{"id":11913,"date":"2018-08-16T00:00:00","date_gmt":"2018-08-16T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/junta-fiscal\/top-stories\/20180816\/gobierno-gasta-mas-que-la-junta-en-abogados-de-quiebra\/"},"modified":"2025-07-28T08:30:35","modified_gmt":"2025-07-28T08:30:35","slug":"gobierno-gasta-mas-que-la-junta-en-abogados-de-quiebra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20180816\/gobierno-gasta-mas-que-la-junta-en-abogados-de-quiebra\/","title":{"rendered":"Gobierno gasta m\u00e1s que la Junta en abogados de quiebra"},"content":{"rendered":"

Tambi\u00e9n en consultores financieros<\/i><\/p>\n

Los abogados de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno de Puerto Rico com\u00edan en mesas separadas, poco despues del mediod\u00eda del miercoles, 25 de julio, en la cafeter\u00eda del edificio que alberga al Tribunal Federal en Hato Rey.<\/p>\n

All\u00ed estaba John Rapisardi, del bufete O’Melveny, el principal abogado de reestructuraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, mientras en otra mesa se ve\u00eda a Martin Bienenstock, el abogado titular de la Junta.<\/p>\n

Como muchos de los ejecutivos de la quiebra, Rapisardi conoc\u00eda de antes el tema de Puerto Rico. En agosto del 2016, casi un a\u00f1o antes de firmar su primer contrato con el Gobierno, particip\u00f3 de un evento <\/a>auspiciado<\/a> por la C\u00e1mara de Comercio sobre la Ley PROMESA, en un hotel de Condado. Afuera en la avenida Ashford, se asomaban las protestas en contra de la ley federal y las medidas de austeridad. Algunos de los asistentes al evento llegaron hasta all\u00ed en peque\u00f1os botes, por la Laguna San Jose, para poder acceder al recinto sin enfrentar a los manifestantes.<\/p>\n

‘Lo que ser\u00e1 importante para la efectividad de la Junta y satisfacer sus altas expectativas es que mantenga su autonom\u00eda y el control del proceso. Habr\u00e1 mucho ruido de fondo’, dijo el abogado durante su presentaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n

A\u00f1o y medio despues, Rapisardi firm\u00f3 la demanda en nombre del Gobierno retando el control de la Junta, y cobra $1,147.50 la hora mediante un contrato que ya le ha rendido m\u00e1s de $2.6 millones.<\/p>\n

Una petici\u00f3n de reacci\u00f3n al abogado no fue contestada al cierre de esta edici\u00f3n.<\/p>\n

Aunque PROMESA empodera a la Junta como \u00fanico representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administraci\u00f3n Rossell\u00f3 Nevares cuenta con su propio batall\u00f3n de abogados y consultores que participan activamente en el proceso.<\/p>\n

Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un a\u00f1o.<\/p>\n

En los primeros 14 meses de los casos de quiebra de Puerto Rico, los ejecutivos de la quiebra contratados por el Gobierno superan a los abogados y consultores financieros de la Junta en cantidad facturada. El bando de Rossell\u00f3 Nevares sum\u00f3 casi $90 millones durante este periodo, unos $25 millones m\u00e1s que el equipo de la Junta. Esto ocurre en momentos en que, por ejemplo, se cierran escuelas y faltan trabajadores sociales para atender casos en el Departamento de la Familia.<\/p>\n

Duplicidad de trabajo<\/strong><\/p>\n

Para trabajar temas relacionados a la Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE), el Gobierno usa principalmente a dos firmas consultoras, Filsinger Energy y Ankura, al igual que dos bufetes extranjeros, Greenberg Traurig y O’Melveny. Todos tienen contratos multimillonarios y su trabajo cubre desde la operaci\u00f3n de la entidad y los planes futuros de la AEE — incluyendo el proceso de privatizaci\u00f3n — hasta la reconstrucci\u00f3n del sistema tras el hurac\u00e1n Mar\u00eda y la revisi\u00f3n de contratos como los de Whitefish y Cobra Energy.<\/p>

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Esta consultor\u00eda es adicional a la que recibe la Junta de sus abogados y consultores, tales como Citigroup, Proskauer Rose y McKinsey & Co., quienes tambien trabajan en los mismos temas, tanto en la AEE como en el resto del Gobierno. En total, m\u00e1s de una docena de bufetes y firmas de consultor\u00eda financiera asesoran sobre la quebrada corporaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Seg\u00fan se observa en las facturas, todas estas firmas sostienen frecuentemente reuniones o llamadas de conferencia donde todos participan: los consultores del Gobierno, los de la Junta y personal de la AEE. Atienden temas como la liquidez de la corporaci\u00f3n p\u00fablica, la reestructuraci\u00f3n de su deuda, los trabajos de reconstrucci\u00f3n y la venta de activos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de participar del proceso judicial en los casos de T\u00edtulo III, los abogados y consultores del Gobierno trabajan en los mismos temas que los que contrata la Junta: la confecci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de planes fiscales y presupuestos; proyectos cr\u00edticos de infraestructura y alianzas p\u00fablico-privadas; y la reestructuraci\u00f3n de la deuda p\u00fablica. Para el Tribunal Federal y algunos expertos consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), esta duplicidad es una de las principales razones para que la cuenta a pagar por estos servicios sobrepase ya los $220 millones en tan solo un a\u00f1o de los casos de quiebra.<\/p>\n

‘Hay duplicidad en la representaci\u00f3n del Gobierno en la mayor\u00eda de los casos, radicando mociones que en ocasiones son innecesarias. Creo que el Tribunal va a tener que tomar acci\u00f3n en el futuro en cuanto a estas facturas’, opin\u00f3 Gerardo Carlo Altieri, un exjuez presidente del Tribunal de Quiebra Federal en Puerto Rico.<\/p>\n

Carlo Altieri record\u00f3 que tanto la jueza a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, como el examinador de facturas del proceso, Brady Williamson, y hasta uno de los congresistas claves en la aprobaci\u00f3n de PROMESA, Rob Bishop (R-Utah), ya mostraron preocupaci\u00f3n por la duplicidad de esfuerzos en los casos de quiebra y el exceso en facturaci\u00f3n de gastos reembolsables. En un a\u00f1o, los contratistas del Gobierno facturaron m\u00e1s de $2.2 millones en gastos de transportaci\u00f3n y hospedaje, sobre $220,000 en comidas, y alrededor de $260,000 en fotocopias, impresos e investigaci\u00f3n electr\u00f3nica. En el caso de la Junta, sus contratistas han facturado menos en transportaci\u00f3n y hospedaje (unos $260,000), casi lo mismo en comidas (alrededor de $200,000) y hasta tres veces m\u00e1s que el Gobierno en fotocopias, impresos e investigaci\u00f3n (sobre $850,000).<\/p>\n

Otro ejemplo es lo que llaman ‘nonworking travel time’ en ingles: muchos de estos profesionales facturan la mitad de sus tarifas por hora por el tiempo que les tome viajar a realizar trabajo relacionado a Puerto Rico.<\/p>\n

El CPI pregunt\u00f3 al recien nombrado director de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino, si cree que es razonable que abogados y consultores cobren hasta $500 la hora bajo este rengl\u00f3n.<\/p>\n

‘Tengo que admitir que nunca he visto una entrada como esa. Si me la ense\u00f1as, la eval\u00fao en su momento. En general, no creo que alguien debe cobrar por viajar’, contest\u00f3 el funcionario.<\/p>\n

Durante los primeros ocho meses de los casos de quiebra, el bufete del Gobierno, O’Melveny, factur\u00f3 m\u00e1s de $175,000 en ‘nonworking travel time’, que es el tiempo que pasaban sus abogados sentados en un avi\u00f3n o un tren, de camino a trabajar asuntos relacionados a la quiebra de Puerto Rico. En el \u00faltimo ciclo de facturaci\u00f3n no se observ\u00f3 esta pr\u00e1ctica por parte de los abogados del Gobierno, pero en la Junta el caso es diferente, y sus contratistas han facturado m\u00e1s de $320,000 en este rengl\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan Carlo Altieri, otros ejemplos de duplicidad de esfuerzos y gastos innecesarios son las demandas por parte del Gobierno y la Legislatura en contra de la Junta — y que recien se anunci\u00f3 que ser\u00e1n apeladas por las decisiones adversas que recibieron de la jueza Swain –, las cuales pudieron haberse consolidado. El exjuez tambien apunt\u00f3 como un gasto redundante los intentos del Gobierno y la Junta en obstaculizar el acceso a informaci\u00f3n y documentos sobre la deuda p\u00fablica.<\/p>\n

‘Hay una cantidad de mociones que se han radicado para proteger a los bancos, las casas de inversiones, los asesores del Gobierno bajo la regla 2004 [bajo el C\u00f3digo de Quiebra federal]. Francamente, [este gasto en abogados] va a resultar innecesario porque esa informaci\u00f3n hay que darla. Est\u00e1n reclamando inmunidad y confidencialidad para tapar las transacciones del BGF y el Gobierno, y radicando moci\u00f3n tras moci\u00f3n para evitar dar una informaci\u00f3n que a la larga, los tribunales van a forzar a darla’, dijo Carlo Altieri.<\/p>\n

Lea este reportaje completo en: periodismoinvestigativo.com<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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