Esta semana hubo revuelo con el alegado patrocinio de $7.7 millones de la Compa\u00f1\u00eda de Turismo de Puerto Rico (Turismo) al equipo de f\u00fatbol ‘Sevilla FC’. La realidad es que, en tiempos de crisis fiscal, esta cantidad es exorbitante; pero es adem\u00e1s un ejemplo claro de por que es inminente que se establezcan mecanismos permanentes para que el gobierno proactiva y oportunamente nos rinda cuentas.<\/p>\n
Seg\u00fan la directora de Turismo, no se puede divulgar la cuant\u00eda del contrato de auspicio, ya que a solicitud del Sevilla FC se incluy\u00f3 una cl\u00e1usula de confidencialidad, pues ‘este tipo de organizaciones deportivas son muy celosas con la competitividad de sus negociaciones’. Adem\u00e1s, expres\u00f3: ‘que el dinero invertido en el patrocinio sali\u00f3 de los propios fondos de la compa\u00f1\u00eda de turismo porque la corporaci\u00f3n p\u00fablica no depende del fondo general, sino que genera ingresos mediante el impuesto a las habitaciones y otros cargos’.<\/p>\n
Ante tales aseveraciones debemos aclarar varios asuntos.<\/p>\n
En primer lugar, podemos entender que el proceso de negociaci\u00f3n sea confidencial, pero el contrato final y su cuant\u00eda debe ser p\u00fablico, a menos que cumpla con las excepciones establecidas por ley. Es importante recordar que cuando el gobierno reclama la confidencialidad de alg\u00fan documento o de la informaci\u00f3n recopilada de alguna otra forma, le corresponde probar por qu\u00e9 esa confidencialidad es necesaria. Tiene que demostrar que tiene un inter\u00e9s apremiante que proteger y que no tiene medios menos onerosos para lograr el fin que alega promover.<\/p>\n
En segundo lugar, la Compa\u00f1\u00eda de Turismo es una corporaci\u00f3n p\u00fablica. Esto significa que fue creada por el gobierno de Puerto Rico para proporcionar un bien o servicio p\u00fablico; en este caso, estimular programas de promoci\u00f3n y atracci\u00f3n tur\u00edstica con el fin de alentar en los visitantes el inter\u00e9s en nuestra cultura. A tales efectos, la doctrina prevaleciente en Puerto Rico es que las personas naturales y las corporaciones tienen el derecho de obtener informaci\u00f3n que est\u00e9 en posesi\u00f3n de cualquier organismo p\u00fablico, en todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o de entidades privadas que realicen funciones p\u00fablicas, siempre y cuando no caiga bajo las excepciones mencionadas.<\/p>\n
En tercer lugar, el hecho de que genere sus propios ingresos a trav\u00e9s del impuesto a las habitaciones o ‘room tax’, no significa que se convierta en una corporaci\u00f3n privada y se le exima de rendir cuentas a la ciudadan\u00eda. Precisamente dicho impuesto constituye una carga obligatoria que toda persona que se aloje en un hotel o concepto similar tiene que pagar para financiar a dicha corporaci\u00f3n. As\u00ed por ejemplo, la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica genera ingresos propios por concepto del cobro de la luz, pero eso no le quita su car\u00e1cter p\u00fablico. Por lo tanto, la ciudadan\u00eda tiene derecho a acceder esta informaci\u00f3n porque envuelve el uso de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
En cuarto lugar, los principios de contrataci\u00f3n abierta reconocidos internacionalmente establecen la importancia de adoptar mecanismos que propicien una amplia divulgaci\u00f3n y participaci\u00f3n en las contrataciones p\u00fablicas para que sean m\u00e1s competitivas y justas. El prop\u00f3sito principal de la contrataci\u00f3n abierta es promover la publicidad proactiva de los documentos e informaci\u00f3n relacionados a las contrataciones p\u00fablicas para as\u00ed poder evaluar comprensivamente las disposiciones adoptadas, monitorear su cumplimiento y promover la rendici\u00f3n de cuentas por los resultados obtenidos.<\/p>
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