La gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n firm\u00f3 el martes dos leyes que eliminan el requisito de residencia para solicitar admisi\u00f3n a la pr\u00e1ctica de la abogac\u00eda y otra obliga al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) a publicar los proyectos tecnol\u00f3gicos activos bajo su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La Ley 189-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 1024, enmienda la Ley 17 de 1939, que ahora se conocer\u00e1 como Ley del Ejercicio de la Abogac\u00eda en Puerto Rico. La legislaci\u00f3n elimina el requisito de haber residido en Puerto Rico durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentaci\u00f3n de la solicitud de admisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La nueva ley tambi\u00e9n crea la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogac\u00eda y del Examen de Rev\u00e1lida, adscrita al Tribunal Supremo. Ese organismo evaluar\u00e1 los modelos de admisi\u00f3n rec\u00edproca utilizados en otras jurisdicciones de Estados Unidos e identificar\u00e1 las barreras que impiden la participaci\u00f3n de Puerto Rico en esos sistemas.<\/p>\n\n\n\n
La junta examinar\u00e1 adem\u00e1s la viabilidad de adoptar rev\u00e1lidas uniformes y permitir la portabilidad de sus resultados, como el Uniform Bar Examination y el NextGen Uniform Bar. Al concluir su evaluaci\u00f3n, deber\u00e1 presentar al Tribunal Supremo un informe escrito con sus hallazgos y recomendaciones.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Supremo determinar\u00e1 mediante reglamento la cantidad de integrantes de la junta. La composici\u00f3n deber\u00e1 incluir representantes de la Asociaci\u00f3n de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las escuelas de Derecho acreditadas y la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogac\u00eda y la Notar\u00eda.<\/p>
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