{"id":11499,"date":"2018-10-21T00:00:00","date_gmt":"2018-10-21T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/top-stories\/20181021\/correccion-ignora-su-propio-reglamento-para-trasladar-confinados\/"},"modified":"2025-07-29T17:06:37","modified_gmt":"2025-07-29T17:06:37","slug":"correccion-ignora-su-propio-reglamento-para-trasladar-confinados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20181021\/correccion-ignora-su-propio-reglamento-para-trasladar-confinados\/","title":{"rendered":"Correcci\u00f3n ignora su propio reglamento para trasladar confinados"},"content":{"rendered":"

Solo en 3 circunstancias pueden ser desplazados<\/i><\/p>\n

En Puerto Rico existen 31 instituciones carcelarias que en conjunto albergan alrededor de 10,300 confinados. Organizaciones pro derechos del confinado, organizaciones legales, grupos de base de fe, sindicatos, ni la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica del Senado de Puerto Rico respaldan el traslado de confinados a instituciones carcelarias privadas en Estados Unidos, e incluso, la mayor\u00eda de estas entienden que es un asunto de dignidad humana.<\/p>\n

A\u00fan as\u00ed, el Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) inici\u00f3 la implementaci\u00f3n del programa de traslado, insistiendo en su car\u00e1cter voluntario, disponible para adultos varones. Se espera que cerca de 1,200 confinados de la poblaci\u00f3n participe de manera escalonada con el potencial de que la cifra aumente hasta los 3,000 en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n

Sin embargo, desde el 2010 el propio DCR tiene un reglamento (7830) que establece as circunstancias bajo las cuales un prisionero puede ser trasladado. Seg\u00fan not\u00f3 el director ejecutivo de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), Felix Velez Alejandro, el Reglamento para el Traslado de Miembros de la Poblaci\u00f3n Correccional a Instituciones Correccionales en los Estados Unidos no ha sido reconocido por el DCR ni lo ha aplicado a su reciente propuesta.<\/p>\n

Dicho reglamento establece dos instancias en las que una persona confinada puede ser trasladada: que el desplazamiento sea solicitado por la persona sometida a confinamiento o que sea realizado por el Departamento cuando exista una amenaza a la seguridad del confinado, a otro miembro de la poblaci\u00f3n correccional o a alg\u00fan empleado de Correcci\u00f3n. As\u00ed tambien establece que se podr\u00e1n llevar a cabo los desplazamientos cuando el hacinamiento en las instituciones as\u00ed lo justifique.<\/p>\n

Si el confinado no acepta el traslado, este reglamento establece que puede llevarse a cabo un traslado de manera involuntaria solamente cuando exista una situaci\u00f3n de hacinamiento o una amenaza a la seguridad.<\/p>\n

Pero otro reglamente surgi\u00f3 en el panorama a partir de enero de este a\u00f1o. Se trata del Reglamento 9005 ‘para garantizar la agilidad, eficiencia y transparencia en la gesti\u00f3n gubernamental’, que toma como fundamento la Ley 3 del 23 de enero de 2017, para dejar a la discreci\u00f3n del Secretario del DCR implementar las normas que entienda necesarias para la buena administraci\u00f3n y el buen funcionamiento del Departamento reduciendo gastos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Un informe parcial de la Comisi\u00f3n senatorial, a prop\u00f3sito de la resoluci\u00f3n 720 que orden\u00f3 investigar la condici\u00f3n de las c\u00e1rceles en el pa\u00eds as\u00ed como el propuesto programa de traslado, destac\u00f3 la falta de transparencia por parte del DCR para informar en detalle el plan de traslados, las caracter\u00edsticas de las instituciones de destino, las condiciones e historial de las instituciones, las salvaguardas y garant\u00edas de protecci\u00f3n de derechos constitucionales de los prisioneros, as\u00ed como los planes de salida o reingreso a la libre comunidad de alcanzar una excarcelaci\u00f3n mientras est\u00e1n en otra jurisdicci\u00f3n; la continuidad de servicios esenciales como los servicios medicos y socio-penales, entre tantas otras dudas sin contestar.<\/p>\n

Aspectos como la igual protecci\u00f3n de las leyes, el debido proceso de ley, la rehabilitaci\u00f3n, y los lazos afectivos se ver\u00edan afectados con este programa. Para la Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles), el env\u00edo de personas lejos de sus familiares y su entorno resulta en una violaci\u00f3n al derecho del confinado a la rehabilitaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser considerado un acto de trata humana, pues lo que motiva al gobierno es un beneficio econ\u00f3mico a partir de un supuesto ahorro operacional.<\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, se trata de una renuncia por parte del estado a su deber constitucional de facilitar rehabilitaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n encarcelada del pa\u00eds. En la Comisi\u00f3n de Derechos Civiles m\u00e1s del 50% de las solicitudes de servicio recibidas son de familiares o personas en confinamiento denunciando deficiencias estructurales o de servicios en las instituciones del DCR. Incluso, informes de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos, reconocen que la integridad y seguridad de los confinados en instituciones carcelarias est\u00e1 en riesgo. De alg\u00fan modo lo reconoce el director Legal Asociado de Asuntos Gubernamentales de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Lcdo. Carlos M. Yam\u00edn, cuando sostuvo ante el Senado que los an\u00e1lisis realizados revelan que los costos al Departamento de Correcci\u00f3n por proveer servicios son significativamente mayores a los costos disponibles a traves de proveedores privados.<\/p>\n

No obstante, estudios llevados a cabo por ACLU demuestran que el confinamiento en instituciones privadas no representa necesariamente un ahorro al erario.<\/p>\n

Por otra parte, la presidenta de los Servidores P\u00fablicos Unidos de Puerto Rico, Annette Gonz\u00e1lez Perez, considera que el programa de traslados no tiene base racional debido a que se reducir\u00edan las instituciones, lo cual tendr\u00eda un efecto en los empleos de los oficiales correccionales y, por consiguiente, un efecto imprevisto en la econom\u00eda.<\/p>\n

Para la Comisi\u00f3n Nacional de Pastoral Penitenciaria (CNPP), la reducci\u00f3n de la poblaci\u00f3n penal, lejos de llevar a limitar o cortar servicios, debiera permitir enfocarse en brindar servicios m\u00e1s personalizados, m\u00e1s humanos y por ende, m\u00e1s eficaces.<\/p>\n

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