\n
La educaci\u00f3n en asuntos de \u00e9tica a trav\u00e9s del Centro para el Desarrollo del Pensamiento \u00c9tico aument\u00f3 de 10 horas cada dos a\u00f1os a 20 horas cada dos a\u00f1os, pero ahora los cursos se pueden tomar en entidades privadas, en vez de s\u00f3lo con el Centro.<\/p>\n
En cuanto a la direcci\u00f3n ejecutiva de la OEG, reci\u00e9n nombrada por el gobernador Luis Fortu\u00f1o para los pr\u00f3ximos 10 a\u00f1os, aument\u00f3 su salario anual de $75,000 a $125,000; y ahora para destituirla se requiere la activaci\u00f3n de toda la Legislatura, en vez de s\u00f3lo el Tribunal Supremo.<\/p>\n
El proyecto parece restarle poderes tambi\u00e9n al Gobernador, ya que ahora \u00e9l es la autoridad que tiene que evaluar las dispensas, y con el proyecto esa autoridad reside en la direcci\u00f3n de la OEG.<\/p>\n
En las vistas p\u00fablicas sobre el proyecto s\u00f3lo testificaron entidades p\u00fablicas y los grupos de alcaldes, nadie del sector privado, period\u00edstico, ni acad\u00e9mico.<\/p>\n
Para ver el proyecto seg\u00fan aprobado, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Para ver la Ley de \u00c9tica vigente, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n