En momentos en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico han indicado que est\u00e1n en conversaciones con bonistas, y despues de que la lucha de titanes entre los bonistas de COFINA y los de las Obigaciones Generales (GO, por sus siglas en ingles) se reflejara en anuncios en los medios, un juez federal acaba de trazar l\u00edneas que pueden afectar esas negociaciones.<\/p>\n
Se trata de los primeros lineamientos en una lucha a la que tanto la Junta como el Gobierno parecen estar sac\u00e1ndole el cuerpo. Los acreedores de GO entienden que, por disposici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico, son los primeros que deben recibir pago, por encima de cualquier obligaci\u00f3n. Y tambi\u00e9n entienden que COFINA es, como han dicho en sus anuncios, una treta fraudulenta que no se debe repagar porque es inconstitucional.<\/p>\n
En una decisi\u00f3n el viernes, el juez federal Francisco Besosa no se meti\u00f3 de lleno a resolver la controversia, pero comenz\u00f3 a trazar las rayas que pueden influenciar en la negociaci\u00f3n de la deuda de ambos tipos de bonistas. En lo que concierne a lo m\u00e1s urgente, Besosa decidi\u00f3 que la pugna entre bonistas de GO y de COFINA no se iba a quedar paralizada por las disposiciones de la ley PROMESA sino que iban a proseguir su curso. El Gobierno de Puerto Rico y la Junta quer\u00edan congelar el bal\u00f3n, pero no lo consiguieron.<\/p>\n
Adem\u00e1s, permiti\u00f3 que la JCF, la aseguradora Ambac, y los acreedores residentes en Puerto Rico intervinieran en el pleito. De esta manera,el Tribunal Federal retiene en el mismo pleito a los principales jugadores en la deuda de Puerto Rico: los GO, los COFINA, la Junta y los acreedores que residen en Puerto Rico. Y los retiene justo cuando, fuera del tribunal, hay negociaciones sobre la reestructuraci\u00f3n de la deuda.<\/p>\n
El 1 de julio de 2016, Puerto Rico incumpli\u00f3 $817 millones en pagos de bonos GO y el 20 de julio del mismo a\u00f1o los acreedores de GO radicaron su pleito federal. La Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla us\u00f3 \u00f3rdenes ejecutivas para detener los pagos de GO pero continu\u00f3 con pagos a los acreedores de COFINA, una deuda que est\u00e1 hipotecada con los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), los cuales se desv\u00edan antes de que entren al Fondo General. Es este desv\u00edo el que est\u00e1 al centro de la controversia que todav\u00eda est\u00e1 pendiente porque los acreedores de GO sostienen que ese desv\u00edo para COFINA es inconstitucional.<\/p>\n
El prop\u00f3sito del pleito ante Besosa es una declaraci\u00f3n judicial sobre la legalidad de ese desv\u00edo y una orden para que lo desv\u00edado vuelva al Fondo General.<\/p>\n
Seg\u00fan la decisi\u00f3n de Besosa, los titulares de COFINA involucrados en el pleito tienen unos $2,000 millones en acreencia y los fondos de Puerto Rico tienen $435 millones en bonos garantizados de COFINA y $210 millones en bonos subordinados de COFINA.<\/p>\n