La apertura de los tribunales a una mayor cobertura electr\u00f3nica se interpreta como un paso m\u00e1s hacia la transparencia y al acceso ciudadano a la justicia. Con la entrada en vigor del Programa de Cobertura Electr\u00f3nica y Difusi\u00f3n de Procesos Judiciales (PROCEDI), se adopt\u00f3 en Puerto Rico un mecanismo para facilitar que los medios de comunicaci\u00f3n informen sobre determinados procedimientos judiciales mediante fotograf\u00edas, grabaciones y transmisiones audiovisuales.<\/p>\n\n\n\n
Anteriormente, a trav\u00e9s de PECAM, que se incorpor\u00f3 como un proyecto experimental, ya se hab\u00eda contemplado ese acceso \u201cmasivo\u201d a la justicia que siempre estuvo disponible para quienes comparec\u00edan de manera \u201cpresencial\u201d a una sala en la que se atend\u00eda un caso que levantaba el inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Bajo PECAM, el juez o jueza que presid\u00eda los procedimientos pod\u00eda determinar si se divulgaba o no su imagen. Sin embargo, PROCEDI no contempla tal discreci\u00f3n. Por lo anterior, junto con las oportunidades que ofrece esta apertura a los procesos judiciales que est\u00e1n autorizados a ser objeto del acceso, surge una interrogante que no debemos pasar por alto: \u00bfhasta d\u00f3nde llega el derecho a difundir la imagen de un juez o una jueza y d\u00f3nde comienza el derecho a explotarla comercialmente?<\/p>\n\n\n\n
La pregunta cobra especial pertinencia en una \u00e9poca en que un video publicado en una plataforma digital puede compartirse miles de veces, convertirse en contenido viral y generar ingresos para quien lo reproduce, comenta o incorpora a sus propias publicaciones.<\/p>\n\n\n\n
Es un hecho incontrovertible que un juez o una jueza ejerce una funci\u00f3n p\u00fablica. Su trabajo tiene consecuencias para la sociedad y est\u00e1 leg\u00edtimamente sujeto al escrutinio ciudadano. La administraci\u00f3n de la justicia no es una actividad privada, y el desempe\u00f1o de quienes la ejercen debe poder conocerse y examinarse.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, podr\u00eda argumentarse que hay una diferencia fundamental entre la publicidad de la funci\u00f3n judicial y la disponibilidad irrestricta de la identidad de quien la desempe\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
Que el rostro de un juez o jueza aparezca en una vista judicial autorizada para cobertura electr\u00f3nica no significa que haya renunciado a todos los derechos que le corresponden como persona. Tampoco significa que una tercera persona pueda apropiarse de esa imagen para utilizarla con cualquier prop\u00f3sito.<\/p>\n\n\n\n
La condici\u00f3n de funcionario\/a p\u00fablico\/a permite y, en ocasiones, exige una exposici\u00f3n mayor en relaci\u00f3n con el desempe\u00f1o oficial. No convierte, sin embargo, la imagen personal en un bien de libre explotaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
La distinci\u00f3n se torna importante. Y es que una cosa es informar que un tribunal celebr\u00f3 una vista, explicar una determinaci\u00f3n judicial o reproducir im\u00e1genes pertinentes para documentar una noticia. Sin embargo, otra cosa muy distinta es utilizar el rostro de un juez o jueza como recurso para atraer seguidores, promover un negocio, vender un producto o generar ingresos mediante contenido que explota su identidad. Peor a\u00fan, para reducirla a un meme.<\/p>\n\n\n\n
El Reglamento de PROCEDI reconoce expresamente el inter\u00e9s p\u00fablico que reviste la cobertura electr\u00f3nica de los procesos judiciales. Su prop\u00f3sito incluye promover la transparencia, fomentar la confianza ciudadana en la Judicatura y garantizar el acceso a la justicia. Se reconoce que el propio reglamento establece l\u00edmites.<\/p>\n\n\n\n
Toda vez que el reglamento limita el uso del material para fines informativos o educativos de inter\u00e9s p\u00fablico, resulta leg\u00edtimo preguntarnos entonces c\u00f3mo deben aplicarse esas restricciones cuando las im\u00e1genes pasan de los medios de comunicaci\u00f3n a cuentas particulares, p\u00e1ginas de entretenimiento y perfiles que monetizan sus publicaciones.<\/p>\n\n\n\n
Una genuina preocupaci\u00f3n es que el derecho a la propia imagen tambi\u00e9n merece protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En Puerto Rico, la Ley N\u00fam. 139-2011, conocida como la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, reconoce protecci\u00f3n frente a determinados usos comerciales, mercantiles o publicitarios de la imagen de una persona sin el consentimiento requerido. Lo cierto es que la ley establece excepciones, entre ellas el uso de im\u00e1genes en reportajes noticiosos y otras expresiones de inter\u00e9s p\u00fablico, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el estatuto. La distinci\u00f3n jur\u00eddica depende del uso concreto, su finalidad y las excepciones aplicables.<\/p>\n\n\n\n
En Friger Salgueiro v. Mech-Tech College, 2026 TSPR 30, el Tribunal Supremo de Puerto Rico examin\u00f3 el derecho sobre la propia imagen en su dimensi\u00f3n comercial. La decisi\u00f3n reconoci\u00f3 la importancia del consentimiento para determinados usos comerciales y analiz\u00f3 la relaci\u00f3n entre la titularidad de la imagen y su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>
![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/10\/26185645\/Noticel-_320x600.jpg\")
<\/a><\/div>\n\n\n\n