El Secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, opin\u00f3 que la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, que impone recortes en todo el sector p\u00fablico, es constitucional porque se hace a base de una situaci\u00f3n de emergencia fiscal y la suspensi\u00f3n de los beneficios a los empleados es temporal.<\/p>\n
Los comentarios del funcionario se hicieron mientras l\u00edderes sindicales y empleados protestaban con manifestaciones las propuestas leyes.<\/p>\n
En una vista de la Comisi\u00f3n Conjunta de Hacienda de C\u00e1mara y Senado, Miranda recomend\u00f3 que se incluya en la medida una presentaci\u00f3n del cuadro fiscal del gobierno con fuentes autorizadas como las de la Junta de Planificaci\u00f3n para abonar a la validez de la necesidad de la medida. Tambi\u00e9n sugiri\u00f3 que se detallen cu\u00e1les fueron las otras alternativas que se evaluaron, tales como el despido de empleados y la reducci\u00f3n de la jornada laboral, y porqu\u00e9 las mismas resultaron m\u00e1s onerosas que la que se propone.<\/p>\n
Record\u00f3 que el Tribunal Supremo sostuvo la validez de la Ley 7 de Emergencia Fiscal aprobada por la pasada administraci\u00f3n del gobernador Luis Fortu\u00f1o precisamente por los mismos prop\u00f3sitos que tiene la ley actual.<\/p>\n
La medida propone una reducci\u00f3n de 10% en contratos externos, una reducci\u00f3n de 20% en los empleados de confianza, la paralizaci\u00f3n de contrataci\u00f3n de empleados de carrera o regulares, la paralizaci\u00f3n de los aumentos, el traslado de empleados as\u00ed como recortes en el bono de Navidad, verano, vacaciones y enfermedad.<\/p>\n
La medida provee para la renegociaci\u00f3n de los convenios colectivos que cobijan empleados en las agencias y corporaciones p\u00fablicas a tono con la ley siempre y cuando sean ratificados por los empleados. La medida provee para que los convenios colectivos que venzan al entrar en vigor la ley, se extiendan por dos a\u00f1os.<\/p>\n
La medida provee para el pago escalonado de sentencias y proh\u00edbe a los Tribunales embargar fondos p\u00fablicos cuando no se hayan emitido pagos o encontrar a funcionarios incurso en desacatos.<\/p>\n
Al defender la constitucionalidad de la ley, Miranda dijo que la Legislatura goza de amplia facultad para aprobar reglamentaci\u00f3n econ\u00f3mica para promover el bienestar general. Recomend\u00f3 la necesidad de proveer m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el cuadro fiscal del pa\u00eds y que se decreta un estado de emergencia fiscal para obligar a un tribunal en su d\u00eda a examinar los motivos para esa emergencia fiscal ya que eso fue lo que se hizo al declarar la Ley 7 del 2009 constitucional.<\/p>\n
Sobre la pregunta de si la ley viola la disposici\u00f3n constitucional que proh\u00edbe el menoscabo de obligaciones contractuales, Miranda dijo que hab\u00eda que analizar si la modificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contractual era una severa y si se persegu\u00eda adelantar un importante inter\u00e9s en beneficio del bien general. No obstante, advirti\u00f3 que el menoscabo de obligaciones contractuales no se sostiene si existen otras alternativas menos onerosas.<\/p>\n
Miranda dijo que aporta a la determinaci\u00f3n final el hecho de que la legislaci\u00f3n sea en respuesta a una situaci\u00f3n de emergencia como lo es el restaurar el cr\u00e9dito del pa\u00eds y que se aplicaci\u00f3n sea de forma temporal o hasta el 2017 ‘Precisamente es a base de esta determinaci\u00f3n que entendemos que el menoscabo que este proyecto de ley introduce supera el escrutinio constitucional’, dijo.<\/p>\n
Los beneficios ser\u00e1n restablecidos de manera prospectiva una vez termine la vigencia de la ley.<\/p>\n
En cuanto a si la ley violenta derechos de empleados que no est\u00e1n cobijados por convenios, Miranda dijo que los beneficios econ\u00f3micos y compensaciones como el pago de bonificaciones, no son derechos adquiridos porque son asuntos de car\u00e1cter discrecional por parte del patrono.<\/p>\n
‘Por \u00faltimo, no debe perderse de perspectiva que la suspensi\u00f3n de los mencionados beneficios son temporales’, declar\u00f3.<\/p>\n
Miranda tambi\u00e9n concluy\u00f3 que los cambios que la alteraci\u00f3n temporal a las asignaciones a la Rama Judicial, la Rama Legislativa, a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico son constitucionales porque son autorenovables por concesi\u00f3n legislativa.<\/p>\n
En el caso de la Rama Judicial, que recibe dinero por formula en base a los ingresos del gobierno, la ley actual establece que su asignaci\u00f3n econ\u00f3mica no debe ser menor que la del a\u00f1o anterior excepto si las rentas anuales sufren una reducci\u00f3n.<\/p>\n
Miranda, no obstante, dijo que los planes de pagos en las sentencias contra el gobierno deben ser de car\u00e1cter temporal y que se deben excluir las acciones de expropiaci\u00f3n forzosa.<\/p>\n
Advirti\u00f3 que la disposici\u00f3n de la medida que proh\u00edbe que los tribunales emitan \u00f3rdenes de desacato o sanciones contra funcionarios, empleados o el ELA por no identificar fondos para pagar una demanda es inconstitucional porque viola los poderes de la Rama Judicial y le priva de jurisdicci\u00f3n para atender ciertos asuntos. Sugiri\u00f3 que se enmiende la medida y que se proh\u00edba el embargo para hacer efectiva una sentencia.<\/p>\n
Sobre el pago de sentencias, la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta dijo que aunque el estado est\u00e1 en la mejor disposici\u00f3n de pagar, se tiene que hacer un proceso ordenado.<\/p>\n
La ley incluye la creaci\u00f3n de un fondo de $84 millones para cumplir con sentencias, una asignaci\u00f3n adicional de $16 millones debido al agotamiento de multas en el caso federal de Morales Feliciano y el repago de una l\u00ednea de cr\u00e9dito para pago de sentencias por casi $18 millones.<\/p>\n
La secretaria dijo que los recortes propuestos son equitativos y parte de un plan comprensivo para enfrentar la crisis fiscal. ‘En fin se trata de un plan total de reducci\u00f3n de d\u00e9ficit sin despedir empleados, sin jornada parcial, sin impuestos nuevos y sin dejar de cumplir con la deuda’, dijo.<\/p>\n
Acosta advirti\u00f3 de los retos que enfrenta el gobierno como la Reforma de Salud ante la emisi\u00f3n de propuestas nuevas y que los fondos federales bajo al Aforadle Cara Acto no son recurrentes.<\/p>\n
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Carlos Rivas, de otra parte, estableci\u00f3 la necesidad de aprobar la medida como una pieza clave a la elaboraci\u00f3n del presupuesto y para restaurar el cr\u00e9dito del pa\u00eds.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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