{"id":11832,"date":"2018-05-17T00:00:00","date_gmt":"2018-05-17T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/junta-fiscal\/top-stories\/tribunales\/20180517\/secretarios-y-exsecretarios-quedan-pillados-bajo-promesa\/"},"modified":"2025-07-26T05:04:07","modified_gmt":"2025-07-26T05:04:07","slug":"secretarios-y-exsecretarios-quedan-pillados-bajo-promesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20180517\/secretarios-y-exsecretarios-quedan-pillados-bajo-promesa\/","title":{"rendered":"Secretarios y exsecretarios quedan pillados bajo PROMESA"},"content":{"rendered":"

Decisi\u00f3n federal puede tener amplia consecuencia.<\/i><\/p>\n

En una decisi\u00f3n que trae un nuevo giro a los litigios relacionados con la Ley PROMESA, y que puede tener ramificaciones para todas las personas que sirven o han servido como jefes de agencia y funcionarios, el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelp\u00ed, le orden\u00f3 a un exsecretario de gabinete que pagara un acuerdo de transacci\u00f3n hecho en una demanda sometida por un confinado.<\/p>\n

Los hechos son que el demandante Miguel A. Col\u00f3n Col\u00f3n responsabiliz\u00f3 a varias entidades, incluyendo al exsecretario de Correcci\u00f3n, Jose Negr\u00f3n Fern\u00e1ndez, en su capacidad personal, por da\u00f1os medicos sufridos mientras estaba bajo custodia del sistema carcelario y al cuidado del equipo de salud del sistema.<\/p>\n

El Gobierno de Puerto Rico, a traves del Departamento de Justicia, provey\u00f3 representaci\u00f3n legal a Negr\u00f3n Fern\u00e1ndez como funcionario bajo la llamada Ley 9, que es un estatuto bajo el cual el Estado provee representaci\u00f3n, y hasta puede pagar las sentencias, que sobrecaigan a funcionarios por hechos cometidos mientras ejerc\u00edan su cargo. Cuando un reclamante lleva a un funcionario o exfuncionario al foro federal, usualmente la representaci\u00f3n legal y la sentencia la sufraga el gobierno mediante la Ley 9. Este mecanismo es com\u00fan, por ejemplo, en demandas contra polic\u00edas.<\/p>\n

Esta demanda en particular fue transigida cinco meses antes de la radicaci\u00f3n de la solicitud de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA. Bajo la transacci\u00f3n, otros demandados cubrieron $40,000 en compensaci\u00f3n al demandante y faltaba que Negr\u00f3n Fern\u00e1ndez, representado por Justicia, pagara los $10,000 restantes.<\/p>\n

Tras pasar el tiempo sin que le pagaran, el demandante pidi\u00f3 al tribunal que ordenara el pago, a lo que Justicia dijo que eso no proced\u00eda porque la quiebra y la Ley PROMESA hab\u00edan paralizado las acciones de cobro.<\/p>\n

Pero Gelp\u00ed le orden\u00f3 a Negr\u00f3n Fern\u00e1ndez el lunes pasado que pague personalmente esos $10,000 bajo el argumento de que la Ley 9 es s\u00f3lo un arreglo entre el Estado y el funcionario pero el que est\u00e1 realmente demandado, y nunca deja de ser el responsable ante el tribunal, es el funcionario. Como el responsable no es el Estado, sino el funcionario, no cabe hablar de que el pleito, o el pago, est\u00e1 paralizado por la quiebra. El funcionario, o exfuncionario, sigue siendo el responsable en estas demandas porque est\u00e1 demandado en su car\u00e1cter personal. No importa si el Estado decide o no representarlo bajo la Ley 9, razon\u00f3 el juez.<\/p>\n

De esta manera, la decisi\u00f3n de Gelp\u00ed es que no es el demandante el que tiene que convertirse en un acreedor en el caso de quiebra del gobierno, es el funcionario que paga la demanda el que se convierte en un acreedor del gobierno por lo que supuestamente le tengan que reembolsar despues de que el gobierno les prometi\u00f3 representaci\u00f3n bajo la Ley 9.<\/p>\n

‘[A} menos que el gobierno pague, el demandado Negr\u00f3n Fern\u00e1ndez es personalmente responsable ante el Demandante, y debe hacer fila para recuperar su compensaci\u00f3n acordada con el gobierno (bajo la Ley 9). Cualquier efecto que esto tenga en los esfuerzos de reclutamiento del gobierno es un asunto que el gobierno tiene que considerar cuando acuerden representar a los funcionarios, y hacer transacciones en su nombre, eso no es un asunto que incumba al tribunal’, concluy\u00f3 el juez abriendo as\u00ed un nuevo escenario para decenas de exfuncionarios que puedan estar cobijados bajo Ley 9 y para potencialmente todos los que est\u00e1n sirviendo ahora que puedan ser demandados en el futuro por sus acciones actuales.<\/p>\n

Por ahora, y dependiendo de si alguna de las partes decide apelar, la decisi\u00f3n s\u00f3lo aplica a este caso y, claro, a otros similares que puedan estar pendientes ante Gelp\u00ed y a otros jueces federales que puedan ser persuadidos con los mismos argumentos.<\/p>\n

Para leer la decisi\u00f3n de Gelp\u00ed, pulse aqu\u00ed:<\/a><\/p>\n

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