La Junta de Control Fiscal (JCF) levant\u00f3 cuestionamientos sobre la entidad que el gobierno tiene contratada para hacer las negociaciones y recomendar adjudicaciones de contratos de energ\u00eda, se\u00f1alando que no divulgaron a tiempo los problemas con el contrato de generaci\u00f3n temporera, que se quejaron de que el ente fiscal se metiera a revisar su trabajo y que, a\u00fan despu\u00e9s de los cuestionamientos sobre el contrato, advirtieron a la Junta que no lo cancelara.<\/p>\n\n\n\n
Los se\u00f1alamientos de la JCF est\u00e1n en la notificaci\u00f3n que enviaron el lunes en la noche para ordenar la cancelaci\u00f3n del contrato pactado con el consorcio compuesto por Power Expectations, LLC (PE); Enchanted Rock, LLC (ER); y Reyes Contractor, LLC (RC). La cancelaci\u00f3n ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que Enchanted Rock, el miembro sin el cual el consorcio no se hubiera llevado el contrato, notific\u00f3 que su participaci\u00f3n y firma en el acuerdo no estaban autorizadas y de que se supiera que se le hab\u00eda permitido a PE sustituirla con otra empresa sin obtener la autorizaci\u00f3n de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE). El consorcio tampoco hab\u00eda demostrado cumplimiento con las m\u00e9tricas del contrato otorgado el 10 de junio pasado.<\/p>\n\n\n\n
Los objetivos de los dardos de la Junta en su carta son principalmente la Autoridad de las Alianzas P\u00fablico Privadas (AAPP) y su Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en ingl\u00e9s). 3PPO es el t\u00e9rmino gen\u00e9rico para una divisi\u00f3n de la AAPP que se cre\u00f3 en la Administraci\u00f3n Pierluisi Urrutia para supuestamente salvaguardar los conflictos de inter\u00e9s que surgir\u00edan cuando a las matrices y afiliadas de los operadores privados del sistema el\u00e9ctrico, LUMA y Genera PR, se les reconoci\u00f3 derecho a optar por hacer negocios supliendo a esa misma red. El contrato para ejercer las funciones de 3PPO se adjudic\u00f3 en 2023 a la empresa Regulatory Compliance Services, Corp. (Recoms). En 2025 y 2026 se les adjudic\u00f3 un contrato separado para asesorar a la AAPP en otras alianzas que no estuvieran relacionadas con energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Ni el director ejecutivo de la AAPP, y Zar de Energ\u00eda, Josu\u00e9 Col\u00f3n Ortiz, ni el presidente de Recoms, Osvaldo Carlo Linares, contestaron preguntas para esta nota sobre la carta de la Junta. Los se\u00f1alamientos contra estos son similares a los que la Junta hizo el a\u00f1o pasado sobre la negociaci\u00f3n del contrato de suplido de gas con New Fortress Energy (NFE), el cual el ente fiscal rechaz\u00f3 en varias ocasiones hasta que se lleg\u00f3 a la versi\u00f3n actual, que fue aprobada por necesidad del combustible y no porque se hubieran atendido todas las preocupaciones.<\/p>\n\n\n\n
Una de las divulgaciones del documento del lunes es que Recoms ten\u00eda un informe desde agosto de 2025 que les advert\u00eda que PE hab\u00eda sido comparada con la empresa Whitefish, protagonista de un contrato escandaloso tras el paso del hurac\u00e1n Mar\u00eda. Ambas, PE y Whitefish, coinciden en ser \u201cempresas de tama\u00f1o peque\u00f1o con conexiones pol\u00edticas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En la misiva, la JCF hace una declaraci\u00f3n de hechos y expone una cronolog\u00eda en la que presentan a AAPP y a su 3PPO manejando entre ellos, sin darle cuenta ni siquiera a la AEE, los problemas que ten\u00eda el consorcio de PE y entrando en contradicciones. Esto, a\u00fan cuando el consorcio mostr\u00f3 problemas desde que el a\u00f1o pasado aparecieron para licitar por un contrato de generaci\u00f3n temporera con valor de casi $6,000 millones. El contrato requiere tener la capacidad de movilizar turbinas para producir entre 700 y 850 megavatios con los que suplementar las fallas de generaci\u00f3n en la red por 10 a\u00f1os. Para comparaci\u00f3n, cinco de las plantas que operan actualmente no tienen tanta capacidad de generaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde agosto del a\u00f1o pasado, el an\u00e1lisis de Recoms que la propuesta de PE no demostraba capacidad financiera suficiente para llevar a cabo la tarea. Tampoco la experiencia para la magnitud de la obra. Por eso, Recoms hab\u00eda determinado que ER era el miembro del consorcio que supl\u00eda esas carencias.<\/p>\n\n\n\n
A lo largo de las negociaciones, Recoms consignaba que ER estaba fuera del consorcio, pero condicionaron la adjudicaci\u00f3n del contrato a que fuera incluido. La propuesta de PE fue la que menos puntuaci\u00f3n obtuvo en el proceso de evaluaci\u00f3n, pero la empresa ha sostenido en declaraciones escritas que fueron los \u00fanicos proponentes dispuestos a aceptar la condici\u00f3n de instalar los equipos sin garant\u00eda de cu\u00e1nto el gobierno los iba a usar y, por ende, cu\u00e1nto ellos iban a cobrar. Esa capacidad la supl\u00eda ER, no PE. De hecho, la fianza de licitaci\u00f3n para el contrato de casi $6,000 millones se fij\u00f3 en solo $300,000 sin que todav\u00eda se conozca qui\u00e9n autoriz\u00f3 esa fianza baja.<\/p>\n\n\n\n
El 29 de mayo de 2026, la Junta recibi\u00f3 la versi\u00f3n final del contrato que inclu\u00eda a ER como uno de los miembros del consorcio firmante y el 2 de junio aprob\u00f3 la misma. El 10 de junio se firm\u00f3, el 12 de junio se cambi\u00f3 a ER por la empresa Flotek Industries LLC, para lo cual no se obtuvo consentimiento de la AEE hasta el 31 de julio. Ese consentimiento se obtuvo sin informarle a su directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata Acosta, del reclamo de potencial conducta ilegal que hizo ER por haberlos incluido en el consorcio sin su autorizaci\u00f3n. A pesar de esta falta de divulgaci\u00f3n, la AAPP y Recoms le recomendaron a la AEE que autorizara la entrada de Flotek al contrato ya firmado. La carta de la JCF no solo resalta las dudas de ese tr\u00e1mite con la AEE, sino que tampoco se consult\u00f3 la sustituci\u00f3n con ellos como evaluadores del contrato y que no hay prueba de qu\u00e9 proceso de verificaci\u00f3n de las credenciales y capacidad de Flotek se hizo.<\/p>
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