El Departamento de Justicia federal, que en septiembre pasado public\u00f3 su propio informe demoledor sobre las fallas sit\u00e9micas en la Polic\u00eda de Puerto Rico, mantiene al d\u00eda de hoy ‘discusiones productivas’ para atender esos hallazgos. El bufete que tiene a cargo ese cabildeo ha acumulado $3 millones en contratos p\u00fablicos que est\u00e1n vigentes hasta el 30 de junio de 2012.<\/p>\n
‘El departamento est\u00e1 involucrado en discusiones productivas para resolver sus hallazgos, y declinamos realizar comentarios adicionales en este momento’, fue la escueta respuesta de Justicia federal cuando se le solicit\u00f3 reacci\u00f3n a la publicaci\u00f3n ayer del informe ‘Isla de la Impunidad’, por parte de la American Civil Liberties Union (ACLU).<\/p>\n
La respuesta de Justicia federal deja en suspenso cualquier posibilidad de que activen pronto lo que ser\u00eda una alternativa legal despu\u00e9s de publicar su informe: el pedirle a un tribunal que someta a la Polic\u00eda a un tipo de sindicatura bajo la cual ejecutar todas las reformas que de otra forma no se podr\u00edan hacer.<\/p>\n
La posici\u00f3n tambi\u00e9n abona a las alegaciones de que los cabilderos de la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o est\u00e1n teniendo \u00e9xito en mantener la ofensiva a nivel administrativo para evitar que la crisis en la uniformada se convierta en crisis pol\u00edtica para el gobernador Luis Fortu\u00f1o en la forma de una intervenci\u00f3n federal judicial.<\/p>\n
El bufete Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, que ha estado manejando el cabildeo, tiene contratos activos con valor de $3.1 millones con la Polic\u00eda, el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Justicia y la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica. Los contratos tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2012, y el equivalente a $1.7 millones de esos pactos fueron otorgados despu\u00e9s de que Justicia federal publicara su informe. Previo al informe, el bufete hab\u00eda acumulado $800,000 en contratos que tambi\u00e9n fueron usados para intervenir en el caso del voto presidencial que llevaba un ciudadano privado en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.<\/p>\n
A nivel p\u00fablico, la reacci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o al informe federal fue contrarrestarlo con su propio ‘informe’ del exmonitor de la Polic\u00eda, Efra\u00edn Rivera P\u00e9rez, pero ese documento provoc\u00f3 comentarios del jefe de la Divisi\u00f3n de Derechos Civiles de Justicia federal, Thomas P\u00e9rez a los efectos de que los problemas de la uniformada no se resuelven con un ‘punch list’.<\/p>
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<\/a><\/div>\nAl emitir el informe, P\u00e9rez explic\u00f3 que eso abr\u00eda un proceso de di\u00e1logo con la comunidad, lo cual ha ocurrido con una serie de encuentros con distintos sectores en la isla, pero la Divisi\u00f3n de Derechos Civiles no ha dado indicios de sus pr\u00f3ximos pasos formales.<\/p>\n
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Descalabro en la Polic\u00eda no se resuelve con un ‘punch list’<\/a><\/p>\n