Organismos de protecci\u00f3n de derechos defendieron el jueves ante la C\u00e1mara de Representantes la permanencia de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) al rechazar que exista un problema de incumplimiento por la reincidencia de convictos que gozan de este beneficio y asegurar que los casos revocados apenas alcanzan el 1.5 %, seg\u00fan datos compartidos por el ente administrativo.<\/p>\n\n\n\n
La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) afirm\u00f3 en vista p\u00fablica de la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico, presidida por el representante Jos\u00e9 \u201cChe\u201d P\u00e9rez Cordero, que la mayor\u00eda de las revocaciones suceden por factores externos a la comisi\u00f3n de nuevos delitos: desde la persona liberada quedarse sin residencia viable o un recurso familiar que la pueda supervisar, hasta la falta de inter\u00e9s en continuar en libertad condicionada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa Junta de Libertad Bajo Palabra tiene que existir en nuestro sistema penitenciario. Es la entidad que puede ser transformada si se tiene una visi\u00f3n coherente con el fin para el cual fue creada\u201d, manifest\u00f3 la licenciada Yahaira Col\u00f3n, directora de la Divisi\u00f3n de Remedios Post-Sentencia de la SAL.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTenemos que tener una visi\u00f3n m\u00e1s amplia de que el fin debe ser lograr esa reinserci\u00f3n comunitaria y es nuestra responsabilidad estar aqu\u00ed en defensa de ella\u201d, agreg\u00f3 la abogada durante su ponencia en oposici\u00f3n a la Resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara 139, que investiga el funcionamiento de la JLBP y los criterios que rigen la concesi\u00f3n de libertad condicionada.<\/p>\n\n\n\n
La pesquisa legislativa surgi\u00f3 tras la Polic\u00eda de Puerto Rico reportar el pasado junio el feminicidio de una enfermera en el municipio de Caguas y arrestar como persona de inter\u00e9s a un hombre convicto por historial de asesinatos que se beneficiaba de libertad supervisada desde 2018.<\/p>\n\n\n\n
Col\u00f3n coincidi\u00f3 en la necesidad de reformar el sistema de libertad bajo palabra mediante procesos de evaluaci\u00f3n m\u00e1s rigurosos, pero reiter\u00f3 que estos cambios deben responder a la obligaci\u00f3n del Estado de proveer las condiciones para la rehabilitaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n penal y una verdadera reintegraci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, la Comisi\u00f3n de Derechos Civiles (CDC) opin\u00f3 que la reglamentaci\u00f3n vigente de la JLBP configura un sistema altamente regulado que integra los criterios para garantizar la rehabilitaci\u00f3n de confinados, protecci\u00f3n a v\u00edctimas y la seguridad p\u00fablica. Seg\u00fan el licenciado Ever Padilla, director ejecutivo del organismo, las fallas observadas en casos recientes plantean problemas procesales y de recursos humanos.<\/p>\n\n\n\n
El portavoz de la CDC a\u00f1adi\u00f3 que la revisi\u00f3n del sistema de libertad bajo palabra requiere fiscalizar la agilidad y capacidad del Programa de Comunidad del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) y otros servicios de desv\u00edo penal que inciden sobre el proceso de reinserci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa evaluaci\u00f3n que va a poder hacer en su d\u00eda la Junta de Libertad Bajo Palabra va a depender del plan institucional y del cumplimiento que tiene (el DCR). Hemos visto a trav\u00e9s del tiempo que no tenemos un modelo de rehabilitaci\u00f3n real, que no tenemos modelos de reinserci\u00f3n social\u201d, manifest\u00f3 Padilla. <\/p>
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