Un proyecto de ley ante la C\u00e1mara de Representantes que propone un nuevo marco jur\u00eddico para el negocio de bienes ra\u00edces en Puerto Rico recibi\u00f3 posturas encontradas de gremios que respaldaron los cambios que introduce la medida, mientras que otros manifestaron su rechazo a la derogaci\u00f3n de la Ley 10-1994 que actualmente reglamenta esta industria. <\/p>\n\n\n\n
Entre los organismos que objetaron el Proyecto de la C\u00e1mara 1331 estuvo la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Ra\u00edces, cuyo presidente Miguel Mercado solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Gobierno \u2013presidida por el representante V\u00edctor Par\u00e9s Otero\u2013 que elimine la pieza del tr\u00e1mite legislativo y \u201cpermita\u201d concluir el proceso institucional de revisi\u00f3n ya iniciado.<\/p>\n\n\n\n
Mercado mencion\u00f3 que la Junta de Corredores, adscrita al Departamento de Estado, cre\u00f3 un Comit\u00e9 de Enmiendas a la Ley 10 con el prop\u00f3sito de desarrollar recomendaciones que ser\u00e1n aprobadas por los miembros del ente regulador y posteriormente compartidas con la Asamblea Legislativa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHasta que ese trabajo sea recibido y evaluado, no existe base suficiente para concluir que la derogaci\u00f3n total sea necesaria, proporcional o superior a una reforma mediante enmiendas\u201d, indic\u00f3 Mercado, al asegurar que las enmiendas sugeridas est\u00e1n en la etapa final de redacci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
\u201cModernizar no requiere descartar tres d\u00e9cadas de experiencia regulatoria\u201d, manifest\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
El director de la Junta enumer\u00f3 una docena de inquietudes que le impiden apoyar la legislaci\u00f3n, como supuestos conflictos normativos y operacionales; ambig\u00fcedades penales identificadas por la Oficina de Administraci\u00f3n de los Tribunales (OAT); y algunas disposiciones que duplican la estructura regulatoria vigente. <\/p>\n\n\n\n
Mercado sostuvo que, a su juicio, la transici\u00f3n sugerida en el proyecto no protege adecuadamente la continuidad de querellas, solicitudes, fondos, entre otros expedientes. A este se\u00f1alamiento a\u00f1adi\u00f3 que la medida impone cambios en fianzas, educaci\u00f3n, penalidades y organizaci\u00f3n administrativa, sin demostrar su necesidad mediante datos o estudios de impacto.<\/p>\n\n\n\n
En cambio, entidades como la Asociaci\u00f3n de Realtors de Puerto Rico (PRAR, por sus siglas en ingl\u00e9s), la Asociaci\u00f3n de Arrendadores de Puerto Rico (AAPR) y la Asociaci\u00f3n de Centros Comerciales Puertorrique\u00f1os (ACCP) endosaron la propuesta legislativa tras coincidir en que su aprobaci\u00f3n lograr\u00eda mayores protecciones para ciudadanos en las transacciones de bienes ra\u00edces. <\/p>\n\n\n\n
Los l\u00edderes gremiales reclamaron una reforma a la Ley 10 que responda a los m\u00faltiples cambios que han ocurrido en el sector desde que el estatuto fue adoptado hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os y a las realidades socioecon\u00f3micas de Puerto Rico. <\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos convencidos de que los requisitos de educaci\u00f3n continua, formaci\u00f3n profesional, y deberes legales y \u00e9ticos exigibles bajo el marco legal propuesto contribuyen a que los profesionales de bienes ra\u00edces operen dentro de un marco jur\u00eddico de altos est\u00e1ndares\u201d, expres\u00f3 Kristina F\u00e1bregas, presidenta de la PRAR. <\/p>
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