Tres corporaciones y dos individuos que eran acreedores del Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico (BDE) y cuyos pr\u00e9stamos fueron vendidos a una entidad privada para recobro demandaron al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, sus miembros, su consejero legal principal y a su bufete externo, Proskauer Rose LLC por los da\u00f1os provocados en se proceso de recobro que sostienen fue un acuerdo ilegal entre la entidad gubernamental y un privado.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n est\u00e1 sometida en el Tribunal de Primera Instancia, pero la Junta podr\u00eda moverse para trasladarla al tribunal federal. Que se conozca, es la primera reclamaci\u00f3n contra el ente fiscal por da\u00f1os y con pretensi\u00f3n de que los demandados respondan a t\u00edtulo personal.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes son R&D Master Enterprises, Inc., Pro Pave Corp., Matrix Transport Inc., Mar\u00eda Magdalena D\u00edaz Vila, y Jos\u00e9 A. Rovira Gonz\u00e1lez; quienes est\u00e1n representados por el licenciado Carlos Lamoutte Navas. No es la primera acci\u00f3n legal que tiene que ver con la venta de esa cartera de pr\u00e9stamos mediante contrato de $384 millones con las entidades PR Recovery and Development JV, LLC y PR Recovery and Development REO, LLC en septiembre de 2018.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes tambi\u00e9n han intervenido en el proceso de ajuste de deuda del gobierno ante la jueza Laura Taylor Swain y han denunciado que el bufete O\u2019Neill & Borges incurri\u00f3 en conflicto de inter\u00e9s al ser abogados, simult\u00e1neamente, de la Junta que se supone revisara el contrato de la cartera y a los compradores de la misma. Tambi\u00e9n, est\u00e1 pendiente otro pleito local en el que el BDE dice que el contrato fue nulo.<\/p>\n\n\n\n
Al centro de las varias impugnaciones est\u00e1 el se\u00f1alamiento de que la cartera se vendi\u00f3 con un descuento de 91% del valor de los pr\u00e9stamos y que la Junta nunca ha pasado el contrato de venta de la cartera por el proceso de revisi\u00f3n de contratos que instalaron como parte de sus poderes bajo la Ley PROMESA. Tambi\u00e9n, que el contrato no fue resultado de un proceso de competencia y que no tuvo el aval de la Junta de Directores del BDE.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, la demanda sometida el domingo pasado hace referencia a la intervenci\u00f3n de la JCF en el esc\u00e1ndalo del contrato de generaci\u00f3n temporera de energ\u00eda otorgado al consorcio que encabeza la compa\u00f1\u00eda Power Expectations, y que fue cancelado por intervenci\u00f3n del ente fiscal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAl negarse a causar la revisi\u00f3n del Loan Sale Agreement por la (Junta), ya sea para aprobarlo o para invalidarlo, los Codemandados actuaron de forma ultra vires, intencionalmente violaron sus deberes fiduciarios y ministeriales como oficiales de la (Junta) bajo la ley federal PROMESA, intencionalmente ignoraron la Pol\u00edtica de Revisi\u00f3n de Contratos (Contract Review Policy) adoptada por la (Junta), e intencionalmente menoscabaron el pasado precedente establecido por la propia (Junta) en torno a la invalidez de contratos p\u00fablicos en donde no medi\u00f3 un proceso de licitaci\u00f3n competitiva ni la previa autorizaci\u00f3n de la (Junta)\u201d, indica el documento.<\/p>\n\n\n\n
La anterior directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, orden\u00f3 al BDE que le sometiera el contrato de venta de la cartera, pero tan reciente como la semana pasada, el ente se neg\u00f3 a revisar el mismo, seg\u00fan indican los demandantes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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