La Ley de Municipios Aut\u00f3nomos cumple en agosto 21 a\u00f1os de haber sido implantada. Sin embargo, como lo evidencian casos recientes de ayuntamientos que ni siquiera pueden tener el pago del recogido de basura al d\u00eda, hay municipios que a\u00fan con la mayor\u00eda de edad no han logrado la madurez que la legislaci\u00f3n pretend\u00eda.<\/p>\n
Principalmente, la Ley 81 del 30 de agosto de 1991 persegu\u00eda transferir competencia de planificaci\u00f3n y reglamentaci\u00f3n, prestaci\u00f3n de servicios b\u00e1sicos y otras responsabilidades del Gobierno Central a los municipios. Esto, pues se entiende que son las estructuras municipales las que m\u00e1s posiblemente pueden satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Para ello, se declar\u00f3 como pol\u00edtica p\u00fablica ‘otorgar a los municipios el m\u00e1ximo posible de autonom\u00eda y proveerles las herramientas financieras, as\u00ed como los poderes y facultades necesarias para asumir una funci\u00f3n central y fundamental en su desarrollo urbano, social y econ\u00f3mico’.<\/p>\n
Para el arquitecto Roberto Alsina, profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Ponce, el dise\u00f1o de la ley, en su origen, es bueno en la perspectiva de que le da poder a los gobiernos municipales para intervenir en asuntos de planificaci\u00f3n que antes eran terreno exclusivo de la Junta de Planificaci\u00f3n. Hay varios aspectos de la legislaci\u00f3n, sin embargo, que han quedado como puntos suspensivos en el aire. Uno de estos es el asunto de recaudaci\u00f3n de fondos, que deb\u00eda ser m\u00e1s directa para cada pueblo, pero para muchos, la creaci\u00f3n del Centro de Recaudaci\u00f3n de Ingresos Municipales (CRIM) no se ha convertido en lo que se esperaba.<\/p>\n
‘Esta parte ha resultado ser no tan positiva’, analiza Alsina. ‘Los municipios son muchos y, a la misma vez, los municipios m\u00e1s peque\u00f1os o con menor poblaci\u00f3n son los que m\u00e1s han sufrido y los que m\u00e1s desventajas han tenido que enfrentar porque el poder redunda en la capacidad de recaudar y eso se convierte en un problema’. Resulta que en muchos de los 78 municipios los l\u00edmites territoriales realmente no van relacionados con la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
Arecibo y Utuado, por ejemplo, son dos pueblos con una gran extensi\u00f3n territorial, pero no con tanta poblaci\u00f3n. ‘Eso tiene unos efectos econ\u00f3micos que representan retos. A los municipios con menor cantidad poblacional se les hace m\u00e1s complicada la tarea de tener un gobierno municipal m\u00e1s efectivo’.<\/p>\n
Por otro lado, el sistema de la ley ha permitido que municipios del \u00e1rea metropolitana y cercanos, como Carolina, Bayam\u00f3n, San Juan y Caguas han podido ser m\u00e1s progresivos en sus proyectos urbanos y sociales. ‘San Juan est\u00e1 entrando en el tema de educaci\u00f3n, tiene tambi\u00e9n un sistema de servicios sociales bien complejo. Eso son cosas que el municipio de Las Mar\u00edas, no puede hacer, depende m\u00e1s de la estructura gubernamental central actual’, apunt\u00f3 el experto en urbanismo. ‘Es una combinaci\u00f3n de cosas que hacen que uno sea m\u00e1s o menos efectivo que otro’.<\/p>\n
El planificador Jardany D\u00edaz Salgado considera que la autonom\u00eda que se le ha dado a los pueblos para desarrollar cada cual sus proyectos se presta para el desparrame urbano ‘porque pretende que haya 78 oficinas de ordenamiento territorial a nivel municipal, lo cual en el intento de ley es bueno, porque se establece que tiene que haber una conectividad y planes regionales, pero la realidad es que eso no se est\u00e1 haciendo’.<\/p>\n
‘Eso contribuye, adem\u00e1s, a la contaminaci\u00f3n ambiental, porque por ejemplo, com proyectos como los incineradores, no se establecen mecanismos para evitar que los polvos fugitivos afecten a municipios cercanos’.<\/p>\n
D\u00edaz Salgado tambi\u00e9n mencion\u00f3 que la ley faculta para que los alcaldes se asignen sus sueldos e incurran en gastos innecesarios que debilitan las arcas gubernamentales. ‘Hay alcaldes que invierten en monumentos, estatuas y en parques en lugares donde no son necesarios y no tienen la infraestructura b\u00e1sica para atender las necesidades de sus comunidades. La Ley de Municipios Aut\u00f3nomos deber\u00eda establecer municipios para regular eso’.<\/p>\n
Supresi\u00f3n y Consolidaci\u00f3n de Municipios<\/strong><\/p>\n Otro tema que ha quedado en suspenso en estos casi 21 a\u00f1os es la consolidaci\u00f3n de Municipios, partiendo principalmente de la premisa de que en cuestiones de planificaci\u00f3n urbana, 78 municipios, en el espacio territorial que comprende Puerto Rico, es mucho.<\/p>\n En la ley se establece c\u00f3mo se podr\u00e1n suprimir y consolidar municipios y, aunque han habido esfuerzos de organismos regionales, estos no han sido constantes ni generado los resultados deseables. ‘La famosa regionalizaci\u00f3n, que a eso iba dirigido en principio, no ha cuajado al 100%. No hay una consolidaci\u00f3n municipal, que era lo que la ley en su principio buscaba a trav\u00e9s de los procesos de ordenaci\u00f3n territorial, pero nunca se dise\u00f1aron o se hicieron las gestiones mandatorias, se tom\u00f3 como algo m\u00e1s sugestivo’. Se suma la estructura pol\u00edtico partidista que encuentra en los municipios sus soportes, por lo que es dif\u00edcil de eliminar.<\/p>\n Municipios en busca de autonom\u00eda<\/strong><\/p>\n A la fecha, cerca de nueve municipios todav\u00eda no han completado sus procesos de ordenaci\u00f3n, que requiere ordenar el uso del suelo de ateas que requieran atenci\u00f3n especial y programar los proyectos de rehabilitaci\u00f3n en el centro urbano. Estos planes, se supone, ser\u00edan elaborados o revisados por los municipios en estrecha colaboraci\u00f3n con la Junta de Planificaci\u00f3n y con otras agencias para asegurar la compatibilidad con planes estatales, regionales y de otros municipios. Entre los que no lo han finalizado todav\u00eda se incluyen Arecibo, Luquillo y Utuado.<\/p>\n Las razones, son muchas, entre estas, los mismos efectos de la ley: no todos los municipios tienen la capacidad econ\u00f3mica de subsidiar el confeccionar un plan que cuesta no menos de $200,000. Otros, se\u00f1ala Alsina, han tenido problemas con el liderato pol\u00edtico, alcaldes que no han tenido la capacidad de la funci\u00f3n que tienen como tal.<\/p>\n De acuerdo con Alsina, han sido m\u00e1s los aspectos positivos de la ley que los negativos. Previno, no obstante, dos asuntos que continuar\u00e1n generando discusi\u00f3n pr\u00f3ximamente.<\/p>\n ‘El pr\u00f3ximo paso en la autonom\u00eda municipal ser\u00eda la transferencia final de los recaudos a gobierno municipales. El \u00fanico problema que hay, y que se discute en la Asociaci\u00f3n y en la Federaci\u00f3n de Alcaldes, es que la derogaci\u00f3n del CRIM podr\u00eda poner en jaque los balanceos econ\u00f3micos que se han hecho para subsidiar a los municipios con menos ingresos’, dijo.<\/p>\n Otro asunto, son los poderes que la Junta de Planificaci\u00f3n se ha reservado para la implementaci\u00f3n de proyectos de gran impacto, como lo puede ser un centro comercial de gran extensi\u00f3n, y proyectos gubernamentales, como la construcci\u00f3n y remodelaci\u00f3n de escuelas, ‘los municipios participan, pero sigue siendo un asunto del gobierno estatal’.<\/p>\n