{"id":118257,"date":"2016-05-27T17:04:00","date_gmt":"2016-05-27T21:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/80-grados\/blogs\/opiniones\/20160527\/legislacion-amparada-en-el-principio-de-maxima-divulgacion\/"},"modified":"2025-07-27T02:36:08","modified_gmt":"2025-07-27T02:36:08","slug":"legislacion-amparada-en-el-principio-de-maxima-divulgacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/opiniones\/20160527\/legislacion-amparada-en-el-principio-de-maxima-divulgacion\/","title":{"rendered":"Legislaci\u00f3n amparada en el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Desde la Unidad de Acceso a la Justicia de Espacios Abiertos promovemos cambios en pol\u00edtica p\u00fablica y desarrollar estrategias de educaci\u00f3n y apoderamiento que garanticen un mayor acceso a la justicia para todos y todas en Puerto Rico, especialmente para sectores hist\u00f3ricamente desaventajados.<\/p>\n

El acceso a la informaci\u00f3n es un derecho humano fundamental que incide directamente en la participaci\u00f3n pol\u00edtica de personas, comunidades y grupos. A pesar de ser un derecho consagrado por la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de estar ampliamente reconocido en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la carencia de legislaci\u00f3n que aclare el alcance de este derecho le subordinan al arbitrio de funcionarios p\u00fablicos, agencias y tribunales. Muchas transacciones no se documentan, la informaci\u00f3n existente est\u00e1 dispersa o es insuficiente y las personas se ven forzadas a recurrir a esfuerzos onerosos e incluso a las cortes para lograr acceso a documentos p\u00fablicos. La falta de transparencia es un obst\u00e1culo para la democracia, el desarrollo econ\u00f3mico y disfrute de garant\u00edas fundamentales como son la vivienda, la educaci\u00f3n y la salud. La opacidad es, adem\u00e1s, una impedimento para el acceso a la justicia.<\/p>\n

Cuando hablamos de acceso a la justicia nos referimos a que todas las personas tengan acceso a las condiciones que les permitan conocer y defender adecuadamente sus derechos. La relaci\u00f3n entre el acceso a la justicia y el acceso a la informaci\u00f3n es una muy cercana. La raz\u00f3n es sencilla: sin informaci\u00f3n no podemos exigir y defender adecuadamente nuestros derechos. El Gobierno tiene la responsabilidad de establecer pol\u00edticas p\u00fablicas y mecanismos que permitan que las personas, grupos y comunidades tengan acceso f\u00e1cil, oportuno y directo a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Esta es, si se quiere, un prerrequisito para el ejercicio de cualquier derecho.<\/p>\n

En esta ponencia, recogemos ejemplos concretos que demuestran c\u00f3mo la falta de acceso a la informaci\u00f3n afecta el acceso a la justicia de quienes viven en Puerto Rico. Adem\u00e1s, presentan c\u00f3mo la legislaci\u00f3n propuesta promover\u00eda mayor participaci\u00f3n y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.<\/p>\n

Durante los pasados dos a\u00f1os la crisis econ\u00f3mica ha justificado la imposici\u00f3n de recortes presupuestarios que han afectado los servicios que provee la Rama Judicial a personas indigentes, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de servicios por entidades que ofrecen representaci\u00f3n legal gratuita y accesible. En la Rama Judicial, esto provoc\u00f3 el cierre de centros judiciales en algunos de los pueblos m\u00e1s pobres del Pa\u00eds, aumentos en los aranceles y un impacto adverso en programas dirigidos a poblaciones sensibles. En relaci\u00f3n al recorte de fondos provenientes del Fondo General y de donativos legislativos, entre la Sociedad para la Asistencia Legal, que representa a personas indigentes acusadas de delito, y Servicios Legales de Puerto Rico, conocido como el bufete de las y los pobres, se han perdido cientos de miles de d\u00f3lares. Esto provoc\u00f3 la disminuci\u00f3n en servicios, el despido de trabajadores y trabajadoras y el cierre de centros de servicio en el caso de Servicios Legales de Puerto Rico. Qued\u00f3 a\u00fan m\u00e1s descubierta a esa gran mayor\u00eda del Pa\u00eds que no puede costear representaci\u00f3n legal y que pierde su casa, familia, salud, educaci\u00f3n y trabajo por no poder defenderse adecuadamente. La falta de transparencia impide que entidades proveedoras de servicios legales gratuitos, organizaciones sin fines de lucro que atienden a estos sectores, grupos comunitarios y personas tengan acceso a los planes presupuestarios que justifican estas movidas. As\u00ed, a puerta cerrada, se deciden cambios que impactan negativamente a poblaciones cada vez m\u00e1s empobrecidas y m\u00e1s vulnerables a violaciones de derechos. La ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’ ser\u00e1 una herramienta que permitir\u00e1 la fiscalizaci\u00f3n adecuada de medidas que cierran las puertas de la justicia para personas, comunidades y grupos. M\u00e1s a\u00fan, promover\u00e1 la participaci\u00f3n de quienes reclaman que el acceso a la justicia sea una prioridad presupuestaria en el Pa\u00eds.<\/p>\n

La falta de documentaci\u00f3n y de estad\u00edsticas sobre el acceso a la justicia en el Pa\u00eds es uno de los mayores obst\u00e1culos para la aprobaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas as\u00ed y la participaci\u00f3n en propuestas de asignaci\u00f3n de fondos externos federales y privados. Actualmente, la Rama Judicial no recopila datos que son sumamente importantes para conocer el estado de la defensa de los derechos en el Pa\u00eds. No se recoge informaci\u00f3n sobre el n\u00famero de personas que acude al tribunal sin representaci\u00f3n legal o sobre qui\u00e9nes solicitan ser declaradas como indigentes en los procesos legales. Tambi\u00e9n se carece de documentaci\u00f3n adecuada sobre la atenci\u00f3n que reciben grupos hist\u00f3ricamente desaventajados tales como personas con diversidad funcional, pacientes de salud mental e inmigrantes. Este panorama se ha ido agravando con la crisis y las medidas de austeridad. Fallar en el deber de documentar estos datos impide que el Gobierno asuma pol\u00edticas p\u00fablicas que respondan a las necesidades de las y los constituyentes, mientras que invisibiliza las necesidades de poblaciones empobrecidas e hist\u00f3ricamente marginadas. La ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’ mandata la documentaci\u00f3n de solicitudes y tr\u00e1mites que se comiencen ante el ente gubernativo. Esta disposici\u00f3n aclara el deber ya existente que tiene la Rama Judicial de mantener un registro actualizado sobre las personas y servicios que ofrece. De igual forma, permitir\u00eda hacer un ejercicio presupuestario que refleje las necesidades de la gente. Por ejemplo, si tuvi\u00e9ramos estad\u00edsticas sobre el n\u00famero de gente que pierde su vivienda en procesos de desahucios o ejecuciones de hipoteca sin representaci\u00f3n legal, podr\u00eda adelantarse reglamentaci\u00f3n efectiva para la asignaci\u00f3n de representaci\u00f3n legal gratuita y accesible, entre otras medidas. Recopilar esta informaci\u00f3n no tendr\u00eda un impacto presupuestario significativo ya que la Rama Judicial cuenta con mecanismos que pueden ser actualizados para recoger estos datos.<\/p>\n

Durante el verano del 2015, el Estado amenaz\u00f3 con cerrar un centenar de planteles escolares. Padres y madres reclamaron al Departamento de Estado acceso a las listas de escuelas en planes de cierre. Tener esta informaci\u00f3n era importante para participar en el proceso decisional del Departamento, someter querellas ante la agencia, reclamar sus derechos ante los tribunales o ejercer la participaci\u00f3n pol\u00edtica a trav\u00e9s del derecho a la protesta, seg\u00fan protegida por la libertad de expresi\u00f3n. Conocer esta informaci\u00f3n oportunamente, adem\u00e1s, les hubiese permitido hacer los preparativos necesarios para reubicar a sus hijos e hijas, algunos de educaci\u00f3n especial, en escuelas adecuadas y accesibles. Como surgi\u00f3 en reuniones comunitarias, las comunidades afectadas desconoc\u00edan c\u00f3mo solicitar acceso a documentos p\u00fablicos ante el Departamento de Educaci\u00f3n y los tribunales. Adujeron que se trataba de un proceso complejo y f\u00fatil. Los padres, las madres, las y los estudiantes no tuvieron posibilidades reales de participar. Setenta escuelas fueron cerradas y, seg\u00fan el propio Gobierno, existe la posibilidad de que este n\u00famero de cierres aumente dr\u00e1sticamente para atajar la crisis de la deuda p\u00fablica. Ante la amenaza que esto representa para el derecho a la educaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as \u2013 algunas y algunos de educaci\u00f3n especial- no es posible que sus familias se vean impedidas de participar efectivamente de estos planes de restructuraci\u00f3n. La ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’ viabilizar\u00eda que las personas exijan el acceso oportuno a estos planes estrat\u00e9gicos y \u00f3rdenes. M\u00e1s a\u00fan, estos datos estar\u00edan disponibles de forma proactiva. El proceso de solicitud no requerir\u00eda tr\u00e1mites onerosos o la presentaci\u00f3n de demandas, sino que constar\u00eda de una solicitud sencilla y uniforme, que no requerir\u00e1 mayor explicaci\u00f3n que la mera solicitud de informaci\u00f3n. Esto promover\u00e1 mayor transparencia y participaci\u00f3n en la defensa de derechos fundamentales, como es el derecho a la educaci\u00f3n.<\/p>

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En relaci\u00f3n a la violencia de g\u00e9nero, organizaciones y grupos han denunciado reiteradamente las carencias y amenazas que representa la falta de acceso a la informaci\u00f3n para las sobrevivientes. La falta de documentaci\u00f3n adecuada de querellas, investigaciones y dem\u00e1s reportes por parte de la Polic\u00eda promueve la impunidad del agresor y revictimiza a la sobreviviente. Mujeres han afirmado c\u00f3mo miembros de la Polic\u00eda se niegan a llenar querellas y opta por hacer ‘querellas de investigaci\u00f3n u orientaci\u00f3n’. Esto le hace creer err\u00f3neamente a las v\u00edctimas que se ha comenzado un proceso para proteger su seguridad y vida. Esta fa falta de documentaci\u00f3n impide que las v\u00edctimas y sus representantes puedan rastrear el caso y exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger. As\u00ed tambi\u00e9n, existe un serio desfase entre las estad\u00edsticas de violencia dom\u00e9stica que registra la Rama Judicial y la Polic\u00eda, lo que impide una coordinaci\u00f3n adecuada de recursos y protecciones en lo que se refiere a \u00f3rdenes de protecci\u00f3n y otros derechos de las personas sobrevivientes. Estas discrepancias, causadas por la falta de documentaci\u00f3n adecuada, tambi\u00e9n est\u00e1n presentes en los datos sobre violencia contra poblaciones LGBTTIQ, tal como son recogidos por la Polic\u00eda de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud. Sin informaci\u00f3n no se pueden establecer pol\u00edticas p\u00fablicas efectivas que visibilicen y atiendan la violencia de g\u00e9nero como una crisis social en el Pa\u00eds. De igual forma, esfuerzos recientes para denunciar violaciones de derechos civiles en Puerto Rico evidencian lo dif\u00edcil que es obtener estad\u00edsticas que deber\u00edan estar actualizadas y disponibles para el p\u00fablico general. La ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’ mandata la documentaci\u00f3n y publicaci\u00f3n adecuada como herramientas de participaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n del deber que tiene el Estado de proteger los derechos de v\u00edctimas y sobrevivientes.<\/p>\n

En relaci\u00f3n al ejemplo anterior, la falta de acceso a la informaci\u00f3n incide con los procesos de Reforma de la Polic\u00eda y la protecci\u00f3n de derechos civiles. A esta fecha, transcurridos tres a\u00f1os desde que se aprob\u00f3 el acuerdo de reforma ante el Tribunal Federal, la participaci\u00f3n comunitaria sigue siendo obstaculizadas por exigencias de confidencialidad por parte del Departamento de la Polic\u00eda, la resistencia a la publicar \u00f3rdenes y protocolos para que el pueblo pueda comentar y participar, as\u00ed como en la falta de transparencia institucional. Estos documentos deber\u00edan ser p\u00fablicos y de f\u00e1cil acceso. Mientras que la Polic\u00eda insiste en acuerdos de confidencialidad y puertas cerradas, el proceso de Reforma se anquilosa. Esto redunda en un despilfarro de fondos p\u00fablicos y en la continua violaci\u00f3n de derechos civiles de todos y todas.<\/p>\n

En el \u00e1rea ambiental, hemos visto como los reclamos de informaci\u00f3n han sido clave para exigir participaci\u00f3n comunitaria en proyectos que afectan la calidad de vida del Pa\u00eds. La amenaza de la explotaci\u00f3n minera, el Gasoducto y la lucha contra el incinerador en Arecibo son algunos de los ejemplos de luchas ambientales donde las comunidades han exigido el desglose de informaci\u00f3n que, eventualmente, les ha permitido denunciar el impacto nefasto de estos proyectos sobre el bienestar humano y ambiental. En momentos como ahora, y a pesar de los obst\u00e1culos que han puesto funcionarios p\u00fablicos e intereses privados, la informaci\u00f3n ha sido vital para que grupos protesten contra cenizas t\u00f3xicas que amenazan la vida en la Isla. La declaraciones de impacto ambiental, planes de desarrollo y otra informaci\u00f3n relacionada al impacto que de determinados proyectos en las condiciones ambientales y salubres de una comunidad son elementos claves para la defensa de derechos fundamentales y la participaci\u00f3n pol\u00edtica. Esta informaci\u00f3n debe estar publicada sin necesidad de ser solicitada. De lo contrario, los grupos comunitarios tienen que invertir sus escasos recursos en demandas de acceso a la informaci\u00f3n. Esto aumenta la brecha de poder entre desarrolladores y quienes desean proteger sus viviendas, salud y recursos naturales. La legislaci\u00f3n propuesta atiende estas preocupaciones. Promueve la publicaci\u00f3n proactiva de estos datos. Adem\u00e1s, mandata a las agencias e instrumentalidades a ofrecer acceso r\u00e1pido y expedito de aquella informaci\u00f3n que sea solicitada. Otra ventaja que incluye este proyecto de ley es el establecimiento del expediente \u00fanico, un mecanismo que permitir\u00eda a las personas, grupos y comunidades consultar la informaci\u00f3n relacionada a un desarrollo o proyecto en un solo lugar. Este paso afirmativo de transparencia promover\u00eda la participaci\u00f3n efectiva, la defensa de derechos ambientales y, a la vez, servir\u00eda para promover el desarrollo econ\u00f3mico sustentable del Pa\u00eds.<\/p>\n

Finalmente, en relaci\u00f3n a la deuda p\u00fablica, a principios del 2015 la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico demand\u00f3 al Gobierno de Puerto Rico para obtener copia de un estudio que preparara KPMG sobre la reforma contributiva. El car\u00e1cter de documento p\u00fablico de este informe, comisionado con dineros p\u00fablicos por el ente gubernamental, fue cuestionado \u2013 con \u00e9xito parcial- ante nuestros Tribunales. El contenido de este informe anunciaba serios impactos en el derecho de acceso a la justicia, trabajo y educaci\u00f3n de las personas residentes en Puerto Rico, por lo que su acceso era del m\u00e1s alto inter\u00e9s. Para defender el derecho de acceso a la informaci\u00f3n, fue necesario obtener representaci\u00f3n legal e iniciar procesos de litigaci\u00f3n compleja, lo que resulta en gastos de dinero, tiempo y energ\u00edas. M\u00e1s a\u00fan, supedita el ejercicio de un derecho fundamental a la discreci\u00f3n de los tribunales. Este panorama no debe repetirse jam\u00e1s. Menos a\u00fan en momentos donde existe la posibilidad de que se imponga una Junta de Control Fiscal sobre el Pa\u00eds. Es necesario apoderar al gobierno local y a sus constituyentes para que puedan exigir la informaci\u00f3n financiera en mano de \u00e9sta y otras entidades. La legislaci\u00f3n propuesta, amparada en el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n, ser\u00eda un instrumento para exigir la mayor transparencia en el manejo de fondos p\u00fablicos. Esta nos colocar\u00eda en mejor posici\u00f3n para realizar una auditor\u00eda amplia de la deuda y fiscalizar la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

La urgencia de actuar para frenar el impacto negativo de la crisis econ\u00f3mica sobre los derechos fundamentales nos convoca. El acceso a la informaci\u00f3n es un paso afirmativo en la defensa de las garant\u00edas y dignidad humana de todos y todas, pero particularmente de aquellas poblaciones hist\u00f3ricamente marginadas. Como defensores y defensoras del acceso a la justicia, exigimos un Puerto Rico m\u00e1s transparente y, por ende, m\u00e1s participativo y justo. Aprobar finalmente la ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’ es un paso afirmativo en esta direcci\u00f3n. Es por estas razones que la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia apoya la aprobaci\u00f3n de esta medida.<\/p>\n

*La autora es es Coordinadora de Acceso a la Justicia de Espacios Abiertos y parte de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, una red convocada desde Espacios Abiertos. Versi\u00f3n editada para esta publicaci\u00f3n de la ponencia de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia en apoyo al P. de la C. 2944, ‘Ley de Transparencia y Acceso a la Documentaci\u00f3n’. Esta ponencia cuenta con el apoyo de la Cl\u00ednica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal, Inter-Mujeres y Espacios Abiertos, que son entidades que participan de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia. Tomado de 80 Grados<\/a>, donde hay una versi\u00f3n con notas al calce.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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