No puede ser la ‘nueva realidad’, dice Ayuda Legal<\/i><\/p>\n
Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) exigi\u00f3 hoy al gobierno una respuesta mucho m\u00e1s efectiva ante el desastre originado por los terremotos, con refugios libres de riesgos a la seguridad y a la salud pero, sobre todo, con un cambio inmediato de paradigma de refugiados de campamentos a viviendas.<\/p>\n
‘El desastre no ha terminado. Este es un tiempo muy cr\u00edtico para las miles de personas que viven en condiciones pauperrimas, insalubres, inseguras y, en ocasiones, militarizadas’, dijo Adriadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, en una mesa redonda para medios de comunicaci\u00f3n celebrada hoy en la sede de la organizaci\u00f3n, en Santurce.<\/p>\n
‘Los refugios no se pueden convertir en la nueva realidad. Exigimos que las 20,000 personas a quienes los terremotos han desplazado de sus hogares tengan acceso a ayuda inmediata y que en esa ayuda incluya viviendas, ya sea de manera temporera o permanente’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n dedicada a defender el derecho a una vivienda digna comenz\u00f3 esta semana a llevar brigadas legales comunitarias a las familias desplazadas. Estas brigadas estuvieron el martes con refugiados de Gu\u00e1nica, ayer lo hicieron en Yauco y ma\u00f1ana s\u00e1bado se dar\u00e1n cita a Guayanilla.<\/p>\n
Godreau Aubert destac\u00f3 que 175 personas, entre abogadas y abogados y estudiantes de Derecho, respondieron al llamado, tomaron un adiestramiento en l\u00ednea de ALPR y est\u00e1n participando de las brigadas, donde escuchan las situaciones que les plantean los refugiados y llenan las solicitudes de asistencia individual con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).<\/p>\n
‘Nuestra intenci\u00f3n es acompa\u00f1ar a cada una de las familias afectadas por el desastre, ya sea porque perdieron sus hogares o porque viven en un estado de incertidumbre al todav\u00eda desconocer el verdadero estado de sus viviendas. Agradecemos profundamente a las abogadas y estudiantes probonistas que han hecho suyo este esfuerzo de acompa\u00f1amiento’, dijo Godreau Aubert.<\/p>\n
Destac\u00f3 que la responsabilidad del gobierno no ha terminado. Por el contrario, el gobierno tiene la obligaci\u00f3n de mantener los campamentos para refugiados en condiciones seguras y salubres.<\/p>\n
Explic\u00f3 que una de las quejas que han recibido es que en los campamentos del gobierno se vive en un ambiente militarizado. Tambien indic\u00f3 que es urgente implantar protocolos de violencia de genero para evitar la interacci\u00f3n de v\u00edctimas de esta violencia con sus agresores y para que no convivan en un mismo espacio f\u00edsico ni\u00f1os y adolescentes con adultos que est\u00e1n en el Registro de Ofensores Sexuales.<\/p>\n
Asimismo, denunci\u00f3 que personal del gobierno han lanzado amenazas, incluyendo remover la custodia de hijos, a quienes se nieguen a cambiarse de los campamentos organizados por las propias comunidades a los del gobierno.<\/p>\n
Para cambiar el paradigma de los campamentos de refugiados a reubicar en viviendas, explic\u00f3 Godreau Aubert, el gobierno tiene la alternativa de hacer un inventario completo de propiedades residenciales re-pose\u00eddas por los bancos hipotecarios o que por alguna otra raz\u00f3n est\u00e1n ahora mismo vacantes y adquirir una parte para que las habiten las familias que han perdido su hogar. Record\u00f3 que, seg\u00fan los datos que dio el propio gobierno el 17 de enero, los terremotos destruyeron unas 700 viviendas.<\/p>\n
Por su parte, Paula Fournier, abogada de ALPR, advirti\u00f3 que el gobierno de Puerto Rico perdi\u00f3 un tiempo extremadamente valioso al esperar cuatro d\u00edas entre la solicitud inicial de emergencia al gobierno federal, que solo sirve para pagar o reembolsar los gastos del gobierno puertorrique\u00f1o, a la solicitud de desastre mayor, que es la que permite que las familias acceder a ayudas federales. Para colmo, el gobierno puertorrique\u00f1o no incluy\u00f3 a todos los municipios afectados en su solicitud inicial y esper\u00f3 diez d\u00edas para enmendarlo. ‘Esto fue una dilaci\u00f3n completamente innecesaria’, denunci\u00f3 Fournier.<\/p>\n
Entre tanto, Nicole D\u00edaz, tambien abogada de ALPR, dijo que es urgente en cada uno de los 15 municipios para los que se ha solicitado una declaraci\u00f3n de desastre mayor FEMA habilite centros accesibles, seguros y no militarizados para que las personas desplazadas puedan solicitar las ayudas a las que tienen derecho.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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