Una intervenci\u00f3n de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identific\u00f3 deficiencias en los procesos de contrataci\u00f3n de servicios tecnol\u00f3gicos e inform\u00e1ticos del Departamento de Salud, entre ellas la ausencia de un proceso competitivo para seleccionar al proveedor de la plataforma digital Salud Digital. <\/p>\n\n\n\n
Aunque el contrato pactado establece un pago nominal de $1.00 anual por parte del Gobierno, el proveedor puede cobrar directamente a la ciudadan\u00eda cargos por procesamiento y generar ganancias millonarias durante la vigencia del contrato.<\/p>\n\n\n\n
El examen, que cubri\u00f3 el per\u00edodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025, identific\u00f3 ausencia de un proceso competitivo para la selecci\u00f3n del proveedor; acceso del contratista a documentos, procesos y personal gubernamental antes de la formalizaci\u00f3n del contrato; y formalizaci\u00f3n de contratos en contraposici\u00f3n a las normativas aplicables.<\/p>\n\n\n\n
El informe se\u00f1ala que el valor econ\u00f3mico de la contrataci\u00f3n no debe evaluarse \u00fanicamente a partir del desembolso nominal del Gobierno, sino considerando tambi\u00e9n los ingresos derivados de los cargos por procesamiento cobrados directamente a los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2025, la Junta de Supervisi\u00f3n y Administraci\u00f3n Financiera (JSAF) recomend\u00f3 a Salud realizar un proceso competitivo en un plazo de 90 d\u00edas para promover la competencia, evitar la apariencia de irregularidades y aumentar la confianza p\u00fablica en la contrataci\u00f3n gubernamental. Posteriormente, el Departamento de Salud certific\u00f3 a la OIG que de sus expedientes no surg\u00eda un proceso competitivo para esta contrataci\u00f3n, y argument\u00f3 que tampoco era necesario por tratarse de un pago nominal anual de $1.00.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la JSAF estim\u00f3 el valor real del contrato en aproximadamente $7.5 millones. Por su parte, utilizando datos hist\u00f3ricos de transacciones de la plataforma predecesora, la OIG proyect\u00f3 que el proveedor podr\u00eda generar aproximadamente $9 millones en cargos por procesamiento durante la vigencia del contrato.<\/p>\n\n\n\n
El examen tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la estructura de cargos puede representar una carga proporcionalmente mayor en transacciones de menor cuant\u00eda. Por ello, la OIG recomend\u00f3 a Salud realizar un an\u00e1lisis de proporcionalidad tarifaria. Adem\u00e1s, la agencia fiscalizadora identific\u00f3 que del expediente examinado no surg\u00eda evidencia de un proceso abierto y competitivo, de la publicaci\u00f3n de la necesidad de los servicios ni de la evaluaci\u00f3n de propuestas conforme a los par\u00e1metros aplicables, aun cuando el contrato conten\u00eda una certificaci\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de sus recomendaciones, la OIG dispuso que se establezca un mecanismo para verificar, antes de su incorporaci\u00f3n al contrato, toda certificaci\u00f3n de cumplimiento, de manera que refleje adecuadamente la realidad del proceso de contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa transformaci\u00f3n digital del Gobierno debe estar acompa\u00f1ada de controles que garanticen transparencia, competencia y protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico. Cuando un servicio tecnol\u00f3gico se sostiene mediante cargos pagados directamente por los ciudadanos, resulta indispensable evaluar el verdadero valor econ\u00f3mico de la contrataci\u00f3n y asegurar procesos transparentes\u201d, expres\u00f3 la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.<\/p>
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