Una demanda federal radicada por operadores de m\u00e1quinas de entretenimiento para adultos detalla supuestos episodios de \u2018tantrums’, amenazas y confiscaciones ilegales por parte del entonces secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, quien ahora espera confirmaci\u00f3n como Inspector General.<\/p>\n
Las alegaciones proveen una mirada trasbastidores aparte de los sucesos alrededor de la controversia por la videoloter\u00eda, la propuesta con la que se supone que se cuadrar\u00eda el presupuesto del a\u00f1o pasado. Los demandantes -Pablo Rivera Corraliza, Carlos Cruz Alverio, Jaime Rodr\u00edguez Vega, Ellis Linfernal Cruz y Ricardo Hern\u00e1ndez Echevestre- piden $7.2 millones en compensaci\u00f3n e incluyen a otros seis agentes de Hacienda.<\/p>\n
Seg\u00fan el pliego, todo comenz\u00f3 a partir de julio de 2009 cuando, en una reuni\u00f3n en la oficina del senador Ram\u00f3n Diaz, Puig les dijo que quer\u00eda que las m\u00e1quinas electr\u00f3nicas de adultos estuvieran en manos puertorrique\u00f1as y no en manos de ‘g\u00e1ngsters extranjeros’. Esta es la misma postura que fomentaba Empresa Puertorrique\u00f1a de Recreaci\u00f3n Comercial (EMPRECOM), de la cual Rivera es presidente y algunos demandantes son miembros.<\/p>\n
A los pocos d\u00edas, en una reuni\u00f3n en la oficina de la senadora Migdalia Padilla, la actitud del Secretario fue otra y le dijo al grupo que iba a confiscarle todas las m\u00e1quinas, no importa que tuvieran licencias al d\u00eda. Ante esta presi\u00f3n, los miembros de EMPRECOM comenzaron a negociar con Caribbean Cage (CC), una empresa de Islas V\u00edrgenes que a su vez estaba negociando con el gobierno para encabezar el proyecto de la videoloter\u00eda.<\/p>\n
En medio de esto, y en una reuni\u00f3n en Hacienda, Puig amenaz\u00f3 a la junta de EMPRECOM con procesamiento criminal, a la misma vez que les hablaba de las virtudes de CC y lo positivo que ser\u00eda si negociaban con ellos.<\/p>\n
EMPRECOM lleg\u00f3 a un acuerdo preliminar con CC, se detuvieron las confiscaciones y las m\u00e1quinas confiscadas fueron devueltas. En agosto de 2009, durante una segunda reuni\u00f3n en Hacienda, Rivera inform\u00f3 a Puig que se sal\u00edan del negocio con CC porque no se hab\u00eda cumplido la promesa de que las m\u00e1quinas nuevas no iban a tener que pagar regal\u00edas. Fue entonces cuando Puig ‘explot\u00f3’ y grit\u00f3 que no iba a dejar que EMPRECOM le saboteara el negocio con CC. ‘Las m\u00e1quinas de entretenimiento para adultos se acabaron en Puerto Rico\u2026 me las voy a llevar a todas’, grit\u00f3.<\/p>\n
La demanda a\u00f1ade que esto inici\u00f3 un proceso de acusaciones p\u00fablicas y amenazas por parte de Puig, as\u00ed como confiscaciones espec\u00edficamente de las m\u00e1quinas de los directivos de EMPRECOM sin orden judicial, sin completar el proceso administrativo y sin que se hiciera un solo referido criminal al Departamento de Justicia.<\/p>\n
Entre los incidentes, resalta que el 26 de febrero de 2010, agentes de Hacienda confiscaron cinco m\u00e1quinas propiedad de Rivera en el Baturro Liquor Stores y, en medio del operativo, Rivera recibe una llamada de Puig. ‘C\u00f3mo se est\u00e1n portando los muchachos?’, dijo Puig. ‘Ah\u00ed est\u00e1 V\u00edctor P\u00e9rez?’, dijo en referencia a uno de los agentes, ‘V\u00edctor es un buen muchacho’, a\u00f1adi\u00f3 antes de cambiar el tema.<\/p>\n
‘El hecho de que no hubo (referidos a Justicia) significa que esas confiscaciones son ilegales’, concluye el pleito radicado el 25 de febrero.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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