La reforma electoral, que el gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla convirti\u00f3 en ley recientemente, permite que los partidos y candidatos puedan recibir m\u00e1s donativos, pero aumenta las exigencias para quienes quieran utilizar el fondo electoral, as\u00ed como aspirar a puestos pol\u00edticos.<\/p>\n
La reforma sube los l\u00edmites de donativos de los partidos y candidatos a $2,600 y los donativos an\u00f3nimos a $200; pero exige que los partidos que deseen utilizar el fondo electoral demuestren la capacidad de recaudar una cantidad m\u00ednima de $100,000 de fondos privados, en el a\u00f1o anterior al fondo electoral que quieren accesar. Los partidos pol\u00edticos tendr\u00e1n hasta el 31 de marzo de 2015 para certificar la cantidad requerida por Ley.<\/p>\n
El l\u00edmite de $2,600 para los donativos que haga toda persona natural, estar\u00e1 sujeto a un ajuste para que refleje la tasa de inflaci\u00f3n en Puerto Rico, a cargo de la Junta de Contralores Electorales.<\/p>\n
El total de contribuciones an\u00f3nimas que podr\u00e1 depositar un partido y su candidato a gobernador para pareo en el Fondo Especial para el Financiamiento de Campa\u00f1as Electorales no podr\u00e1 exceder de $600 mil anuales.<\/p>\n
Los aspirantes a puestos pol\u00edticos estar\u00e1n obligados a radicar informes de ingresos y gastos a\u00fan cuando no hayan definido a qu\u00e9 puesto desean aspirar.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los proyectos senatoriales 1253 y 1254, que fueron convertidos en leyes, impiden que las personas jur\u00eddicas o negocios hagan donativos, pero no les impide hacer comit\u00e9s de acci\u00f3n pol\u00edtica para apoyar candidatos o partidos. Los negocios podr\u00e1n establecer y administrar un comit\u00e9, que se conocer\u00e1 como comit\u00e9 de fondos segregados, que deber\u00e1 registrarse y rendir informes.<\/p>\n
Las nuevas leyes enmiendan el C\u00f3digo Electoral del Siglo XXI y la Ley para la Fiscalizaci\u00f3n de las Campa\u00f1as Pol\u00edticas, respectivamente, para supuestamente hacer los procesos m\u00e1s transparentes y reducir gastos.<\/p>\n
Sin embargo, si en 2016, se inscriben igual n\u00famero de participantes, el costo sobrepasar\u00eda los $23 millones. El impacto presupuestario para el Gobierno durante la pasada contienda electoral fue de $5.8 millones por cada partido, en gastos administrativos ordinarios y fondos de campa\u00f1a.<\/p>\n
La primera medida convertida en ley, el P. del S. 1253, reorganiza la Oficina del Contralor Electoral mediante la creaci\u00f3n de una Junta de Contralores Electorales, que aunque estar\u00e1 compuesta por un Contralor y un Sub Contralor Electoral de partidos distintos, ambos ser\u00e1n nombrados por el Gobernador a un t\u00e9rmino de diez a\u00f1os, tras ser confirmados por ambos cuerpos. En caso de empate sobre alguna disputa entre ambos, se referir\u00e1 el conflicto al Presidente de la Comisi\u00f3n Estatal de Elecciones.<\/p>\n
A partir de la vigencia de la Ley, las deudas certificadas de los partidos pol\u00edticos que tengan m\u00e1s de diez a\u00f1os contados a partir de que las mismas sean l\u00edquidas y exigibles podr\u00e1n ser reclamadas dentro del t\u00e9rmino 45 d\u00edas.<\/p>
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