Coccoloba AgroEnvironmental LLC y su presidente, el agr\u00f3nomo Christian W. Torres Santana, est\u00e1n reclamando una compensaci\u00f3n no menor de $2.5 millones en una demanda en el que alegan que el Departamento de la Familia y sus evaluadores trataron como una propuesta un correo electr\u00f3nico enviado para declinar una invitaci\u00f3n a competir por un contrato financiado con fondos federales.<\/p>\n\n\n\n
La empresa, con sede en Camuy, sostiene que esa comunicaci\u00f3n fue evaluada, puntuada y posteriormente divulgada como si correspondiera a una licitadora que present\u00f3 una propuesta deficiente. Seg\u00fan los demandantes, su inclusi\u00f3n en el proceso y las expresiones p\u00fablicas de la secretaria Suzanne Roig Fuertes perjudicaron su reputaci\u00f3n y los vincularon involuntariamente con la controversia sobre el uso de fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF.<\/p>\n\n\n\n
Los codemandados son Roig Fuertes, LAP Consulting Group, su presidente Luis A. Pedraza Gonz\u00e1lez y los integrantes del comit\u00e9 evaluador Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Montalb\u00e1n y Misael E. P\u00e9rez Marrero, adem\u00e1s del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aseguradoras y otras personas cuyas identidades no se precisan.<\/p>\n\n\n\n
La reclamaci\u00f3n plantea causas de acci\u00f3n por culpa o negligencia, libelo, calumnia y violaci\u00f3n del derecho constitucional a la honra y la reputaci\u00f3n. Tambi\u00e9n solicita una sentencia declaratoria y una orden judicial permanente para corregir el expediente administrativo y divulgar una rectificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el escrito, el proceso comenz\u00f3 el 30 de diciembre de 2025, cuando Roig Fuertes envi\u00f3 a Coccoloba una invitaci\u00f3n para presentar una propuesta de servicios profesionales. El proyecto buscaba establecer un programa para estudiantes con rezago acad\u00e9mico de s\u00e9ptimo a noveno grado, que se implantar\u00eda simult\u00e1neamente en al menos 20 escuelas a trav\u00e9s del Departamento de Educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La convocatoria exig\u00eda, entre otros documentos, una descripci\u00f3n de la empresa, experiencia pertinente, credenciales, evidencia de capacidad financiera y de recursos humanos y un desglose detallado de costos. Las propuestas deb\u00edan enviarse a un buz\u00f3n espec\u00edfico antes de las 5:00 p.m. del 9 de enero de 2026.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes alegan que Torres Santana respondi\u00f3 el 8 de enero \u00fanicamente al correo de la secretaria, para agradecer la invitaci\u00f3n y explicar que los componentes del proyecto no estaban completamente alineados con la operaci\u00f3n de Coccoloba y que el calendario no permit\u00eda preparar una propuesta con la profundidad requerida.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estaremos sometiendo una propuesta como proponentes principales en esta ocasi\u00f3n\u201d, lee la comunicaci\u00f3n citada en el escrito.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de esa respuesta, Torres Santana adjunt\u00f3 un perfil corporativo y un folleto de servicios. Seg\u00fan la reclamaci\u00f3n, lo hizo como gesto de cortes\u00eda y con miras a posibles colaboraciones futuras, no para participar en la convocatoria.<\/p>\n\n\n\n
La empresa sostiene que no envi\u00f3 la comunicaci\u00f3n al buz\u00f3n designado para propuestas ni autoriz\u00f3 que fuera considerada como tal.<\/p>\n\n\n\n
El escrito se\u00f1ala que, a las 10:12 a.m. del 9 de enero, personal de la Oficina de la Secretaria reenvi\u00f3 el correo y sus anejos al buz\u00f3n oficial del proceso.<\/p>\n\n\n\n
Coccoloba alega que ning\u00fan funcionario se comunic\u00f3 con la empresa para aclarar si deseaba participar, consultar el alcance de su respuesta o advertirle que ser\u00eda evaluada.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes sostienen que conocieron ese reenv\u00edo en octubre, cuando recibieron documentaci\u00f3n del Departamento de la Familia en respuesta a un requerimiento de su representaci\u00f3n legal.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan su versi\u00f3n, el expediente entregado demuestra que la comunicaci\u00f3n original era una declinaci\u00f3n dirigida exclusivamente a Roig Fuertes y que su llegada al buz\u00f3n de propuestas obedeci\u00f3 a una gesti\u00f3n interna de la agencia.<\/p>\n\n\n\n
La reclamaci\u00f3n alega que LAP Consulting Group, contratista del Departamento de la Familia, evalu\u00f3 el correo y los documentos adjuntos mediante un comit\u00e9 integrado por Pedraza Gonz\u00e1lez, Rodr\u00edguez Montalb\u00e1n y P\u00e9rez Marrero.<\/p>
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