Con el acceso masivo a las redes sociales, es un hecho que la ciudadan\u00eda est\u00e1 m\u00e1s cerca que nunca de los procesos judiciales. Esa cercan\u00eda puede ser positiva en la medida en que quienes reciben la informaci\u00f3n tengan acceso a fuentes fidedignas, responsables y comprometidas con la verdad. Sin embargo, a diferencia de la responsabilidad \u00e9tica que rige el ejercicio del periodismo, aquella persona que transmite informaci\u00f3n a trav\u00e9s de una red social no necesariamente est\u00e1 sujeta a par\u00e1metros profesionales o \u00e9ticos que le exijan corroborar la informaci\u00f3n que divulga.<\/p>\n\n\n\n
El resultado es preocupante, pues se propaga informaci\u00f3n que, en demasiadas ocasiones, no est\u00e1 cimentada en hechos que han sido verificados. En lo concerniente a los procesos judiciales, se tergiversan datos, se omiten elementos esenciales y, en ocasiones, se emiten conclusiones sobre determinaciones judiciales sin conocer el marco jur\u00eddico que las sustenta. De esta manera, una decisi\u00f3n judicial puede ser sometida al juicio p\u00fablico sin que exista una verdadera comprensi\u00f3n de las circunstancias, la prueba y el Derecho aplicable a la controversia.<\/p>\n\n\n\n
Para los jueces y juezas es fundamental que toda decisi\u00f3n que emitan est\u00e9 amparada en el principio de la discreci\u00f3n judicial. Sin embargo, resulta imprescindible aclarar qu\u00e9 significa realmente este concepto.<\/p>\n\n\n\n
La discreci\u00f3n judicial no es arbitrariedad, capricho ni la posibilidad de decidir conforme a preferencias personales.El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreci\u00f3n judicial de la siguiente forma: (e)l concepto legal de la discreci\u00f3n no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracci\u00f3n del resto del Derecho, sino la obligaci\u00f3n de aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos hechos jur\u00eddicos con el objeto de mitigar los efectos adversos de la Ley, a veces diferenciando unos efectos de otros. Discreci\u00f3n es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusi\u00f3n justiciera, cuando los elementos coactivos de una Ley resultan superiores a los elementos reparadores. Pueblo v. S\u00e1nchez Gonz\u00e1lez, 90 DPR 197, 200 (1964).<\/p>\n\n\n\n
La discreci\u00f3n permite al juez o a la jueza ponderar las particularidades de cada controversia, valorar los hechos y la prueba ante su consideraci\u00f3n y aplicar el Derecho de manera que la respuesta judicial sea justa y razonable dentro del marco jur\u00eddico correspondiente. Precisamente por ello, la discreci\u00f3n judicial presupone independencia de criterio.<\/p>\n\n\n\n
Un juez o jueza que no puede ejercer su discernimiento sin temor a la reacci\u00f3n p\u00fablica, a la presi\u00f3n pol\u00edtica, a la opini\u00f3n publicada o a las tendencias de las redes sociales no est\u00e1 ejerciendo plenamente la funci\u00f3n judicial. La independencia no consiste solamente en estar libre de interferencias de las otras ramas de gobierno. Tambi\u00e9n requiere que el juez o jueza pueda resolver la controversia que tiene ante s\u00ed sin estar condicionado por presiones externas de tipo alguno.<\/p>\n\n\n\n
El propio ordenamiento \u00e9tico del Poder Judicial de Puerto Rico reconoce esta dimensi\u00f3n. El Canon XI dispone que la conducta judicial debe excluir toda posible apariencia de que el juez o la jueza pueda actuar por influencia de personas, grupos o partidos, o dejarse llevar por el clamor p\u00fablico, consideraciones de popularidad o notoriedad o motivaciones impropias.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, la discreci\u00f3n judicial y la independencia judicial son conceptos \u00edntimamente vinculados. El primero proporciona al juez o a la jueza el espacio de discernimiento necesario para resolver las controversias ante s\u00ed, mientras que el segundo garantiza que ese discernimiento pueda ejercerse sin interferencias indebidas.<\/p>\n\n\n\n
La importancia de estos principios no es exclusivamente local. La independencia judicial constituye un est\u00e1ndar reconocido internacionalmente.<\/p>\n\n\n\n
De una parte, los Principios B\u00e1sicos de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura establecen que los tribunales deben decidir los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n de manera imparcial, sobre la base de los hechos y conforme al Derecho, sin restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas.<\/p>\n\n\n\n
Los Principios de Bangalore de Conducta Judicial, desarrollados en el \u00e1mbito internacional y respaldados posteriormente por el Consejo Econ\u00f3mico y Social de la ONU, parten de una premisa fundamental: la independencia judicial es un requisito indispensable del Estado de Derecho y una garant\u00eda fundamental de un juicio justo. <\/p>\n\n\n\n
Asimismo, establecen que el juez o la jueza debe ejercer su funci\u00f3n independientemente, a partir de su evaluaci\u00f3n de los hechos y de una comprensi\u00f3n consciente del Derecho, libre de influencias, presiones o interferencias externas.<\/p>
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