Su decreto, de igual modo, surgi\u00f3 luego de escuchar los argumentos de la defensa de Vidal, al Departamento de Justicia federal, as\u00ed como a los ‘amigos de la corte’ en forma del gobierno de Puerto Rico y la abogada de la comisionada residente en Washington, Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n.<\/p>\n
El asunto es uno pol\u00edtico<\/strong><\/p>\n En m\u00faltiples instancias, las partes aludieron al caso Estados Unidos v Acosta Mart\u00ednez<\/em>, en el cual tambien se cuestion\u00f3 la posibilidad de poner en vigor la pena de muerte a acusados de delitos federales en Puerto Rico, y en el que los planteamientos rayaban en lo pol\u00edtico, m\u00e1s que en lo legal.<\/p>\n El veterano abogado Steven Potolsky, en defensa de Vidal junto a Joannie Plaza como parte de la Oficina del Defensor P\u00fablico Federal, solicit\u00f3 al juez que descartara la pena de muerte bajo la justificaci\u00f3n de que el Congreso de los Estados Unidos hab\u00eda aceptado que en la Isla se prohibiera la pena de muerte en la Ley 600.<\/p>\n Igualmente, afirm\u00f3 que se trataba de un castigo irrazonable y excesivo, m\u00e1xime cuando los puertorrique\u00f1os residentes en la Isla no han tenido la opci\u00f3n en sus m\u00e1s de 100 a\u00f1os de historia atados a la naci\u00f3n norteamericana de participar de la discusi\u00f3n de estos temas a nivel federal.<\/p>\n Por tal raz\u00f3n, Potolsky insisti\u00f3 en que la Corte deb\u00eda interceder para de cierto modo rellenar las lagunas y asegurar los derechos de los puertorrique\u00f1os que han sido olvidados mediante la inacci\u00f3n pol\u00edtica del Congreso y otras ramas del gobierno federal, actos que catalog\u00f3 como racistas y parodias.<\/p>\n ‘Cuando hablo de racismo, es la raz\u00f3n por la cual la poblaci\u00f3n de Puerto Rico est\u00e1 pol\u00edticamente sin poder y no pueden proteger sus derechos. Es la raz\u00f3n por la cual no pueden proteger a su gente. Racismo es como esta corte puede manejar este caso, racismo ha derribado a la gente y va a continuar, como dir\u00eda el Juez Torruella, a menos que las cortes intercedan’, exclam\u00f3 Potolosky, en referencia a una declaraci\u00f3n del juez Juan Torruella del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.<\/p>\n En ese aspecto, Potolsky insisti\u00f3 en que, mientras Estados Unidos supone regirse por el principio del ‘consentimiento de los gobernados’, esa ideolog\u00eda no ha sido aplicada a Puerto Rico.<\/p>\n Sin embargo, el asistente del fiscal de distrito de los Estados Unidos, Jonathan Gottfried, recalc\u00f3 que las leyes no deb\u00edan recibir un trato especial por tratarse de espacios geogr\u00e1ficos distintos, pues la ley federal era suprema y as\u00ed lo dictaba la Constituci\u00f3n bajo la Cl\u00e1usula de Supremac\u00eda (Art\u00edculo VI).<\/p>\n Una decisi\u00f3n contraria a la expresada por el juez Gelp\u00ed, seg\u00fan Gottfried, provocar\u00eda la necesidad de entonces delimitar quienes eran puertorrique\u00f1os y quienes no –cual examen Litmus–, para as\u00ed determinar a quienes aplicaban ciertas leyes. Se estima que m\u00e1s de tres millones de puertorrique\u00f1os viven fuera de Puerto Rico.<\/p>\n Del mismo modo, el Asistente del Fiscal de Distrito hizo hincapie en que resultaba inmaterial que los ciudadanos americanos residentes en la Isla no puedan votar por el Presidente o por los miembros del Congreso, por tanto, la Corte no deb\u00eda inmiscuirse en los planteamientos pol\u00edticos que afloraron con el caso.<\/p>\n ‘La pregunta ante nosotros hoy es si la Corte va a hacer cumplir un c\u00famulo de leyes para los millones de puertorrique\u00f1os que viven en los Estados Unidos y entonces va a hacer cumplir otro c\u00famulo para los que viven aqu\u00ed. [\u2026] Eliminar la pena de muerte en este caso no le va a dar el poder a ning\u00fan ciudadano de votar por un miembro del Congreso o de votar por el Presidente’, subray\u00f3 Gottfried en su alocuci\u00f3n.<\/p>\n En su respectivo turno de argumentaci\u00f3n, Veronica Ferraiuoli Hornedo, en representaci\u00f3n de la Comisionada Residente, plante\u00f3 que el castigo capital no es inconstitucional, pero que se deb\u00eda ‘paralizar’ hasta que se resuelva la condici\u00f3n colonial de la Isla. Por su lado, Carlos Lugo Fiol, del gobierno de Puerto Rico, apoy\u00f3 las explicaciones sobre la importancia de respetar el ‘consentimiento de los gobernados’.<\/p>\n En su resoluci\u00f3n, el juez Gelp\u00ed reconoci\u00f3 que la carencia de participaci\u00f3n de Puerto Rico en la toma de decisiones a nivel federal, especialmente en las discusiones sobre la pena de muerte, por lo que era inaceptable y antidemocr\u00e1tico. No obstante, no era inconstitucional.<\/p>\n ‘El vac\u00edo democr\u00e1tico de Puerto Rico est\u00e1 en manos del Congreso. No est\u00e1 dentro del \u00e1mbito y el capricho del Art\u00edculo III de los tribunales federales ordenar que Puerto Rico sea admitido en la Uni\u00f3n como Estado o cambiar su estado de Estado Libre Asociado en cualquier forma para que se produzca una forma de gobierno m\u00e1s democr\u00e1tica. Esto se encuentra dentro del proceso pol\u00edtico. Lo que el Tribunal puede y debe hacer es salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico en caso de que exista una violaci\u00f3n de un derecho fundamental u otro derecho constitucional’, resolvi\u00f3 Gelp\u00ed.<\/p>\n Respecto a Vidal, su juicio est\u00e1 pautado para abril de 2020.<\/p>\n
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