La constitucionalidad de la ley de armas volvi\u00f3 a ser retada, en esta ocasi\u00f3n en el foro federal, en una demanda que persigue revelar no solo las violaciones al derecho constitucional de portar armas y de libre asociaci\u00f3n, sino tambien demostrar c\u00f3mo el estado considera este derecho un privilegio sujeto a impuestos y regulado por una entidad privada.<\/p>\n
Pheonix Military Institute y su due\u00f1o, el ex militar Jos\u00e9 Cruz Kercado, solicitaron a la corte federal dos recursos de alivio para declarar inconstitucional varios aspectos de la ley 404 relacionados a la obtenci\u00f3n de una licencia de portaci\u00f3n de armas. Entre los demandados, figuran tanto las dependencias de ley y orden local como tambi\u00e9n el Departamento de Recreaci\u00f3n y Deportes, y la Federaci\u00f3n de Tiro de Armas Cortas y Rifles.<\/p>\n
El pleito adem\u00e1s tiene el prop\u00f3sito de impugnar la facultad que la ley le confiere a la Federaci\u00f3n para emitir certificaciones necesarias para licencias de clubes de tiro. Cruz Kercado alega que la Federaci\u00f3n, una entidad privada, neg\u00f3 certificar las instalaciones que usar\u00eda Pheonix para realizar sus entrenamientos en defensa personal.<\/p>\n
Debido a que todo club de tiro debe certificarse ante la Federaci\u00f3n mediante un pago y un juramento de lealtad, los demandantes alegan esto representa una violaci\u00f3n a su derecho a la libre asociaci\u00f3n. Se\u00f1alan adem\u00e1s que esto se debe a contrastes entre las prioridades deportivas de la Federaci\u00f3n y aquellos de defensa personal que promulga Pheonix.<\/p>\n
La legalidad de los costos por concepto de sellos ha sido retada en el pasado bajo el argumento de que un derecho constitucional no puede estar sujeto al pago de sumas onerosas. En el caso de Danny Williams vs Commonwealth of Puerto Rico la corte declar\u00f3 que la ley no es discriminatoria y cumple con la constituci\u00f3n federal.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n los demandantes argumentan que tanto el sello de $250 como la solicitud de $100 representan una imposici\u00f3n ilegal. Agregan que el estado considera la expedici\u00f3n de estos permisos un privilegio, acci\u00f3n que podr\u00eda considerarse inconstitucional por tratarse de un derecho fundamental.<\/p>\n
La ley de armas obliga a aquellas personas interesadas en obtener un permiso de portaci\u00f3n a presentar un certificado negativo de antecedentes penales, una certificaci\u00f3n de ASUME, tres declaraciones juradas de personas no vinculadas por sangre, huellas dactilares, el pago de $100 para la solicitud de portaci\u00f3n, $250 para el permiso y otro de $25 para afiliarse a un club de tiro al blanco certificado por la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Tras someterse toda la documentaci\u00f3n ante la Polic\u00eda, el Superintendente tendr\u00e1 un periodo m\u00e1ximo de 120 d\u00edas para responder si el peticionario cumple con los requisitos.<\/p>\n
En junio del 2015 el juez An\u00edbal Lugo Irizarry del Tribunal de Primera Instancia de Ponce declar\u00f3 inconstitucional aquellos requisitos que administra la Polic\u00eda y el Departamento de Justicia para otorgar licencias de posesi\u00f3n y portaci\u00f3n por representar una violaci\u00f3n a la segunda enmienda. Tambi\u00e9n determin\u00f3 que la solicitud de huellas dactilares viola el derecho a la privacidad mientras la declaraci\u00f3n de tres personas representa otra violaci\u00f3n constitucional pues a su juicio este derecho no depende del criterio de otros.<\/p>\n
Sin embargo, en marzo de este a\u00f1o el Tribunal de Apelaciones revoc\u00f3 la sentencia al plantear que los requisitos son v\u00e1lidos y conforme a regulaciones federales. El pago de sellos tambi\u00e9n fue avalado al argumentar que el estado puede imponer tarifas a este derecho siempre y cuando sea para el prop\u00f3sito exclusivo de cubrir los costos para regular la pr\u00e1ctica.<\/p>\n