El gobierno objet\u00f3 la facturaci\u00f3n.<\/i><\/p>\n
El Gobierno de Puerto Rico objet\u00f3 como ‘irrazonables (e) innecesarias’ algunas de las facturaciones que someti\u00f3 en el caso de quiebras el bufete de abogados del Comite de Acreedores no Asegurados, Paul Hastings.<\/p>\n
La facturaci\u00f3n fue por servicios rendidos en marzo de 2018 y se coloca en el marco de una pugna paralela entre el gobierno y el comite por la investigaci\u00f3n de la deuda que realiza la Junta de Control Fiscal (JCF). Tambien ocurre despues de que ya el examinador de facturas que trabaja para el tribunal de quiebras hubiera alertado que la facturaci\u00f3n reflejaba duplicidad de esfuerzos facturados, exceso en gastos reembolsables y aparente abuso de la facturaci\u00f3n por investigaciones y uso de base de datos<\/a>.<\/p>\n Todas las facturas de los comites, as\u00ed como sucede con el presupuesto de la JCF, se paga con cargo a los contribuyentes de Puerto Rico. Como ha revelado el Centro de Periodismo Investigativo,<\/a> las facturaciones han conllevado que algunos abogados y otros profesionales involucrados en el caso cobren m\u00e1s de lo que cobran funcionarios cuyos salarios han sido controversiales, como la Secretaria de Educaci\u00f3n y el director de la Autoridad de Energ\u00eda Electrica.<\/p>\n En el caso de la objeci\u00f3n sometida por el gobierno el 6 de junio pasado, se trata de las gestiones que el Comite realiz\u00f3 como agente del gobierno en la disputa entre los bonistas de COFINA y el gobierno. Eso result\u00f3 en un proyecto de acuerdo, que el gobierno todav\u00eda no ha avalado, bajo el que los acreedores de COFINA se quedan con todo el dinero recaudado por el IVU hasta ahora y, del 1 de julio en adelante, se dividen ese dinero a raz\u00f3n de 53.65% para los bonistas y 46.35% para el gobierno<\/a>.<\/p>\n Gastos objetados<\/strong><\/p>\n De los $1.8 millones que Hastings someti\u00f3 para pago por esa negociaci\u00f3n, el gobierno objeta que el bufete tuviera a 25 abogados trabajando simult\u00e1neamente con el tema. El examinador de facturaci\u00f3n, el bufete Godfrey & Kahn, hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n del tribunal a esto indicando que ‘es dif\u00edcil concluir que cualquier asunto pueda justificar la cantidad masiva de recursos que se han asignado’.<\/p>\n Adem\u00e1s, el gobierno objet\u00f3 un truco de Hastings cuando acord\u00f3 voluntariamente hacer un descuento de 20% en su facturaci\u00f3n, pero aplic\u00f3 el descuento al 100% de su facturaci\u00f3n. Para el gobierno, lo que debi\u00f3 suceder es que el bufete aplique el descuento despues de que el tribunal eval\u00fae las objeciones y le ordene cualquier reducci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n Otro rengl\u00f3n objetado es el cobro de $7,006.50 por ‘revisar art\u00edculos noticiosos relacionados a los casos de T\u00edtulo III (quiebras)’. El gobierno cree que leer art\u00edculos debe ser un costo de operaci\u00f3n del bufete y no una tarea por la que facturan.<\/p>\n Otro cargo objetado similar es el de $7,411.05 por el tiempo que un paralegal pas\u00f3 entregando copias en papel de las mociones radicadas electr\u00f3nicamente. De la misma manera, objetaron $2,316 por gastos de transportaci\u00f3n que no estaban apropiadamente fundamentados y $1,140 por ‘b\u00fasqueda en computadora’ que nadie sabe a que se refiere ni c\u00f3mo se justifica.<\/p>\n