Un caso com\u00fan de violencia domestica ha destapado la posibilidad de que los grilletes electr\u00f3nicos utilizados en Puerto Rico y Estados Unidos esten siendo usados para violar los derechos constitucionales de quienes tienen que portarlos como requisito para su libertad condicional. Estos grilletes est\u00e1n equipados con una especie de telefono celular que puede espiar las conversaciones de quienes los llevan puestos.<\/p>\n
La situaci\u00f3n fue descubierta por el abogado Ferm\u00edn Arraiza Navas cuando un hombre le consult\u00f3 en abril de 2013 para que le representara en un caso criminal de violencia dom\u00e9stica.<\/p>\n
Antes de comenzar la entrevista Arraiza Navas le pregunt\u00f3 casualmente a su cliente sobre el grillete electr\u00f3nico con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que le hab\u00edan colocado como condici\u00f3n para su libertad bajo fianza y el hombre le coment\u00f3 que ‘me hablan por ah\u00ed’, refiri\u00e9ndose al aparato. Arraiza Navas cancel\u00f3 de inmediato la reuni\u00f3n y radic\u00f3 una moci\u00f3n en el Tribunal Superior de San Juan para que se removiera el aparato de su cliente.<\/p>\n
Arraiza Navas relat\u00f3 al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que hab\u00eda tenido otro cliente con un grillete electr\u00f3nico con GPS el cual comenz\u00f3 a vibrar durante una consulta legal entre ambos.<\/p>\n
El Tribunal celebr\u00f3 una audiencia sobre el asunto y escuch\u00f3 el testimonio de un agente del Departamento de Correcci\u00f3n que trabaja en el centro de monitoreo de imputados libres bajo fianza de la Oficina de Servicios con Antelaci\u00f3n al Juicio (OSAJ).<\/p>\n
Desde la sala del Tribunal el agente hizo una llamada telef\u00f3nica a trav\u00e9s del aparato a una t\u00e9cnica de la compa\u00f1\u00eda SecureAlert que es la contratada para ofrecer y operar los grilletes. La mujer estaba en Sandy, Utah.<\/p>\n
La t\u00e9cnica fue interrogada a trav\u00e9s del grillete electr\u00f3nico con GPS, el cual tiene una opci\u00f3n de tel\u00e9fono celular y declar\u00f3 que, aunque se supone que el aparato vibre cuando se activa desde Utah, no hay garant\u00eda de que se no se pueda iniciar una comunicaci\u00f3n o prender el aparato sin ning\u00fan tipo de alerta o acci\u00f3n alguna del portador.<\/p>\n
La juez Elizabeth Linares Santiago orden\u00f3 la remoci\u00f3n del aparato en la Oficina de los Alguaciles del Tribunal durante el tiempo necesario para que el acusado y su abogado se reunieran en privado.<\/p>\n
Una vez concluida la reuni\u00f3n, el grillete electr\u00f3nico con GPS fue recolocado al imputado hasta la vista de causa probable para juicio. En ese caso un juez desestim\u00f3 el cargo de maltrato agravado que requer\u00eda el grillete como una condici\u00f3n para la libertad bajo fianza.<\/p>\n
Aunque en este caso el asunto se torn\u00f3 acad\u00e9mico, la controversia prevalece para los miles de sospechosos que cumplen con las condiciones para su libertad bajo fianza y para los convictos en libertad bajo palabra o probatoria en Puerto Rico y Estados Unidos cuyas conversaciones privadas pueden estar siendo escuchadas o grabadas sin su conocimiento y sin una orden judicial.<\/p>\n
Arraiza Navas argument\u00f3 que, tanto en la audiencia judicial cuando el Oficial Correccional ofreci\u00f3 la demostraci\u00f3n del grillete electr\u00f3nico con GPS y tel\u00e9fono celular integrado, como cuando el aparato de su cliente anterior comenz\u00f3 a vibrar tan duro que se o\u00eda durante la reuni\u00f3n entre imputado y abogado, nadie escuch\u00f3 ning\u00fan timbre, pito o sonido que indicara que la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica mediante el grillete hab\u00eda concluidooi.<\/p>\n
En su moci\u00f3n al Tribunal, Arraiza Navas se\u00f1al\u00f3 que los operadores del sistema le informaron que el grillete era susceptible a ‘activarse unilateralmente’ desde el centro de mando y que ‘se pod\u00edan escuchar las conversaciones’ de quienes los portaban.<\/p>\n
‘Esta situaci\u00f3n plantea un problema no solamente de violaci\u00f3n al derecho a la intimidad m\u00e1s all\u00e1 del derecho que tenga el Estado de supervisar a una persona imputada de un delito’, argument\u00f3 Arraiza Navas en su moci\u00f3n. ‘El problema y violaci\u00f3n constitucional se extiende al violentar el derecho que tiene todo imputado de delito a reunirse con su abogado y a mantener la confidencialidad de las conversaciones leg\u00edtimas que sostenga con \u00e9stos en preparaci\u00f3n para los procedimientos judiciales’.<\/p>\n
La moci\u00f3n menciona que los mecanismos de interceptaci\u00f3n telef\u00f3nica utilizados por la OSAJ se hacen ‘sin advertencia al usuario del brazalete’\u2026 ‘son totalmente inconstitucionales e ilegales’.<\/p>
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