El Tribunal Supremo de EEUU examinar\u00e1 hoy si el presidente, Barack Obama, adopt\u00f3 de forma legal sus medidas migratorias para frenar la deportaci\u00f3n de cinco millones de indocumentados o si, por el contrario, se excedi\u00f3 en su poder, como sostiene la oposici\u00f3n republicana.<\/p>\n
La cita judicial llega en un momento de alta tensi\u00f3n de cara a las elecciones presidenciales de noviembre con aspirantes como el magnate Donald Trump, que pretende conseguir la candidatura presidencial republicana y que aboga por construir un muro en la frontera con M\u00e9xico y deportar a todos los indocumentados del pa\u00eds.<\/p>\n
‘Las familias no tienen fronteras’ y ‘paren las deportaciones’ son algunas de las consignas que figuran en las pancartas que desde primera hora del d\u00eda se agolpan frente a las puertas del Supremo, donde el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa espera reunir a m\u00e1s de 3,500 personas.<\/p>\n
Dentro del Tribunal, durante una audiencia de 90 minutos, los jueces analizar\u00e1n hoy los decretos ejecutivos que Obama dict\u00f3 en noviembre de 2014 y que fueron bloqueados a comienzos de 2015, un d\u00eda antes de entrar en vigor, a petici\u00f3n de 26 estados, encabezados por Texas y en su mayor\u00eda con gobernadores republicanos.<\/p>\n
Los 26 estados consideran que Obama se ha excedido en su poder al dictar por decreto su plan migratorio, que consiste en la ampliaci\u00f3n de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acci\u00f3n Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportaci\u00f3n de j\u00f3venes indocumentados que llegaron de ni\u00f1os a EEUU.<\/p>\n
La otra parte del plan es el programa de Acci\u00f3n Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende evitar la deportaci\u00f3n de los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.<\/p>\n
Estas medidas son temporales y permitir\u00edan a los beneficiarios conseguir los permisos de trabajo y de conducir.<\/p>\n
Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en pol\u00edtica interna, el Gobierno de Obama defiende su poder para fijar diferentes prioridades en la expulsi\u00f3n de indocumentados y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, que dictaron medidas similares.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los estados y el Gobierno federal, durante la audiencia de hoy tendr\u00e1 la oportunidad de declarar un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educaci\u00f3n (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas y que podr\u00edan acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.<\/p>\n
En apoyo de la tesis que defienden los estados, declarar\u00e1 un letrado que representa a la mayor\u00eda republicana de la C\u00e1mara Baja, que sostiene que Obama se extralimit\u00f3 en su poder, dict\u00f3 medidas demasiado amplias y solo el Congreso tiene capacidad para cambiar las leyes migratorias.<\/p>\n
Frente a las partes, dentro del Tribunal Supremo, estar\u00e1n solo ocho de los nueve jueces con cargo vitalicio que deben componerlo, cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la muerte en febrero del magistrado conservador Antonin Scalia.<\/p>\n
El dictamen llegar\u00e1 en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opci\u00f3n de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicar\u00eda a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore al Tribunal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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